Ya hay propuesta de la reforma de las pensiones que quiere acometer el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ministerio de la Seguridad Social ha facilitado a los agentes sociales un borrador con sus planes para la nueva legislación, que endurece la jubilación anticipada voluntaria y la parcial mientras premia el retiro demorado, es decir, la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación. En este último caso, el Ejecutivo plantea varias opciones de aumento de la pensión de los interesados, como un incremento del 4% por cada año de demora, como figura en el texto que ha adelantado El Periódico y al que ha tenido acceso elDiario.es.
En primer lugar, destaca que en el documento presentado a los sindicatos y la patronal no figura uno de los temas estrella de las últimas semanas: la ampliación del periodo para el cálculo de la pensión, de los últimos 25 años cotizados a los 35, como ha confirmado la vicepresidenta Nadia Calviño que está estudiando el Gobierno. El Ejecutivo quiere presentar este cambio a Bruselas, como contrapartida a otras medidas que desmontan la reforma de pensiones de Rajoy de 2013, como la revalorización de las pensiones en base al IPC. La extensión en el periodo de cálculo supone en general una rebaja de las futuras pensiones, aunque hay diferencias según las carreras laborales y puede beneficiar a las personas desempleadas al final de su carrera.
Además, el texto también incluye un asunto de gran actualidad y que tiene en ascuas a “miles” de desempleados de avanzada edad, en una cifra difícil de concretar. El borrador recoge el mantenimiento permanente de la llamada 'cláusula de salvaguarda' de las pensiones, que concede ventajas en la jubilación a las personas desempleadas desde el 1 de abril de 2013 que no hayan vuelto a tener trabajo. Aprobada por el Gobierno de Zapatero y limitada más tarde por el de Rajoy, la cláusula está enfocada a los trabajadores que se quedaron sin empleo a edades avanzadas y no volvieron a reengancharse al mercado laboral, para que se les aplique la legislación de pensiones previa a 2011, más ventajosa.
La cuestión es que esta cláusula caduca en unos días, el próximo 31 de diciembre, y los afectados que temen que concluya su vigencia están inmersos en la incertidumbre porque el Gobierno no ha anunciado qué va a hacer con este tema y solo queda una semana para su extinción. Por ello, CCOO y UGT urgieron ayer al Ejecutivo a que anuncie con urgencia el mantenimiento de la cláusula, por la que se inclina según este borrador, para dar seguridad a los ciudadanos.
Revalorización en base al IPC
El borrador recoge que se aprobará una nueva fórmula de revalorización de las pensiones, que sustituya al sistema de subidas del 0,25% de Rajoy, “para el mantenimiento del poder adquisitivo”. Sin embargo, el texto no la detalla.
Se plantea una regulación para que la revalorización anual tome como referencia el IPC, como reclamaban los movimientos de pensionistas, y además que se introduzca “un mecanismo corrector para las desviaciones”, con la garantía de que las pensiones “en ningún caso” bajen, incluso cuando el IPC sea negativo.
Aumento del 4% por demorar la pensión
El ministro José Luis Escrivá ya anunció su intención de retrasar la edad efectiva a la que se jubila la gente (ahora de 64,6 años), para que se acerque más a la edad legal ordinaria (66 años en 2021). Uno de los planes para hacerlo es fomentar más la jubilación demorada, es decir, aquella en la que los interesados prolongan su vida laboral y se retiran más allá de la edad legal de jubilación.
El borrador del Gobierno plantea premiar la jubilación demorada mediante tres posibilidades a elegir: incrementar un 4% la pensión por cada año de demora (ahora va del 2% al 4% en función de los años cotizados), recibir una cantidad a tanto alzado por cada año completo cotizado de más a partir de la edad legal de jubilación “cuya cuantía vendrá determinada en función de los años de cotización acreditados”, o una combinación de ambas opciones.
Las personas que retrasen voluntariamente su jubilación podrían cobrar además una pensión por encima de la máxima que se establezcan en los Presupuestos, algo que ahora no es posible.
Penalizar más la jubilación anticipada
Otra de las vías que quiere aplicar el Gobierno para acercar la edad efectiva de retiro a la legal es penalizar la jubilación anticipada voluntaria. Para ella, el ministro Escrivá plantea principalmente dos medidas. Por un lado, penalizar más el retiro anticipado de los trabajadores con salarios más altos y que van a acceder a la pensión máxima. En ese caso, propone aplicar el coeficiente reductor para penalizar el retiro anticipado a la cuantía de la pensión (en lugar de aplicarlo a la base reguladora), lo que supondrá un mayor recorte en las cuantías a percibir.
Esto es así porque la base máxima de cotización está muy por encima de la pensión máxima, de manera que cuando se aplican los coeficientes reductores sobre la base, a veces apenas llega a afectar a la cuantía final que perciben los pensionistas de altos salarios. Escrivá defiende este cambio para que las penalizaciones sean más equitativas, pero los agentes sociales advierten de que en realidad estos trabajadores ya están siendo penalizados al cotizar por salarios mucho mayores a la pensión que van a percibir y que está topada.
La otra manera que el Gobierno plantea para endurecer y desincentivar la jubilación anticipada es penalizar más (con mayores coeficientes reductores) los primeros años y los últimos a los que se puede optar al retiro anticipado. Esta mayor penalización de los extremos busca, en el primer caso, que la gente no se retire en cuanto puede hacerlo y esté cobrando tantos años la pensión, y en el segundo, que le compense aguantar unos meses más a la edad legal de jubilación.
Endurecer la jubilación parcial
El Ejecutivo también propone revisar la jubilación parcial, que permite reducir la jornada (y el salario) mientras se compatibilizar con parte de la pensión. Escrivá plante la modificación de algunos requisitos de acceso a la jubilación parcial, “con el fin de preservar la función de esta figura”, que facilita la jubilación gradual y favorece la inserción de los jóvenes, apunta el documento.
Por un lado, se limita la posibilidad de concentración de jornada, para evitar que la jubilación parcial se utilice “como mecanismo de jubilación anticipada sin coeficientes penalizadores”, y por otro, se hace incompatible la jubilación parcial con el cobro del la prestación por desempleo.
Prohibición de la jubilación forzosa
La reforma también pretende prohibir la jubilación forzosa que se puede acordar en determinados convenios colectivos, que facilitó la anterior ministra Magdalena Valerio a petición de la patronal. Con la intención de nuevo de “favorecer la prolongación de la vida laboral”, se plantea que los convenios colectivos no puedan establecer cláusulas que posibiliten la llamada jubilación forzosa, que suponen la extinción del contrato del trabajador cuando cumple la edad legal de jubilación (y tiene acceso al 100% de su pensión).
La Seguridad Social propone que la prohibición se aplique a los convenios colectivos suscritos a partir de la entrada en vigor de la reforma. En el caso de los convenios colectivos suscritos con anterioridad que recogieran esta posibilidad, el Gobierno plantea que no puedan aplicarse “una vez transcurrido un año” desde que termine la vigencia inicial pactada del convenio en cuestión.
Fuentes del diálogo social destacan que esta es solo una propuesta “muy inicial” del Gobierno y que aún está pendiente la negociación de las medidas. Algunas de ellas generan una importante oposición de los agentes sociales, como la manera de endurecer la jubilación anticipada. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado partidario de aprobar la futura reforma de las pensiones con el respaldo de los sindicatos y la patronal, tras lograr un amplio acuerdo político en el Pacto de Toledo. Así, el tiempo dirá cuánto se mueve el Ejecutivo respecto a estos planes iniciales para lograr el aval de los agentes sociales y para convencer también a Bruselas.