El Ministerio de Fomento está trabajando en un pliego de licitación que permita ceder durante alrededor de cincuenta años suelo público a empresas o inversores privados. La idea es que éstos construyan, gestionen y exploten vivienda de alquiler a precio asequible en ese periodo, y que una vez éste pase, estas viviendas pasen a formar parte del parque público de viviendas. En principio el suelo en el que se está pensando es el que pertenece a la entidad estatal de suelo (SEPES), sin perjuicio de la posterior incorporación de otros suelos municipales o autonómicos.
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha explicado este miércoles en un foro organizado por El Economista que el planteamiento no es solo movilizar suelo del Estado, sino generar un modelo de gestión replicable por todas las administraciones (especialmente la autonómica como competente en materia de vivienda), sobre el suelo público de su titularidad, todo dentro del “Plan 20.000 viviendas” con el que pretenden acabar promoviendo este número de inmuebles en alquiler a precios asequibles. En todo caso, todo queda supeditado al resultado de las próximas elecciones del 10 de noviembre.
El Ministerio está redactando un nuevo pliego de la licitación de derechos de superficie durante el citado periodo. “Con este nuevo pliego el adjudicatario del derecho de superficie construirá las viviendas y se encargará de su correcto mantenimiento a cambio de gestionar y recibir durante el plazo estipulado los alquileres correspondientes a la explotación”, ha afirmado.
Fuentes del departamento han aclarado a eldiario.es que durante los cincuenta años que durase la explotación, los alquileres deberían tener “precios asequibles”. Esto es, precios por debajo de los de mercado, aunque no hay una definición precisa y general de lo que tal cosa significa. La idea en todo caso es que exista un precio máximo de alquiler y que se alquile solo a familias con un tope de ingresos determinado y cuyo esfuerzo en función de los ingresos netos no supere un porcentaje determinado.
Para la adjudicación del derecho de superficie tendrán importancia el precio máximo del alquiler que ofrezca el licitador (dentro de una horquilla que le presente la administración), las mejoras sociales (por ejemplo si son viviendas destinadas para personas con mayor vulnerabilidad) y la calidad técnica de la edificación.
Una vez finalizado el periodo del derecho de superficie las viviendas engrosarán el parque de vivienda pública, ha explicado Ábalos, que ha recalcado que esta operativa del trabajo, basada en la colaboración público-privada, “acelerará la reconstrucción del parque público de vivienda y supondrá un importante estímulo para el mercado del sector de la construcción”.
A su juicio, impulsar el mercado del alquiler social en España es clave para garantizar el derecho de acceso a la vivienda de las familias con menos ingresos, de los jóvenes y de personas en situaciones de vulnerabilidad. Pero además “es un mercado susceptible de garantizar rentabilidades sostenidas a medio y largo plazo y, por tanto, muy atractivo para atraer capital de grandes fondos de inversión”.
Ha recordado que en España, el parque de vivienda pública apenas supone el 2,5% del parque de vivienda existente, mientras que en los países de nuestro entorno ronda el 10%.
Respecto al real decreto que alargó los alquileres a cinco o siete años, entre otras medidas, Ábalos ha afirmado que “ya hay datos que indican que está contribuyendo a estabilizar el mercado del alquiler”, aunque “sabemos que para que bajen los precios hay que actuar de manera decidida sobre la oferta”, a través, en el caso de esta medida anunciada, de la colaboración público–privada.