El Gobierno pretende derogar parte de la reforma laboral del PP este año

La reforma de parte de la reforma laboral de Rajoy sigue en la agenda más inmediata del Gobierno de Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes su plan normativo, con los cambios legislativos planteados para este segundo semestre del año, en el que incluye modificaciones en los llamados ‘elementos más lesivos’ de la legislación laboral del PP, como ha adelantado El País. Se trata de un compromiso del Gobierno de coalición previo a la pandemia, que se mantiene en esta hoja de ruta para 2020 pese a las reticencias dentro del propio Ejecutivo de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y de las patronales de empresarios, que tras la irrupción del coronavirus se han negado a aprobar estos cambios con mayor rotundidad.

La vicepresidencia Carmen Calvo ha sido la encargada de repasar los proyectos más destacados del plan normativo, entre los que no ha destacado los cambios laborales. El texto del plan legislativo es muy genérico y se refiere a una Ley para modificar “la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial”. Fuentes del Ejecutivo explican que se refiere a recuperar la prioridad del convenio de sector sobre el de empresa, restablecer la ultraactividad de los convenios colectivos (para que no decaigan cuando no haya uno nuevo), así como los descuelgues de los convenios y la subcontratación. “También en cierta medida la limitación de la capacidad de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa”, añaden fuentes oficiales.

Las cuestiones mencionadas, que en el pasado Gobierno socialista denominaban “los elementos más lesivos” de la reforma laboral del PP, eran las que el Ministerio de Trabajo ya pretendía abordar en la primera fase del desmontaje de la legislación del Gobierno de Rajoy. La ministra Yolanda Díaz planteó una derogación, que no sería total ni de golpe, en varias fases: modificar varios elementos más urgentes en el corto plazo, otros en el medio y, por último, una revisión en profundidad del conjunto del Estatuto de los Trabajadores “para adaptarlo al siglo XXI”.

Estos elementos más urgentes son los que el Gobierno de coalición pretende aprobar este año, según fuentes del Ejecutivo, que se abordarán en todo caso en el diálogo social con los sindicatos y las patronales de empresarios. El papel del diálogo social en estos cambios genera algunas diferencias en el seno del Gobierno. El presidente, Pedro Sánchez, ha circunscrito las modificaciones a que haya acuerdo en la mesa de negociación, mientras que la ministra Yolanda Díaz siempre garantiza el diálogo social, aunque reconoce que tras él puede existir o no acuerdo.

La inclusión del desmontaje de parte de la reforma laboral en el plan normativo de este año, aunque estaba en la agenda del Gobierno antes de la pandemia, es destacable tras el estallido del coronavirus. La vicepresidenta Nadia Calviño reforzó su oposición a estas revisiones de la legislación laboral tras el acuerdo de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral a cambio del apoyo del partido vasco a una de las prórrogas del estado de alarma. Calviño afirmó que veía “absurdo y contraproducente abrir” este debate en plena pandemia. El pacto con EH Bildu, que después rebajó el PSOE, desató el enfado de los empresarios, que escenificaron un plantón a la mesa de negociación con el Gobierno.

En el contexto de pandemia, las patronales han incrementado su oposición a desmontar la reforma laboral del PP. Aunque en CEOE y Cepyme insisten en que están abiertos a “hablar” y negociar aspectos de la legislación laboral, sus líderes han afirmado que dada la actual coyuntura de crisis no consideran que sea el momento para ello. En los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, opinan justo lo contrario y consideran “urgente” abordar estas modificaciones para evitar rebajas salariales en el corto plazo.

“Tras acordar la prórroga de los ERTE y la Ley de trabajo a distancia deberíamos ponernos inmediatamente a negociar estas cuestiones”, destaca a elDiario.es Unai Sordo, líder de CCOO, que recuerda que “esta primera parte estaba muy trillada, teníamos muy avanzada la negociación” tras el trabajo de la pasada legislatura, cuando estaba al frente de Trabajo, Magdalena Valerio. “No podemos estar solo trabajando sobre las cuestiones que tienen que ver con la pandemia, sino que también tenemos que entrar a hablar de los problemas estructurales del país”, ha afirmado Pepe Álvarez, secretario general de UGT en Servimedia, donde ha destacado que este tema “no admite esperas”.

Teletrabajo, 'Ley Rider' y otras normas

El plan normativo incluye varias leyes y decretos que afectan al ámbito laboral, entre los que destacan la Ley de trabajo a distancia, que pretende regular las condiciones de teletrabajo y que está ultimando el Ministerio de Trabajo con los sindicatos y los empresarios en estos días. Aunque aún no está cerrado el texto, fuentes del diálogo social explican que ya no hay diferencias importantes entre las partes y que se están perfilando los últimos “detalles técnicos”. Trabajo accedió a elevar al 30% de la jornada fuera del centro para definir el teletrabajo, del 20% inicial, que era una de las últimas reticencias de las patronales más destacadas.

En el pulso con la vicepresidenta Calviño, la ministra de Trabajo también se apunta la inclusión en el plan normativo de la llamada Ley Rider, sobre el trabajo en plataformas digitales, que la Vicepresidencia económica ha tratado de retrasar, según fuentes sindicales y del sector. Aunque en un inicio el Ministerio de Trabajo se refería a esta ley de manera amplia, el plan normativo se ciñe a cabo los trabajadores de “actividades de distribución”, por lo que no alcanzaría al conjunto de plataformas digitales en otros sectores.

Se plantea también una nueva Ley de Función Pública, que renovará el marco normativo de los trabajadores públicos para “afrontar transformaciones renovadoras”, ha destacado Carmen Calvo. El Ministerio de Función Pública, que lidera Carolina Darias, acordó recientemente con las Comunidades y Ayuntamientos reformar legislación laboral de los empleados públicos para impulsar el teletrabajo y reducir la temporalidad.

La ruta legislativa para 2020 contempla además la aprobación de la Ley de Trabajo Corresponsable, con la que Trabajo pretende transponer la Directiva comunitaria sobre conciliación de la vida familiar y laboral de progenitores y cuidadores, para mejorar las opciones de conciliación. También se incluye la transposición de una directiva europea sobre la protección de los trabajadores contra agentes carcinógenos, en la que el anterior Gobierno monocolor del PSOE pretendía ampliar la exposición a algunos agentes (como el sílice) y que contó con la oposición de Yolanda Díaz, entonces en la oposición.

Otras de las revisiones destacables pasa por el aumento de las sanciones de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), invariables desde el año 2000, para que se tenga en cuenta “la variación” del IPC.