El Gobierno acaba de dar un paso más en la privatización de los servicios públicos de empleo: serán agencias de colocación privadas las que se encarguen de gestionar la inserción laboral y los programas de recualificación de las personas que cobran el llamado Plan Prepara o, lo que es lo mismo, la ayuda de 400 euros para parados que hayan agotado todas sus prestaciones. El Consejo de Ministros ha aprobado la medida este viernes, que se concretará en un contrato de servicios por un presupuesto inicial de 41,7 millones de euros para 2014 y 2015.
Será el Servicio Público de Empleo Estatal el que tramitará este contrato, al que podrán presentarse las ochenta agencias de colocación que hace unas semanas fueron seleccionadas como colaboradoras de los servicios públicos de empleo. Las que ganen el concurso tendrán que poner en marcha “actuaciones de inserción laboral durante al menos seis meses” para los beneficiarios de las ayudas del Plan Prepara, así como para los demandantes de empleo de Ceuta y Melilla.
Fue en 2013 cuando el Ministerio de Empleo anunció que trabajaba en un acuerdo marco con agencias de colocación para externalizar a éstas parte de la labor de los servicios públicos de empleo: recolocar parados, hacer itinerarios de formación, orientación, reciclaje... A cambio, el ministerio les pagaría en función de determinados baremos que ya están aprobados. Las compensaciones oscilan entre los 300 y los 3000 euros según el perfil de la persona en paro.
De las cerca de 700 agencias de colocación que hay registradas en España solo unas pocas podrían acceder a este convenio, las que superaran el proceso de adjudicación que valoraba, entre otros factores, las personas colocadas durante el año anterior. Finalmente, el Ministerio de Empleo hizo públicas hace algo más de un mes la lista de 80 agencias que forman parte de ese acuerdo con los servicios públicos de empleo. Entre ellas, hay desde grandes empresas como Adecco, Randstad, Manpower o una filial de Telefónica a varias fundaciones, cámaras de comercio, y asociaciones, como es el caso de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios Autónomos.
Desde ahora, estas agencias pueden concurrir a los concursos que convoquen tanto el Estado como las comunidades autónomas. El aprobado por el Gobierno este viernes es el primer concurso que se pone en marcha.
Incentivos por delatar
El Gobierno incluyó en el acuerdo marco, no solo compensaciones por colocar a parados, sino también por delatarlos si encontraban alguna irregularidad. La Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET) recurrió a la Defensora del Pueblo esta medida. Soledad Becerril dio la razón a la asociación y pidió al Ministerio de Empleo que retirara este incentivo, que consideraba “indebido”. No obstante, Empleo rechazó la petición de la Defensora y siguió adelante con la medida.
CCOO y UGT se opusieron a la intención del Ejecutivo de reforzar la colaboración con las agencias privadas de colocación. Hace unas semanas, los sindicatos volvieron a advertir de que la intención del Ministerio de Empleo era avanzar en la privatización, tal y como contemplaba el borrador de Real Decreto sobre la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo. Critican, además, que el Gobierno refuerce a las empresas privadas mientras recorta el presupuesto para los servicios públicos de empleo.