El Gobierno prevé poner en marcha el fondo público para víctimas del amianto antes de que termine junio

Hay fecha para la puesta en marcha del fondo público con compensaciones para las víctimas del amianto, dependiente de la Seguridad Social, que lleva más de dos años de retraso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que espera que el reglamento que regulará el fondo esté aprobado “antes de que termine el primer semestre del año”, a una pregunta del grupo parlamentario de EH Bildu en el Congreso.

Sánchez ha situado así un nuevo horizonte para las víctimas: finales de junio de este año. “Espero que para antes de que termine este primer semestre del año podamos tener ya el reglamento aprobado, lo que nos va a permitir que el fondo pueda atender a los primeros afectados”, ha sostenido el presidente del Ejecutivo. “Por supuesto, nuestro Gobierno va a cumplir con las víctimas del amianto”, ha reiterado Sánchez.

Tras más de una década de lucha de víctimas y sindicatos, en 2022, se aprobó por unanimidad la ley con el fondo público para las víctimas del amianto, una iniciativa elevada al Congreso por el Parlamento Vasco. Todas las formaciones reconocían la “injusticia histórica” que se había cometido con las personas trabajadoras, sus familias y otras víctimas ambientales expuestas a esta sustancia cancerígena. Pese a ser conocida su peligrosidad desde hace décadas, en España no se prohibió su uso hasta 2001.

El Gobierno se dio tres meses para aprobar el reglamento que regule y ponga en marcha el fondo, que finalizaron en enero de 2023. Pero aún está pendiente, más de dos años después, por lo que las víctimas no han podido acceder a las indemnzaciones públicas. Pedro Sánchez ha argumentado que se trata de “un desarrollo reglamentario complejo” y que ha supuesto la colaboración y el trabajo del Gobierno con las distintas administraciones autonómicas.

Las víctimas y los sindicatos piden indemnizaciones más altas

El presidente del Gobierno ha recordado que ya hay una partida presupuestaria para poner en marcha el fondo de víctimas del amianto, de 25 millones de euros, que el Ejecutivo pactó con EH Bildu. La diputada de la formación independentista vasca Mertxe Aizpurua ha afirmado que “la partida de 25 millones de euros” es solo “el inicio de un camino” y ha pedido que el Gobierno tenga en cuenta las peticiones de las víctimas y los sindicatos para que aumenten las indemnizaciones propuestas por el Ejecutivo.

Hace unas semanas, después de que las víctimas aglutinadas en FEDAVICA y los sindicatos CCOO y UGT pidieran amparo al Defensor del Pueblo por el retraso del fondo público, el Ministerio de la Seguridad Social reactivó los encuentros con las personas afectadas y los representantes de los trabajadores sobre el reglamento.

Tras las reuniones, víctimas y sindicatos han afirmado que hay algunos “avances”, pero han insistido en que en su opinión las cuantías propuestas por la Seguridad Social siguen siendo “insuficientes”, en comparación con otras ayudas, como aquellas para víctimas de la talidomida, por ejemplo. Los afectados también reclaman que las compensaciones estén exentas del pago de impuestos, una demanda que también ha transmitido este miércoles la diputada de EH Bildu.

La parlamentaria ha urgido a que el Gobierno “active el fondo ya”, para evitar que las víctimas sigan esperando y que, incluso, algunas fallezcan “sin haber visto resarcido su derecho a ser indemnizadas”. Aizpurua ha instado al Gobierno a que “se ponga manos a la obra” para evitar una “quiebra de la confianza” y reforzar “el valor de hacer lo que se dice, de la credibilidad de la política”.