El Gobierno ha propuesto hoy a los agentes sociales que las pensiones dejen de revalorizarse cada año conforme al IPC, como ocurría hasta ahora, y pasen a hacerlo según un nuevo indicador de revalorización de las pensiones. Este índice tendría en cuenta la inflación, pero también otros factores, como los ingresos y gastos del sistema, o la situación de déficit o superávit estructural del sistema. Este cambio comenzaría a aplicarse desde 2014.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que habrá un suelo de crecimiento mínimo de las pensiones: estas prestaciones crecerían al menos un 0,25% cada año. También habrá un tope máximo: como mucho, podrían aumentar el IPC más 0,25%.
En cualquier caso, esta fórmula no resguarda a los pensionistas de pérdidas de poder adquisitivo: si la inflación es, por ejemplo, del 1,5% y la revalorización de ese año es tan solo del 0,25%, los pensionistas perderían más de un punto de poder adquisitivo, sin que puedan esperar una compensación posterior.
El Ejecutivo ha propuesto también que a partir de 2019 comience a aplicarse el factor de sostenibilidad propiamente dicho, que, en palabras de la ministra, tendrá en cuenta la esperanza de vida que exista en el momento en que un pensionista entra a formar parte del sistema para calcular su pensión.
Sin embargo, en esta primera reunión con sindicatos y patronal Empleo no ha concretado las fórmulas con las que se aplicarían estos cambios. De hecho, las centrales han demandado “papeles” y “documentación” para poder analizar las propuestas, aunque auguran un “proceso de negociación muy complejo”.
Báñez ha descartado que el Gobierno vaya a aumentar la edad de jubilación más allá de los 67, pero no ha descartado otras “reformas paramétricas”.