El Gobierno prepara la apertura de la regasificadora de Enagás en El Musel (Gijón), construida hace más de una década y que nunca llegó a abrirse. La idea es utilizar la infraestructura como un almacén de gas para la UE, en el contexto de la gravísima crisis energética que ha provocado la guerra en Ucrania y el plan de la UE de desengancharse del gas ruso. La decisión está a la espera de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorice un modelo de retribución específico para la planta.
Según ha explicado a elDiario.es la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “Enagás lo que planteó es poder utilizar esa instalación como una instalación de almacenamiento y de suministro offshore, es decir, el poder permitir que fuera una capacidad logística importante que diera más flexibilidad al sistema”.
Y el plan va a salir adelante: “En breve, si no ha sido ya será esta misma semana o en unos días”, Enagás va a remitir una propuesta de retribución a la CNMC “para que, si da su visto bueno, pueda entrar en pruebas y esté operativa con esa nueva vocación en los próximos meses”, según Ribera.
La idea es que la infraestructura, que será la séptima de este tipo en funcionamiento en España, pueda operar, a diferencia del resto, separada del sistema gasista español.
Lo haría como una gran instalación de almacenamiento que permita agilizar el tránsito de buques metaneros al resto de Europa, de forma que suministre gas natural licuado (GNL) al resto del continente en el actual contexto europeo. El destino del gas almacenado serían otras regasificadoras de terceros países de la UE que no tienen la flexibilidad del sistema español, que es el más robusto del continente.
La idea, explican fuentes del sector, es parecida a lo que está planteando Italia, que quiere montar un sistema de barcos lanzadera desde Italia a Barcelona, de forma que la regasificadora de la capital catalana, la mayor de Europa, sirviera para almacenar gas para enviar a Italia, transportando luego desde allí la materia prima hasta el norte de Europa vía gasoducto.
El Musel tiene dos tanques con 150.000 metros cúbicos de capacidad. Suficiente, según estimaciones del sector, para la recepción de gas natural licuado (GNL) equivalente a unos cien barcos anuales, que permitirían descargar en España y recargar luego hacia distintos puntos de Europa unos 10 bcm (miles de millones de metros cúbicos de gas) anuales.
10 bcm al año
Esos 10 bcm (algo menos de un tercio del consumo anual de España) son una cantidad muy importante. Equivalen al 10% del suministro de gas ruso previsto para este año. Hasta ahora, Rusia ha cubierto el 40% del consumo de la UE: unos 150 bcm/año que, tras el estallido de la guerra, los socios europeos se han propuesto reducir este ejercicio a unos 100 bcm, si es que antes no llega un corte total del suministro ruso por la invasión de Ucrania. El plan de la UE es desengancharse por completo del gas ruso ya en 2030.
La idea es que, cuando dentro de unos meses la planta de El Musel pueda entrar en funcionamiento (en el mejor de los escenarios, finales de este año), la retribución de la planta no encarezca la factura del gas de los consumidores españoles. Estos ya han sufragado la mayor red de regasificadoras de Europa, un lujo infrautilizado durante los últimos años (porque no hacían falta) y que se ha convertido en clave en esta crisis energética.
En palabras de la vicepresidenta tercera, “hoy nos parece que somos la envidia de Europa, pero hay que decir que durante mucho tiempo hemos estado pagando mucho más que el resto de los consumidores de gas europeo porque no había una necesidad tan importante de esas regasificadoras”.
Así, tras fiascos como el fallido almacén de gas Castor construido por ACS, los consumidores españoles pagaron en el periodo 2009-2019 la mayor subida del recibo del gas en Europa, según un informe del regulador europeo Acer. Uno de los últimos movimientos en el sector ha sido el reciente fichaje del popular Jaime García-Legaz como consejero de Nortegas, la segunda distribuidora de gas en España.
La instalación de El Musel supone unos costes de mantenimiento del orden de los 25-27 millones de euros anuales. El coste de este nuevo uso sería similar, por lo que, aseguran fuentes del sector, no supondría ningún incremento del coste para los consumidores. Y la planta va a tener unos ingresos para el sistema gasista por los barcos que paren a descargar y recargar.
La capacidad de almacenamiento de El Musel es superior a la de la actual interconexión entre España y Francia a través de los dos gasoductos que están en funcionamiento, que es de unos 8 bcm. El proyecto conocido como Midcat (a través del pirineo catalán) elevaría esa cifra a 17 bcm, si esta infraestructura (descartada hace años y que ha vuelto a la palestra con esta crisis energética) acaba construyéndose. El Gobierno se ha mostrado dispuesto a que el Midcat sea una realidad, siempre que lo financie la UE. El cambio de postura se ha solapado con la tensión con Argelia, proveedor clave de gas a España, por el viraje de Pedro Sánchez sobre el Sahara.
Este miércoles, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, pidió a la Comisión Europea que “apueste” por el proyecto Midcat y declare este proyecto, “absolutamente necesario”, de interés comunitario, de forma que pueda recibir fondos europeos para su financiación.
Aragonés añadía que esa tubería “tiene el objetivo de garantizar el abastecimiento de gas a toda Europa”. En el mismo acto en Barcelona, el presidente de Enagás, Antoni Llardén, se comprometía a “hacer llegar planes concretos” a la Comisión Europea y a los gobiernos lo antes posible para ver cómo se puede reforzar el suministro de gas a Europa, informa Europa Press.
Una pata importante de ese plan pasaría por El Musel. Esta regasificadora se construyó en base a una planificación obligatoria del Gobierno. Pero luego no se utilizó por problemas judiciales y porque no había demanda, lo que forzó su hibernación hace una década. Hace un año, y en un contexto radicalmente distinto al actual, la propia CNMC advirtió en un informe del regulador europeo ACER de sus dudas sobre la reactivación del proyecto, aunque indicó que daba “la bienvenida a proyectos experimentales sobre gases descarbonizados”.
Ese parecía ser el futuro para el Musel, que tras una inversión de cerca de 380 millones de euros nunca llegó a abrirse por orden de la Administración, que decidió su hibernación en 2012.
La planta está ubicada en el puerto gijonés, cuya ampliación fue protagonista de un escándalo de corrupción con millonarios sobrecostes. Había sido evaluada y autorizada en 2008. Pero, tras una denuncia de Los Verdes de Asturias, la autorización administrativa previa para la construcción de la instalación fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2013, decisión que refrendó en 2016 el Tribunal Supremo. La puesta en marcha de la planta recibió declaración de impacto ambiental (DIA) favorable de Transición Ecológica hace ahora un año.