El Gobierno prohibirá apostar online con tarjeta de crédito a los jugadores con comportamientos de riesgo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Consumo, un Real Decreto que reforzará la protección de los jóvenes y las personas vulnerables para evitar comportamientos problemáticos en el juego online, que es el que regula el Gobierno central. Entre otras cosas, el decreto prohíbe a los operadores aceptar tarjetas de crédito de los jugadores online con comportamientos de juego de riesgo.

Como regla general, se considerará que están en la categoría de juego intensivo las personas que, durante tres semanas consecutivas, acumulen pérdidas netas iguales o mayores a 600 euros, o 200 euros en el caso de los menores de 25 años. Estas personas solo podrán utilizar medios de pago nominativos y de su titularidad para apostar. Y dejarán de ser consideradas jugadores intensivos cuando encadenen seis semanas sin anotarse esas pérdidas.

Es un enfoque menos restrictivo que la prohibición general de apostar con tarjetas de crédito que Reino Unido decidió adoptar en 2020 y que, según dijo poco después el ministro de Consumo, Alberto Garzón, estaba “sobre la mesa” de su departamento. Aunque ya entonces Garzón advirtió de que se trataba de “una normativa que es financiera y que afecta a la Comisión Europea”, por lo que “es más complejo de lo que parece”.

Con la nueva normativa, a los jugadores de riesgo también se les excluirá de las actividades de promoción y de la lista de clientes privilegiados. “Es decir, ya no se les podrán ofrecer condiciones mejoradas o más ventajosas para fomentar su nivel de juego”, explica Consumo.

El texto, con más de una treintena de medidas, persigue “minimizar los comportamientos de juego de riesgo o intensivo que pueden derivar, en los casos más extremos, en conductas problemáticas o patológicas”, según el departamento de Garzón.

Entre las novedades que se introducen está obligar a las empresas de juego a remitir a los jugadores vulnerables un mensaje específico que alerte de la conducta de riesgo detectada o a enviarles un resumen mensual de su actividad de juegos. También deberán tener un servicio telefónico de asistencia y ayuda para comportamientos de riesgo que no podrá ser un número de tarificación especial. Y se prohíben los mensajes que fomenten el juego intensivo como “casi acertaste” o “estuviste cerca” al acabar una partida.

Para que los jugadores sean conscientes de cómo están jugando y gastando, las casas de apuestas tendrán que enviarles informes mensuales sobre sus patrones de juego: frecuencia, cuantías, modificaciones en los límites de depósito…

Y durante cada sesión, el jugador deberá recibir cada hora “mensajes informativos periódicos de lectura obligatoria para poder continuar jugando” en los que se le informará de forma “objetiva” de “su conducta de juego durante la sesión, como por ejemplo el tiempo jugado, las cantidades apostadas o las pérdidas netas producidas, y en ningún caso juicios de valor del operador sobre dicha conducta”, señala el decreto. 

Los operadores deberán poner en marcha medidas de refuerzo para los jugadores vulnerables, como fijar una interacción específica con ellos y conseguir su respuesta en un máximo de 72 horas. Pasado ese plazo, si no hay respuesta, el operador deberá suspender la cuenta de ese jugador de riesgo.

Otra novedad es que las personas que inicien sesión para jugar a los denominados juegos de lotería instantánea o presorteada deberán establecer de antemano el tiempo máximo y la cuantía a jugar, sin poder modificarlo luego.

El incumplimiento de las nuevas medidas supondrán multas de hasta 50 millones de euros, en el caso de las infracciones muy graves, y la pérdida de la licencia de juego.

Entrada en vigor

La entrada en vigor general de la norma es de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a excepción de ciertos artículos que, “por la especial complejidad en los desarrollos tecnológicos que implican”, tendrán un plazo de 12 meses. 

Consumo destaca que el Real Decreto contempla “medidas de protección general para las personas jugadoras en sentido amplio, con independencia del riesgo de sus comportamientos de juego”. El objetivo es “garantizar un marco de políticas de protección ante los riesgos del juego a nivel estatal que prevenga comportamientos problemáticos y aumente la supervisión y control de los operadores”.

Las empresas tendrán prohibido enviar a los jóvenes de entre 18 y 25 años promociones ajenas a la actividad de juego desarrollada en la web o plataforma, como invitaciones a partidos o entradas para espectáculos. Tampoco podrán incluirlos en programas vip de fidelización.

Los operadores están obligados a informar a los participantes jóvenes de que comenzar a jugar a edades tempranas está asociado a un mayor riesgo de desarrollar trastornos asociados con los juegos de azar y apuestas o ludopatía.

Las empresas del sector “estarán obligadas a promover pautas de consumo saludable y a minimizar la aparición de daños en la esfera personal, familiar y patrimonial de las personas jugadoras”.

Las personas autoexcluidas y autoprohibidas tampoco recibirán comunicaciones comerciales y, en el caso de los participantes que se inscriban en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), tendrán prohibido el acceso a sus cuentas, depósitos y participaciones en un plazo máximo de 48 horas. Y los jugadores que se hayan dado de baja de esos registros y decidan volver a apostar deberán recibir un mensaje del operador recordándoles su antigua situación de alta en ese registro, “así como los riesgos asociados a la actividad de juego”.

Los operadores también tendrán que suscribirse al servicio de alerta antipishing de la Dirección General de Ordenación del Juego para controlar que las personas con conductas de riesgo no vuelvan a jugar suplantando la identidad de otro jugador o jugadora.

Consumo recuerda que estas medidas llegan tras el Real Decreto que reguló la publicidad de juegos de azar y apuestas “y que ha conseguido frenar la entrada de nuevos jugadores”. Esta nueva normativa va destinada a quienes ya están dentro del mercado y juegan activamente, con una normativa que, según Consumo, “supone un cambio de paradigma en la concepción del juego”.

“Se pasa de un enfoque individualista centrado en que la persona jugadora es la única responsable de su juego a uno nuevo, de carácter proteccionista, que hace responsable de los riesgos de los juegos de azar y apuestas a las empresas”.

La reacción de las empresas del juego no se ha hecho esperar. En un comunicado, la Asociación Española de Juego Digital (Jdigital) ha señalado que va a “evaluar con detenimiento” y estudiará “todas las vías posibles” ante un texto que “contiene aspectos imprecisos”. La patronal señala que “España es uno de los mercados de juego más seguros y garantistas de Europa, con una de las regulaciones más estrictas, incluso antes de la aprobación y entrada en vigor de la regulación aprobada hoy”.

“Consideramos que este Real Decreto responde a una tendencia del regulador nacional a la normativización de las actividades ya de por sí híperreguladas, donde las medidas y buenas prácticas de los operadores han contribuido a tener unos entornos y marcos realmente seguros”.

Jdigital celebra el plazo transitorio para implantar estas medidas y “adaptar una vasta cantidad de programación en webs y apps que suponen un altísimo coste para los operadores en términos de recursos y equipo”. Pero subraya “esta norma llega en un momento en el que los niveles de juego problemático están bajando, como demuestran las cifras de prevalencia del juego problemático en el país y que reflejan los informes del Plan Nacional sobre Drogas, confirmando que la actividad del juego por parte de los jugadores es totalmente moderada, controlada y responsable”.

“Esta normativa debe servir a su propósito técnico y no puede ser óbice para lanzar mensajes políticos, confusos y alarmistas para la sociedad, sobre un sector perfectamente seguro”, según Jdigital.