El Gobierno prevé aumentar lo que cotizan los salarios más altos a lo largo de 30 años en la reforma de las pensiones

Palabra por palabra, la reforma de pensiones enviada por el Gobierno de coalición a Bruselas ha sido publicada este miércoles. Las líneas generales de las modificaciones, en torno a nueve ejes de reforma, ya se conocían debido a que el Ejecutivo había informado de ellas a los agentes sociales. Pero el texto definitivo enviado a la Comisión Eueopea se ha conocido por primera vez hoy y de él se pueden extraer algunas novedades. Por ejemplo, define el margen temporal en el que pretende aumentar lo que cotizan los salarios más altos de manera progresiva, durante las próximas tres décadas, y se retira la palabra “ampliar” (se deja solo “adecuar”) respecto al periodo de cómputo para calcular la pensión de jubilación a partir de 2023.

Así consta en el documento, el componente 30 del Plan europeo de Recuperación que ha enviado España a Bruselas y que tiene por título 'Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo'. “La reforma de las pensiones está orientada a asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, medio y largo plazo, mantener el poder adquisitivo, preservando su adecuación y suficiencia en la protección frente a la pobreza, y garantizando la equidad intergeneracional”, recoge el documento, que enfatiza la voluntad de la que la reforma adquiera el consenso en el diálogo social después de alcanzar el acuerdo político en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

El Gobierno explica en el Plan enviado a la Comisión que las distintas reformas contempladas en este componente 30 no implicarán costes e inversiones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El texto enviado especifica el calendario de los nueve ejes de reformas. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya adelantó en marzo el despliegue de las medidas en este 2021 y 2022, pero este documento es el enviado a la Comisión el pasado 30 de abril, que recoge algún cambio y además también detalla las reformas que se prevén para 2023.

Estas son las primeras reformas

Los cambios más inmediatos, que se pretenden aprobar antes de finalizar este año, consisten en la revalorización de las pensiones con el IPC, el acercamiento de la edad efectiva de jubilación (actualmente en 64,6 años) a la edad legal, y la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, de manera que se traspasen los llamados “gastos impropios” de las arcas del organismo al conjunto del Estado a través de los Presupuestos. Esta última medida ya se ha empezado a aplicar en los Presupuestos Generales de 2021 y se seguirá desplegando hasta 2023, cuando el gobierno prevé que elimine el déficit de la Seguridad Social.

El acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la legal incluirá varias medidas para conseguir tal fin. Entre ellas, el Gobierno detalla a Bruselas el endurecimiento de los coeficientes reductores de las pensiones más altas porque en la actualidad el sistema es “regresivo”, apunta el Gobierno, y la ampliación de los incentivos para alargar la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, para lo que el ministro José Luis Escrivá ha planteado a los agentes sociales la posibilidad de cobrar un cheque en pago único de hasta 12.000 euros.

El Ejecutivo también envía a la Comisión que “es una precondición eliminar los obstáculos de todo tipo, incluido los legales, convencionales o sociales al mantenimiento voluntario de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo”. Es decir, eliminar la jubilación forzosa, un elemento al que todavía se resisten los empresarios en la mesa de diálogo social.

Retraso de la cotización de los autónomos según sus ingresos

Para el año 2022 el Gobierno plantea otro gran paquete de reformas en el componente de pensiones, aunque la mayoría se prevé que tengan despliegues progresivos en el tiempo.

Es el caso del aumento muy gradual de lo que cotizan los salarios más altos, a través del incremento de la base máxima de cotización, que irá “acompasada de una adaptación de la pensión máxima” para “no alterar la naturaleza contributiva del sistema”. Es decir, que las pensiones tengan una relación con lo que las personas cotizan al sistema como trabajadoras. El Gobierno prevé que estas aumenten más que el IPC, para solventar el aumento de la desigualdad en la sociedad, plasmada también en los salarios. La previsión es aprobar la medida “antes de la finalización de de 2022”, si bien “la reforma se implementará a lo largo de las próximas tres décadas”.

La Seguridad Social avisó a los agentes sociales la semana pasada de que el nuevo sistema de cotización de los autónomos, para que coticen en función de sus ingresos, previsiblemente se retrase respecto a la previsión inicial del Gobierno, de ponerlo en marcha en enero de 2022. En el documento enviado a Bruselas se plantea “la aprobación en el primer semestre de 2022”, pero se apunta que tendrá un “despliegue gradual a partir de esa fecha”, sin concretar el arranque del nuevo sistema.

Para “antes de la finalización de de 2022” también se prevé la aprobación del nuevo “mecanismo de equidad intergeneracional” que sustituya el “factor de sostenibilidad” de las pensiones que aprobó el Gobierno de Rajoy en la reforma unilateral de 2013. El factor de sostenibilidad ligaba de cara al futuro las nuevas pensiones iniciales a la esperanza de vida en cada momento, con una fórmula muy compleja.

Este nuevo mecanismo de “equidad” no se detalla. “Se prevé la introducción de un nuevo instrumento en virtud del cual los parámetros fundamentales del sistema serán objeto de revisión periódica en el marco del Pacto de Toledo en función del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista y del nivel de gasto agregado”, recoge el texto. El objetivo del mecanismo es “incorporar indicadores que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población, y que liberen a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas”.

Por último, la revisión e impulso de los sistemas complementarios de pensiones de empleo tendrán lugar “en el primer semestre de 2022, si bien la reforma tendrá un claro efecto acumulativo en el tiempo”. Algunas medidas, como aumentar los incentivos a costa de los planes de pensiones individuales ya se han plasmado en los Presupuestos de 2021. El Gobierno creará además “fondos de pensiones de empleo de promoción pública, gestionados por el sector privado”, con los que el ministro Escrivá pretende que se amplíe mucho su uso en España.

A partir de 2023

El ministro sitúa en 2023 el arranque de la reforma del periodo de cómputo para calcular la pensión de jubilación. Fue el punto de la reforma de pensiones que trajo más polémica dentro del Gobierno de coalición, ya que desde Unidas Podemos se rechazó la opción de ampliar los años de cálculo a 35 (de los 25 de la legislación vigente), como estuvo plasmado en borradores de trabajo del componente 30.

El ministro Escrivá, que ha negado siempre su intención de ampliar a 35 años este periodo pese a los documentos filtrados, ha insistido en que este cambio del periodo de cómputo no supondrá un “recorte” para los pensionistas.

¿Qué es lo que dice el componente? “Como tercera de las medidas que integran el bloque que tiene por objeto profundizar en la reforma de 2011, se plantea adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora en las carreras más largas, junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional”.

Cabe destacar que en el párrafo anterior se ha retirado la palabra “ampliar”, ya que en borradores previos se recogía “se plantea ampliar y adecuar”. Sin embargo, en la explicación que motiva “la necesidad de la reforma” se habla de “la extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión”. Eso sí, apunta que “se revisará el procedimiento de integración de lagunas de cotización, para atender a la realidad de unas trayectorias laborales cada vez más atípicas por fragmentadas, especialmente asociadas a la temporalidad, que perjudica de manera muy señalada a los jóvenes, así como a las mujeres, que experimentan en media más interrupciones en su vida laboral”.