Casi cuatro décadas desde que empezó a hablarse de la 'Operación Campamento' hasta que, por fin, se están concretando pasos para la que será una de las transformaciones urbanísticas clave del sur de Madrid y que supondrá la construcción de 10.700 viviendas asequibles.
Uno de esos pasos se dio el viernes. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) cerró el primer pago para la adquisición de los antiguos acuartelamientos militares, que llevan décadas en desuso. Se trata del 5% del precio de tasación de los terrenos, que equivale a 13,6 millones de euros, según indican fuentes del Ministerio encabezado por Raquel Sánchez.
La operación es una ecuación a varias bandas. Transportes ha realizado ese pago a través de la entidad pública de suelo (Sepes) y el receptor es el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), que depende del Ministerio encabezado por Margarita Robles. En total, Sepes tiene que transferir a ese organismo 272 millones de euros, a los que queda por sumar el IVA, matizan las citadas fuentes.
En esa ecuación, además, están las inyecciones de fondos que Transportes ha ido transfiriendo a Sepes, porque es a través de esta entidad con la que se están realizando las actuaciones del Plan de Vivienda de Alquiler Asequible. Esta es una de las piezas del futuro parque de viviendas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En total, 183.000 inmuebles impulsados por el Estado.
En este artículo desglosamos de dónde salen esas viviendas que tienen terrenos en desuso del Ministerio de Defensa como un eje para su consecución.
En abril, el Mitma aportó a Sepes 260 millones de euros, que se suman a los 361,63 millones que se han ido transfiriendo desde 2018. En total, 621,63 millones que penden de los Presupuestos Generales del Estado.
La 'Operación Campamento' lleva años como elemento esencial en la transformación de la zona sur de la capital.
Implica, en total, 211 hectáreas en una transformación que Pedro Sánchez presentó el pasado otoño en un acto al que no acudieron ni la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ni el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pese a que fueron invitados. Administraciones que también están implicadas en este planeamiento, porque las competencias de urbanismo son municipales y las de vivienda, regionales.
El primer esbozo de Campamento se remonta a los años 80, con Joaquín Leguina como presidente madrileño y Narcís Serra como ministro de Defensa, con la idea de dar utilidad a antiguos cuarteles situados entre la Casa de Campo, Alcorcón y Pozuelo de Alarcón. Desde entonces ha habido varios intentos de desbloquear esos miles de inmuebles que no llegaron a concretarse.
En marzo, Almeida reconoció que los trámites avanzaban. “Las cosas van bien y en orden para que finalmente la Operación Campamento pueda salir adelante”, aseguró. Unas semanas antes, dejó entrever que había opciones para incluir en el plan el soterramiento de la A-5, una de las principales arterias de entrada y salida de la capital, que iba en su programa electoral.
La 'Operación Campamento' será uno de los pilares del futuro parque público de vivienda en alquiler. Se trata de una de las asignaturas pendientes de todas las administraciones públicas. En España, apenas el 2% de todo el parque de viviendas –se calcula que unos 300.000 inmuebles– están considerados vivienda social o asequible. Porcentaje que está lejos de la media europea, que roza el 10%, y de Estados más avanzados en esta materia, como Países Bajos, donde supera el 30%.
La futura ley de vivienda, ahora en el Senado, contempla que, en el plazo de 20 años, el 20% del parque de inmuebles en zonas tensionadas –donde los precios de alquiler estén disparados– sea social.
Su construcción llevará años. De momento, se avanzan tramitaciones. El viernes se sellaron los protocolos para la construcción de 634 viviendas en suelos públicos de Euskadi, Extremadura, Catalunya y Galicia, dentro del ya citado Plan de Vivienda en Alquiler Asequible. Y se firmaron acuerdos con Aragón, Illes Balears, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, La Rioja y la Comunidad Valenciana para financiar la adquisición de 568 viviendas, que se destinarán al alquiler social por parte de estas comunidades. Estos últimos inmuebles penden, en cambio, del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, lo que evidencia que la construcción de ese parque público entrelaza diferentes administraciones y presupuestos públicos.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.