El Gobierno pretende recuperar los 80.000 empleos públicos perdidos por los recortes durante la crisis financiera

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, estrenó esta semana en el Congreso su nueva cartera con la presentación de sus planes. Un área importante será la gestión de la administración pública que llega a 2024 con varios problemas enquistados del pasado: falta personal tras los años de recortes, hay una alta tasa de temporalidad, buena parte del personal se jubilará en 10 años y las plantillas están saturadas gestionando cada vez más servicios pero con menos manos. Ahora, su departamento se marca como objetivo recuperar el empleo perdido durante la crisis de 2008 y acercar los datos a la media de la OCDE.

La pandemia ha puesto a prueba al sector público. La administración y sus trabajadores han tenido que afrontar una serie de retos, entre ellos la gestión de nuevos servicios como fueron los ERTE o el nacimiento del ingreso mínimo vital con menos trabajadores que en el pasado y, por tanto, con más carga de trabajo. A ello se han sumado otras medidas como el kit digital, el bono cultural, las becas para opositores, los cheques de 200 euros o la difícil gestión de adaptar a la administración al Plan de Recuperación y los fondos europeos. Todo ello ha puesto en evidencia la falta de manos en los servicios públicos.

Esto es algo que ha sido recurrentemente denunciado por los sindicatos de los distintos servicios. En la hemeroteca quedan movilizaciones en distintos departamentos reclamando más personal. Ahora el Gobierno recoge en parte este guante y plantea como estrategia en Función Pública durante los próximos años el refuerzo de la administración. Reconoce, entre otras cuestiones, que las plantillas están “tensionadas”, con mucho personal cerca de la jubilación y con problemas para motivarles en su trabajo.

“El capital humano es siempre lo más importante”, planteó Escrivá en el Congreso este miércoles en la presentación de su programa al frente del Ministerio que se ha creado para esta legislatura. “Detrás de la productividad está el factor trabajo, que es lo más importante: cuanto mejor y más cualificados estén los trabajadores públicos, mayor será el crecimiento de su actividad”, apuntó, señalando que “invertir en capacidades del sector público es decisivo”.

Con los datos de empleo público ocurre como con la presión fiscal. La derecha habitualmente señala que en España ya son muy altos para cargar contra el Gobierno, pero la comparación con otros países no le da la razón. El Ministerio se pone como referencia los datos de los países que componen la OCDE. Según el organismo que engloba a las economías más desarrolladas, la media del porcentaje del empleo público sobre el total del empleo se encontraba en el 18,63%. En España, esta media caía al 16,55%. Lejos quedan Francia (21%) o la referencia de los países nórdicos, por encima del 25%.

El Ministerio evita dar una cifra concreta de cuánto personal pretende incorporar al sector público ni el plazo en el que aspira a conseguirlo. Sin embargo, da un dato que sirve de referencia. Teniendo solo en cuenta la administración general del Estado y otros servicios centrales como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o la Administración de Justicia, hay actualmente un 10% menos de empleados públicos de los que había en 2011. Los recortes de la crisis redujeron drásticamente el personal al servicio del sector público estatal.

De este modo, Función Pública mira a aquella cifra, rondando los 600.000 empleados públicos frente a los algo más de 520.000 actuales en la administración central, como un objetivo en el horizonte. Si bien, reconoce que no se trata de tener la misma composición que había en 2011, sino adaptarla a las nuevas necesidades y a la entrada de la digitalización en numerosos servicios. Escrivá explicaba en el Congreso esta semana que “el despliegue de nuevas tecnologías va a transformar las actividades, eliminando para los funcionarios el trabajo de menor valor añadido para centrarles en el de mayor valor”.

Aunque el Gobierno se centra en los trabajadores públicos que están dentro de su ámbito, los de la administración central, plantean medidas que afectarán a todos los niveles. La principal es la anunciada este miércoles por el propio Escrivá y que supone la eliminación a partir de 2025 de la tasa de reposición. Esta era una medida que venía aplicándose desde finales de los años noventa y que en la práctica suponía limitar las ofertas de empleo público. En concreto, se trata de un porcentaje de plazas liberadas por jubilación que se cubrían. Durante los años de la crisis financiera, este porcentaje ni siquiera llegaba al 100%, lo que supuso un recorte de plantilla y un aumento de la temporalidad.

El ministro Escrivá reconocía en el Congreso los problemas de esta tasa. “Se redujeron las plantillas en base a un procedimiento muy cuestionado”, aseguró en referencia a la misma. Los sindicatos venían reclamando esta eliminación desde hace años, pero no veían disposición para ello en el Gobierno. Este miércoles reconocían su satisfacción con el anuncio. Si bien, está por verse todavía cuál será la alternativa que se utilice a partir de ahora.

Escrivá explicó que 2024 será un ejercicio de transición. En los Presupuestos Generales de este año, si finalmente se aprueban, seguirá existiendo la tasa de reposición. Sin embargo, el ministro dejó entrever en respuesta a los diputados de la comisión parlamentaria que será un porcentaje amplio. Será de cara a las cuentas de 2025 cuando el Gobierno lleve a cabo su eliminación. Hasta entonces, planea el Gobierno central negociar con el resto de administraciones un plan alternativo para la elaboración de las ofertas de empleo público, con el objetivo de dar “más autonomía” a los territorios.

Una de las plantillas más envejecidas

Uno de los efectos de esta tasa de reposición fue el del envejecimiento de las plantillas. Este es otro de los datos que hacen al Gobierno querer reducir la brecha con la OCDE en los próximos años. España cuenta con el personal más envejecido de la administración central junto con Italia. La brecha es hasta de casi 20 puntos con la media de las economías desarrolladas. El 46% de los trabajadores tienen más de 55 años, lo que significa que en 10 años se habrán jubilado. La media de estos países se sitúa en el 26%.

El Gobierno asume que hace falta un relevo generacional. Parte de la Ley de Función Pública que se aprobó a finales del año pasado por Real Decreto iba encaminada a la idea de atraer un mayor talento joven, especialmente en perfiles en los que el Ministerio reconoce que es más difícil competir con el sector privado. El texto plantea un nuevo modelo de planificación de las áreas y puestos necesarios para reforzar y se pretende que pueda ser un proceso más ágil. Siempre, eso sí, sin perder las ideas de igualdad, mérito y capacidad que marcan el acceso a un puesto en la administración.

Además de refuerzos de plantilla, el Ministerio ha planteado la intención de contar con equipos que puedan ser destinados a áreas que necesiten un refuerzo puntual ante épocas de mayor exigencia. Es lo que ha llamado unidad operativa transversal, que en Función Pública se compara en el plano civil con la Unidad Militar de Emergencias. Ponen como ejemplo casos como la pandemia o la gestión del plan de recuperación, que llevaron a un mayor tensionamiento a áreas que estos equipos podrían ayudar a aliviar.

El plan del Gobierno es ambicioso y todavía necesita ser aterrizado. El reto es importante, ya que solo en los próximos cinco años va a necesitar cubrir 43.000 plazas de trabajadores públicos que se van a jubilar. A ello se suma la intención de recuperar el terreno perdido durante los años de crisis y, con ello, acercarse a la media de la OCDE. Esto significaría, en caso de que se emprendiera esta senda de manera decidida, la necesidad de sacar decenas de miles de puestos de trabajo en el sector público del Estado en los próximos años.