El Gobierno confía en sacar adelante la Ley de Vivienda antes de 2023. Así lo ha asegurado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, al presentar el proyecto de Presupuestos del Estado en lo que atañe a su ministerio. Ha señalado la relevancia de la primera Ley de Vivienda de la democracia “cuya tramitación parlamentaria espero se culmine antes de que acabe el año”, ha indicado.
Una ley que ha calificado de “valiente, necesaria, jurídicamente impecable y respetuosa con las competencias”, ya que en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas.
Raquel Sánchez ha asegurado que los socios de Gobierno están “abiertos a negociar para introducir mejoras”, durante la tramitación parlamentaria del texto. “La voluntad de diálogo tiene que traducirse en hechos, ya se han transaccionado más de 400 de las 800 enmiendas presentadas. Si la voluntad es llegar acuerdos, los acuerdos llegan”, ha sentenciado.
“Es el momento de culminar este proceso. Nunca ha habido bloqueo, sino trabajo y discreción”, encaminada a sacar adelante una Ley que “fomente y proteja el parque público de vivienda”.
Llamamiento a las fuerzas progresistas
“Hago un llamamiento al resto de fuerzas progresistas”, ha instado Raquel Sánchez. “Es el momento de abandonar propuestas maximalistas y hacer posible la primera Ley de Vivienda de la democracia”.
En las últimas semanas, el PSOE ha chocado con sus socios tras registrar en la Cámara Baja dos iniciativas para acelerar los desalojos de viviendas ocupadas. Pero, esta semana, se ha retomado el diálogo, con una reunión del secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, con los diputados de ERC y EH Bildu, Pilar Vallugera y Oskar Matute, respectivamente, para sondear las posiciones respecto a la futura regulación de vivienda.
A la pregunta de hasta dónde se puede ceder en esa negociación, Raquel Sánchez no ha concretado. Sí ha repetido que “no ha existido parálisis ni bloqueo en ningún momento”, en la tramitación y ha pedido que las fuerzas progresistas “no defrauden a la ciudadanía. Tenemos que sacar adelante esta ley” y, en paralelo, “conformar un parque público [de vivienda] que jamás se pueda enajenar a fondos buitres como hicieron otros gobiernos”.
Raquel Sánchez ha apuntado que el proyecto de Presupuestos contempla 3.462 millones de euros para vivienda “el mayor presupuesto de la historia”. En concreto, los fondos estatales para la política de Vivienda se sitúan en 992 millones de euros, a los que se añaden 2.480 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Unos presupuestos que reflejan una partida de 200 millones de euros para el bono al alquiler joven, que se amplía a 2023. Se trata de una bonificación de 250 euros mensuales para jóvenes de entre 18 y 35 años, que acrediten rentas de trabajo y que tengan unos ingresos anuales inferiores a tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
Sin descartar una prórroga al tope a los alquileres
Al margen de los presupuestos, otra cuestión en materia de vivienda que está pendiente es la prórroga a la limitación de subida de los alquileres, situada en el 2%, para quienes tienen que renovar sus rentas. De momento, no hay decisión sobre si el tope seguirá en 2023. “Cuando finalice el Plan [Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania] volveremos a analizar el contexto y prorrogaremos aquellas que consideremos necesarias”, ha indicado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
“Las medidas que estamos adoptando nos están ayudando a rebajar la previsión alcista del IPC. Sin las medidas podríamos estar en un entorno del 15%”, ha apuntado. “Más allá de aquella medida que se ha adoptado para contener la actualización de los alquileres, el resto de medidas también impactan positivamente en las rentas de alquiler”.
Tampoco se recogen en los presupuestos los planes de pago por el uso de las carreteras estatales. “No hay una previsión. Estamos analizando diferentes alternativas, modelos, pero que evidentemente la adopción de esa política es una de las grandes cuestiones, de movilidad y de infraestructuras que se pueden aplicar y requiere consenso de las administraciones implicadas y de los agentes que trabajan en la carretera. Es necesario construir ese consenso”, ha resumido Sánchez. “No hemos aprobado ese sistema, no se ha consensuado y no se recoge en este presupuesto”.