La reunión para prorrogar los ERTE de este jueves termina sin acuerdo. Los empresarios están estirando la negociación con un objetivo fundamental: rebajar la exigencia de mantenimiento del empleo tras los ERTE. El Gobierno exige a las empresas que se benefician de ayudas en la cotización, sufragadas con fondos públicos, que mantengan el empleo durante seis meses tras el expediente. Esta cláusula ya fue limitada en el pasado, pero las patronales quieren que lo sea aún más. En concreto, CEOE y Cepyme piden que se abarate la consecuencia de no cumplir con esta garantía, ya que Trabajo exige a las empresas que devuelvan todas las ayudas a la cotización recibidas en el ERTE, independientemente del número de trabajadores despedidos en estos seis meses.
Había algunas esperanzas de que el Gobierno y los agentes sociales pudieran cerrar un acuerdo sobre la continuidad de los ERTE este jueves, ya que en general todas las partes coinciden en extender el modelo actual hasta el 31 de mayo, pasada la Semana Santa y cuando se espera que la vacunación esté bastante avanzada. Los ERTE por la pandemia caducan el próximo 31 de enero, por lo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había emplazado a los agentes sociales a intentar llegar a un acuerdo antes de este viernes para dar certidumbre a las empresas y trabajadores lo antes posible.
Pero, finalmente la reunión de esta tarde ha terminado sin acuerdo, debido a los recelos de la patronal con la mencionada garantía del empleo. Por el momento no hay ningún otro nuevo encuentro fijado sobre este tema. “La reunión ha acabado sin acuerdo. Hay documento nuevo con cambios que hay que estudiar”, apuntan fuentes de la CEOE.
El Ejecutivo ha presentado una nueva propuesta en la que, en general, se prorroga el actual modelo de ERTE hasta final de mayo, con la misma protección por desempleo para los trabajadores afectados y se mantienen las exoneraciones a las empresas siguiendo el modelo pactado en septiembre. Este modelo presenta exoneraciones (ahorro en el pago de la cuota a la Seguridad Social) muy amplias, de hasta el 100% en algunos casos.
El Gobierno ha variado ligeramente los sectores considerados más afectados por la pandemia, que se benefician de ayudas directas a la cotización en caso de ERTE, con la inclusión de sectores como las “actividades de mantenimiento físico” y la exclusión de otros como el de “fabricación de alfombras y moquetas”.
Fuentes del diálogo social explican que los empresarios han mostrado su respaldo al esquema de ERTE propuesto del Gobierno, a falta de revisar el texto en profundidad, pero insisten en la necesidad de rebajar más la cláusula de mantenimiento del empleo. “Dicen que, si no, la propuesta no va a pasar la consulta de sus órganos de dirección”, explican estas fuentes. Es decir, que la prórroga saldría sin el visto bueno de los empresarios.
Los empresarios apuran la negociación
Las patronales repiten así su estrategia de apurar plazos en la negociación con el Gobierno para intentar algunas mejoras, como ocurrió en la última prórroga de los ERTE, con la adhesión de los empresarios al acuerdo 'in extremis'. Los empresarios arrancaron ligeros aumentos en las exoneraciones a la Seguridad Social. En esta ocasión, CEOE y Cepyme centran sus esfuerzos en rebajar las consecuencias por incumplir la cláusula de salvaguarda del empleo, por la que Trabajo reclama a las compañías que paguen todas las cotizaciones a la Seguridad Social que se ahorraron en los ERTE, independientemente del número de empleados a los que despidan.
La ministra de Trabajo defendió esta semana que la cláusula de mantenimiento del empleo se mantendría, al igual que el resto del modelo de los ERTE. Yolanda Díaz recordó que la salvaguarda del empleo funciona como contrapatida a las empresas por recibir ayudas públicas en los ERTE (al ahorrarse parte de la cotización a la Seguridad Social) y sostuvo que no había motivos para rebajar la cláusula si el apoyo público a los empresarios continúa.
En realidad, esta consecuencia de incumplir la salvaguarda no figura como tal en los decretos que regulan los ERTE, sino que se trata de la interpretación de Trabajo y la Seguridad Social de la claúsula de garantía del empleo. Los empresarios reclaman que la consecuencia de incumplir la salvaguarda sea más barata: que las empresas solo tengan que pagar las cotizaciones de los trabajadores en ERTE a los que no mantenga contratados en ese periodo de seis meses.
Por el momento, el Gobierno se resiste a modificar este criterio, que consideran un freno a la destrucción de empleo, y menos a plasmarlo en el decreto de prórroga de los ERTE, explican fuentes del diálogo social, pero los empresarios están tensando la cuerda con la amenaza de no respaldar esta nueva prórroga de los ERTE.
Se cumple un año de Gobierno de coalición y los sindicatos anuncian sus primeras movilizaciones para exigir que cumpla sus compromisos en política laboral. En un mandato marcado por el estallido del coronavirus, las centrales sindicales mayoritarias habían esperado a que, tras las urgencias de la pandemia, el Ejecutivo recuperara su agenda en cuestiones como el desmontaje de la reforma laboral. Pero su retraso, y los mensajes de parte del Ejecutivo que parecen demorar algunos de sus compromisos, han llevado a CCOO y UGT a preparar protestas para febrero con el objetivo de presionar al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos a que “cumpla con los compromisos de la agenda de reformas sociolaborales”.
Las direcciones de los dos sindicatos han acordado organizar movilizaciones este invierno, que ambas organizaciones concretarán el próximo 19 de enero en una reunión, según han anunciado en un comunicado conjunto este jueves. Entre sus reclamaciones más inmediatas, CCOO y UGT instan al Gobierno a que suba el salario mínimo interprofesional (SMI). Esta semana el líder de CCOO, Unai Sordo, fue contundente al devolver la 'pelota' del SMI al Ejecutivo, que no lo ha elevado al inicio de año y ha emplazado a los agentes sociales a llegar a un acuerdo al respecto. “No va a haber acuerdo con la patronal”, advirtió Sordo. Al igual UGT, en CCOO sostienen que los empresarios no van a negociar ninguna subida de los salarios más bajos después de que parte del Gobierno defendiera la congelación del SMI.
Además, los sindicatos expresan su rechazo frontal a que la reforma de pensiones que prepara el ministro José Luis Escrivá incluya la ampliación del periodo cotizado para calcular la pensión hasta los 35 años. La Seguridad Social no ha trasladado esta propuesta a los agentes sociales en la mesa de diálogo sobre la reforma de las pensiones, pero está en la mesa del Ejecutivo como una de las posibles reformas que presentar a Bruselas en las próximas semanas.
Por último, CCOO y UGT llaman al Gobierno a derogar “las reformas laborales”, en referencia a las de 2010 y 2012, del último Gobierno de Zapatero y del Ejecutivo de Rajoy, respectivamente. El Gobierno de coalición se ha comprometido a derogar la reforma del PP en varias fases, pero por el momento no ha cumplido su promesa de iniciar el desmonatje en 2020. Comienza 2021 y los sindicatos urgen al Ministerio de Trabajo a que retome ya las negociaciones al respecto y destacan varios elementos más urgentes: la ultraactividad, la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, regulación de las subcontratas, y la reforma del despido colectivo. “Tienen que ser un hecho ya”, exigen las centrales sindicales, especialmente “en este último caso con carácter urgente porque es preciso causalizarlos para evitar que una mayor destrucción de empleo en los próximos meses”.