Primera reunión para prorrogar los ERTE a partir del 30 de septiembre con pocos detalles. El Gobierno tiene la voluntad de ampliar los ERTE más allá de la fecha de caducidad, a finales de este mes, pero no ha concretado este jueves a los sindicatos y los empresarios hasta cuándo propone extender los expedientes por la pandemia, explican fuentes del diálogo social. Tampoco ha detallado qué quiere hacer con las ayudas a las empresas. Lo que sí ha adelantado el Ejecutivo son dos puntos centrales de la prórroga: una apuesta por la formación de los trabajadores que siguen inactivos en ERTE y poner el foco en el fraude de las empresas.
La formación como elemento prioritario en esta nueva prórroga de los ERTE ha sido adelantada por el ministro José Luis Escrivá, en una rueda de prensa esta mañana. El responsable de la Seguridad Social ha explicado que unos 250.000 trabajadores continúan en expedientes temporales y que ahora “la prioridad” debe ser su formación para mejorar su cualificación en el mismo sector o para redirigir sus carreras si las actividades a las que se dedican no se reactivan en los mismos términos que antes de la pandemia.
El ministro Escrivá ha explicado que, pasados tantos meses desde la irrupción del coronavirus y con la supresión de restricciones contra la expansión del virus, la inmensa mayoría de las empresas y trabajadores han vuelto a la actividad. Aunque algunos sectores no han recuperado del todo su negocio (como puede ser el turismo), algunas compañías que siguen en ERTE también están abordado problemas “estructurales”, ha advertido el ministro. En estos casos, la formación es un elemento central para facilitar una salida a los trabajadores afectados, que puede que tengan que buscar otro empleo.
Y las cifras de ERTE revelan otro problema, que el Gobierno quiere también atajar de manera prioritaria en esta prórroga: el fraude de algunas empresas en ERTE. Siempre ha sido una preocupación del Ejecutivo, pero cuando los ERTE se contaban por cientos de miles, era más complejo detectarlo. Aun así, la Inspección de Trabajo ha sancionado a más de 5.500 compañías por este motivo. Sin embargo, ahora hay muchos menos expedientes activos y la labor de fiscalización es más asequible, por lo que el Gobierno pretende intensificar esta tarea.
En el punto de mira están todas las empresas, pero sobre todo aquellas de sectores que han recuperado en principio la actividad y que no afrontan restricciones. En concreto, hay un dato que inquieta: unos 90.000 trabajadores están en ERTE, ha explicado José Luis Escrivá, aunque sus empresas no reciben ninguna ayuda a la cotización por ellos. Es decir, que la empresa está pagando sus cotizaciones sociales a la Seguridad Social pese a que no están trabajando. Ellos están cobrando la prestación por desempleo.
La situación, sospechosa, hace pensar que puede que algunas compañías mantengan a sus empleados en ERTE, pero les estén haciendo trabajar, ha advertido este jueves el líder de CCOO, Unai Sordo, en una rueda prensa. “Una parte de las personas en ERTE probablemente está trabajando. Hay empresas con gente en ERTE sin ninguna bonificación y en sectores donde hay actividad. A priori, suena raro, da la impresión de que las empresas están obligando a trabajar al personal. Hay que mirarlo”, ha defendido Sordo.