El Gobierno va a aprobar en las próximas semanas una ampliación del conocido como escudo antiopas para sectores estratégicos. Esta herramienta legal permite al Ejecutivo tener la última palabra ante ofertas de adquisición de inversores extranjeros en España, cuya vigencia terminaba el 31 de diciembre de este año. Ahora, la fecha se amplía hasta el final del año 2024, según han adelantado El País y Cinco Días y ha confirmado este medio en fuentes gubernamentales.
La reforma, que se llevará al Consejo de Ministros en las próximas semanas, consta de dos patas. La primera de ellas supone ampliar el conocido como 'escudo antiopas' durante dos años. Se trata de una herramienta que aprobó el Ejecutivo durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Con ella, se exige la aprobación por parte del Gobierno de las adquisiciones de empresas españolas estratégicas en más de un 10% o en una participación efectiva de su gestión y control, que realicen entidades extranjeras controladas desde fuera de la UE. Posteriormente, se amplió también a los inversores provenientes de la Unión Europea, aunque en este supuesto se limitó a compañías cotizadas o no cotizadas cuyo valor superara los 500 millones.
El Real Decreto de marzo de 2020 en el que se aprobó por primera vez este escudo antiopas frente a inversores extranjeros señalaba cuáles eran estos sectores estratégicos. Incluía a las infraestructuras (incluidas lasde energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles), las tecnologías críticas (la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías), el suministro de insumos para la energía, o sectores con acceso a información sensible.
Esta medida ya ha sido prorrogada en dos ocasiones por la persistencia del impacto de la crisis que motivó la adopción de este refuerzo del control las inversiones extranjeras. Así, ahora se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2024.
La segunda parte de la reforma que prevé emprender el Gobierno en las próximas semanas supone un refuerzo añadido a esta potestad del Gobierno. Se someterá igualmente a la autorización del Ejecutivo las adquisiciones de activos o ramas de actividad aunque no lleven consigo un control de la sociedad. El Ejecutivo considera urgente ampliar esta norma a la compra de estos activos o ramas de actividad para “preservar la integridad del control de inversiones y ofrecer las debidas garantías jurídicas a los inversores”.