El Gobierno propone un aumento temporal de las cotizaciones para garantizar las pensiones del 'baby boom'

Ya ha comenzado la negociación del 'mecanismo de equidad intergeneracional' (MEI). La mesa de diálogo social entre la Seguridad Social y los agentes sociales han arrancado con un “planteamiento inicial” de este instrumento, explican en el Ministerio que dirige José Luis Escrivá. El MEI es el encargado de sustituir al factor de sostenibilidad de la reforma del PP, aunque sin provocar los elevados recortes de este. El Gobierno propone aumentar de manera temporal, durante diez años, las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores con el objetivo de crear un colchón de ingresos para la jubilación de los llamados baby boomers, según el borrador al que ha tenido acceso elDiario.es.

El Ejecutivo había anunciado el mecanismo de equidad intergeneracional como una herramienta que busca garantizar el sistema de pensiones en las próximas décadas dado el aumento del número de pensionistas (y del gasto en pensiones) que tendrá lugar con las jubilaciones de la generación muy numerosa del baby boom.

El reto del Gobierno pasa por sustituir el factor de sostenibilidad unilateral de la reforma de pensiones de 2013, de Mariano Rajoy, pero con una herramienta distinta que no suponga recortes masivos de las pensiones futuras –sobre todo las de los ahora jóvenes– como hacía el indicador del PP.

Un mecanismo en dos fases

El MEI presentado por la Seguridad Social esta tarde se prevé en dos fases. La primera se desplegaría en todo caso, que es la que busca garantizar un colchón de ingresos a la Seguridad Social para el retiro de los baby boomers, y la segunda solo se activaría en caso de que este dinero no fuera suficiente y siguiera habiendo tensiones de gasto en el sistema.

La primera fase, o “componente” del mecanismo de equidad (como lo denomina la Seguridad Social), consiste en un aumento temporal de las cotizaciones sociales que aportan empresas y trabajadores durante los próximos diez años. El planteamiento del Gobierno es que esta cotización adicional (de 0,5 puntos porcentuales) se iniciara partir de 2023, hasta 2032, y que el dinero recaudado fuera destinado de manera finalista al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como la 'hucha de las pensiones'. Esta, que llegó a acumular casi 67.000 millones, fue vaciada sobre todo durante el mandato de Mariano Rajoy y solo cuenta ahora con menos de 2.000 millones.

La segunda fase es lo que el ministro Escrivá denomina “contingente”. Es decir, que solo se activaría en caso de que fuera necesario a partir de 2032. ¿Qué se propone en concreto? El Gobierno plantea que a partir de entonces, y cada tres años, se verifique si el nivel de gasto esperado de las pensiones en 2050 “supera la previsiones” para ese año del informe de la Comisión Europea en 2024, descontando el efecto que habría tenido el factor de sostenibilidad.

Si en estas revisiones el nivel de gasto estimado para 2050 es inferior al umbral previsto por Bruselas, no se aplicaría ninguna medida. Además, podría valorarse la utilización de los fondos recaudados en la 'hucha de las pensiones' para “reducir cotizaciones sociales” o “mejorar la cuantía de las pensiones”. Esto supondría una especie de devolución tras el esfuerzo de aportaciones adicionales al sistema.

Pero, si el gasto esperado en el seguimiento trianual fuera superior al umbral fijado para 2050, el Ejecutivo plantea que se aplicaran más medidas. La primera respuesta a esta situación queda detallada en el borrador: sería disponer del dinero del Fondo de Reserva para financiar el exceso de gasto en pensiones previsto, con un límite anual del 0,2% del PIB.

¿Y si con este apoyo tampoco fuera suficiente? Si con esos fondos no se cubriera la desviación del gasto esperado, se plantea que el gobierno en el poder en ese momento negocie con los interlocutores sociales, y después en el Pacto de Toledo, “una propuesta dirigida a minorar el porcentaje de gasto en pensiones”. Estas medidas, que no se detallan en el documento, deberían compensar la desviación en la previsión de gasto “con un límite del 0,4% del PIB”.

Para disminuir el gasto en pensiones se pueden tomar medidas de muy distinto tipo. Generalmente, cuando se habla de reducir el gasto se barajan opciones como disminuir la cuantía de la pensión, retrasar el momento del retiro, tocar elementos que incidan solo en algunos colectivos (jubilaciones anticipadas, demoradas...), etc. En cualquier caso, la Seguridad Social propone que esto se negocie en el futuro, solo en el caso de que sea necesario.

Por último, si con todas estas medidas –incluidas las de reducción del gasto– siguiera sin ser suficiente para afrontar una desviación prevista del gasto en pensiones para 2050, se plantea que el ejecutivo en el poder negocie con los agentes sociales “una propuesta” que incremente el tipo de cotización. Es decir, más ingresos al sistema. De nuevo, esta medida se propone que tenga un límite, del 0,4% del PIB.

El 15 de noviembre tiene que estar listo

“Se ha llevado a la Mesa del Diálogo Social de pensiones esta tarde un planteamiento inicial sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que propone, como siempre se ha indicado desde el Ministerio, una herramienta contingente, de carácter temporal y equilibrada”, se limitan a afirmar desde la Seguridad Social. “Ha habido muchas aportaciones constructivas y se está negociando”, apuntan.

Los agentes sociales han sido citados de nuevo el próximo lunes para seguir negociando. Hasta este martes no se conocían detalles del MEI anunciado, más allá de las declaraciones del ministro Escrivá sobre un “pequeño ajuste” en las pensiones de los baby boomers, de las que se retractó más tarde.

Este martes, la Seguridad Social ha desvelado por fin la propuesta sobre este mecanismo de equidad, cuyo enfoque principal es incidir en los ingresos, no en un recorte del gasto. El Gobierno se comprometió a incorporar antes del 15 de noviembre al primer bloque de la reforma de pensiones, que deroga el factor de sostenibilidad del PP y que se está tramitando en el Congreso. Los agentes sociales tienen así apenas dos semanas para tratar de consensuar este instrumento o el Ejecutivo lo incorporará en solitario.