El Gobierno ha remitido al Congreso un escrito en el que se opone a la tramitación parlamentaria de una proposición de ley firmada por el PDeCAT para fomentar el uso del coche eléctrico y alude que supondría un gasto público directo de unos 17 millones de euros.
“La aprobación de esta Proposición de Ley supondría un aumento de los créditos presupuestarios y una disminución de los ingresos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta su conformidad para su tramitación”, argumenta el Ejecutivo.
La proposición de Ley del PDeCAT pide una ayuda directa a la compra de vehículos eléctricos del 25 % del coste del vehículo por importe máximo de 7.000 euros por automóvil así como ayudas específicas para la instalación de puntos de recarga que oscilarían entre los 1.000 euros y los 500 euros.
Para estas ayudas se fija una dotación mínima de 20 millones de euros anuales, además de que la proposición de Ley propone un nuevo modelo en la gestión de los sistema de carga que existen en las ciudades para estos vehículos y exenciones y bonificaciones en determinados impuestos.
El Gobierno señala que en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados para el ejercicio 2017 existen dotaciones destinadas a subvencionar la compra de este tipo de vehículos y la instalación de puntos de recarga por importe de 16,6 millones de euros, por lo que aceptar esta propuesta significaría incrementar el gasto actual en, al menos, 3,50 millones de euros anuales.
Además, considera que el total de vehículos acogido a las mismas puede situarse alrededor de las 2.000 unidades en 2016 y que el gasto público directo rondaría en los 17 millones de euros.
El portavoz de Empleo del PDeCAT Carles Campuzano ha criticado que el Gobierno vete nuevamente una iniciativa legislativa que supone extender el uso del coche eléctrico y ha lamentado que se impulse que el fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Telsa abra alguna tienda en Barcelona y al mismo tiempo se produzca este veto.
“Con esta lógica de aumento del presupuesto no habrá ninguna iniciativa de la oposición que pueda tramitarse”, ha afirmado.
En el mismo sentido, el portavoz de la Comisión de Hacienda del Congreso, Francisco de la Torre, ha criticado la “utilización arbitraria” que el Ejecutivo hace del veto al oponerse a la eliminación del impuesto al sol o al coche eléctrico, “que parece que es una defensa de la industria petrolera y sin embargo permite la tramitación en el Parlamento de una propuesta de Renta Mínima que cuesta 12.000 millones de euros”.
“Si las propuestas no le gusta las vetas y otras que cuestan decenas de millones más no las veta el PP”, ha afirmado.
En la proposición de Ley del PDeCAT el Gobierno también se opone a que las ayudas percibidas, que propugna la iniciativa, no estén sujetas a la tributación en el IRPF y añade que con carácter general suponen una ganancia patrimonial.
La iniciativa catalana pide adaptar el Real Decreto que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, permitiendo la cesión o reventa de energía por parte del titular del punto de suministro, siempre que dicha cesión o reventa se produzca en el mismo lugar para el que fue contratada la energía.
Asimismo, exenciones fiscales en el impuesto a la energía suministrada en puntos de recarga rápida de vehículos eléctricos o bonificaciones en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de hasta el 100 % del impuesto de vehículos de tracción mecánica en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.
Otra petición es prever un mínimo obligatorio de plazas de aparcamiento con dotación de infraestructura de recarga normal.