La Fiscalía y el Gobierno del Principado de Asturias, que dirige el socialista Javier Fernández, han solicitado la libertad provisional con cargos para los principales condenados por el Caso Marea, el mayor escándalo de corrupción de la región, al entender que “no hay riesgo de fuga” y los condenados, entre ellos el exconsejero socialista José Luis Iglesias Riopedre, han depositado las correspondientes fianzas y cumplido con sus obligaciones con la Justicia. Mientras tanto, se ha exigido que se les prohíba salir del país y que se les obligue a comunicar cambios de domicilio.
Será ahora la sección tercera de la Audiencia Provincial la que tenga que analizar los casos y decidir si entran en prisión o no, hasta que la sentencia no sea firme. El grupo parlamentario Podemos-Asturias mantiene su petición de cárcel.
Iglesias Riopedre, ex consejero de Educación del Gobierno de Asturias entre 2003 y 2010, tiene una pena de seis años de cárcel y una multa de 400.000 euros, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años. La Audiencia Provincial lo considera autor de un delito continuado de prevaricación, otro de falsedad documental mercantil y uno más continuado de fraude y cohecho a la Administración pública. Su cargo se desarrolló durante el Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces. Cuando el Tribunal Supremo resuelva su recurso tendrá más de 80 años.
La sentencia también condenó a su 'número dos', la antigua directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras y jefa de compras de la citada Consejería, María Jesús Otero Rebollada, culpable de los mismos delitos que su exjefe y le impuso una pena de nueve años y seis meses de prisión y una multa de dos millones y medio de euros por cohecho. La entonces funcionaria Marta Renedo Avilés ha recibido también una pena de nueve años de prisión y una multa de 480.000 euros.
Los otros dos grandes protagonistas, los empresarios Alfonso Carlos Sánchez Sánchez y Víctor Manuel Muñiz Menéndez, que estaban vinculados a las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, fueron condenados a seis años y medio de cárcel para cada uno y multas de 1,9 y 1,5 millones de euros respectivamente. El tribunal consideró probados los delitos de malversación de fondos públicos y pago y cobro de comisiones ilegales para la adjudicación de contratos en la Administración regional.
Estas empresas, ahora en quiebra, abastecían de material de oficina y papelería a la Administración regional y varios consistorios asturianos. La trama corrupta se dio a conocer en febrero de 2010, año en que Riopedre renunció al cargo aduciendo motivos de salud. El caso salió a la luz gracias durante la investigación de otro supuesto caso de corrupción, el de la ex jefa de servicios de procesos administrativos del Principado, Marta Renedo Avilés, por irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a una empresa de su propiedad, Implans Mounts.
Esta exfuncionaria también había facturado numerosos contratos tanto a Igrafo como a Almacenes Pumarín, por lo que se estableció la vinculación con la Consejería de Educación en el período en el que estaban al frente Iglesias Riopedre y Otero. Desde la Administración, según la sentencia, se amañaban y se recibían comisiones por adjudicar contratos, en este caso, para la compra de material de oficina.
Los encargados de la trama eran altos cargos de la Administración, encabezados por el exconsejero de Educación y su mano derecha, conocida por su austeridad en la vestimenta y modo de vida. La Fiscalía pedía 32 años de cárcel para los tres principales imputados y más de nueve millones en multas. El juicio comenzó en abril de 2016 con 13 acusados. Se ha podido demostrar que los delitos arrancaron en 2001 y en el caso de la funcionaria Marta Renedo los métodos fraudulentos la llevaron a crear su propia empresa en 2008. Le adjudicó hasta 38 contratos por un importe cercano a 1,4 millones de euros.