El PP ha propuesto a la Comisión del Pacto de Toledo ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral de forma voluntaria y que los trabajadores puedan excluir un determinado número de años, no concretado por el momento, en los que tengan menores bases de cotización. La medida la adelantó ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en una entrevista con TVE.
La propuesta beneficiaría especialmente, explican en el Ministerio de Empleo, a aquellos trabajadores que cotizaron más al principio o a la mitad de su vida laboral, pero no al final de la misma. Con la medida “voluntaria”, a efectos del cálculo de la pensión, se computaría toda la carrera laboral y no sólo los últimos años como ocurre en la actualidad, lo que mejoraría la cuantía de la prestación.
La ministra mencionó este lunes a algunos colectivos de este grupo que se vería más beneficiado, como los trabajadores despedidos en los últimos años de su carrera profesional y los que se vieron forzados a trabajar como autónomos en los años de la crisis ante la falta de empleo. “Estamos pensando que pueda tenerse en cuenta, no los últimos años de cotización, sino incluso poder elegir durante toda la carrera laboral porque mejoraría la pensión futura”, explicó la ministra, que indicó que se trata de una propuesta del PP al Pacto de Toledo.
Este martes, fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social reiteran a este medio que la medida aún es solo una propuesta en la Comisión del Pacto de Toledo, de la que deberán surgir una serie de recomendaciones que el Gobierno tendrá en cuenta y discutirá con los interlocutores sociales, con los que tiene abierta una Mesa sobre Pensiones.
La ley actual, que entró en vigor en 2013, elevó la edad requerida para jubilarse hasta los 67 a partir de 2027. La reforma contempló la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de los 15 a 25 años últimos años cotizados. Para 2018, la cuantía de la pensión se calcula en función de las bases de cotización de los 21 años inmediatamente anteriores al mes previo al de la jubilación. Para 2022, el periodo de cálculo será de 25 años.
La reforma de 2013 también establece que los trabajadores de más edad expulsados prematuramente del mercado laboral, incluidos los trabajadores autónomos, pueden optar desde el 1 de enero de 2017 por la aplicación de un periodo de 25 años para el cálculo de la pensión si ello les resulta más favorable.
Ahora, el PP, con el apoyo manifiesto de la ministra de Empleo, apunta a poder optar a considerar toda la vida laboral y descartar algunos años –que no han sido concretados– con los que se vieran más perjudicados a la hora de calcular la pensión.
La oposición critica el “oportunismo” de Báñez
PSOE y Unidos Podemos han mostrado su malestar por las formas en las que la ministra ha anunciado la propuesta. “La ministra Báñez la ha realizado a la ligera, sin una valoración de los costes que pudiera suponer, e ignorando deliberadamente que nuestro sistema de pensiones necesita medidas de calado para paliar su déficit, y esas medidas pasan inevitablemente por la vía de los ingresos”, ha lamentado la secretaria de Seguridad Social y Pacto de Toledo del PSOE, Magdalena Valerio.
Pedro Sánchez ha respondido brevemente a la iniciativa del Gobierno en un encuentro con militantes en León. Sánchez ha defendido que el sistema público de pensiones se sostiene “aumentando los salarios” y no ampliando el cálculo de la pensión a toda la vida laboral. Además, ha recordado que lo importante “no es solo el número de años que cotizas, sino por el tipo de contratos que cotizas”, por lo que ha reiterado la necesidad de derogar la reforma laboral del PP que ha precarizado el empleo.
Por su parte, la diputada Aina Vidal, portavoz de Unidos Podemos en la Comisión del Pacto de Toledo, ha recriminado al Gobierno que utilice una propuesta del PP de manera “oportunista”, una medida “que ni siquiera pareció una propuesta seria, que solo se mencionó”. Vidal afirma que el PP se refirió a la ampliación del periodo de cálculo a toda la vida laboral, pero no propuso inicialmente que los trabajadores pudieran retirar del cómputo una serie de años con menor cotización: “Eso lo pedí yo, que debía ser una condición, que se pudiera excluir algunos años, porque si no la medida sería una auténtica condena”.
La diputada de Unidos Podemos recuerda que tomar en cuenta todo el periodo de vida laboral perjudicaría a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral en la actualidad “con una precariedad absoluta”, para los que tomar en consideración sus primeros años trabajados bajaría sus pensiones futuras. El Gobierno ha insistido en que la propuesta está pensada para que se pueda acoger cualquier persona, aunque siempre de manera voluntaria.
Los sindicatos señalan los males de la reforma de 2013
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha recriminado a la ministra que medidas tan relevantes para muchos trabajadores sean anunciados como “propuestas de telediario” y ha emplazado al Gobierno a debatir esta medida en la Comisión del Pacto de Toledo y en la mesa sobre pensiones.
Sordo ha pedido al Gobierno que trabaje por recuperar el consenso político y social sobre las pensiones que había antes de la reforma de 2013, que ligó el cálculo de las pensiones a la esperanza de vida y que las desvinculó de la inflación. En relación con esto último, a falta de presupuestos, este año las pensiones han sufrido su mayor pérdida de poder adquisitivo desde que opera la subida por ley del 0,25%.
Por su parte, UGT ha reiterado también la necesidad de revertir la reforma de 2013, ya que de no ser así “las pensiones se empobrecerán considerablemente”, ha señalado la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera. Entre las propuestas del sindicato figuran “posibilitar que el sistema de pensiones se financie, además de con cotizaciones, también con impuestos”.