Una carretera para ahorrarse unos 15 minutos de trayecto. Así es como Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, vendió la inauguración en 2015 del tramo Solares-La Encina de la Autovía del Cantábrico (A-8). La exministra destacó que la apertura de la carretera culminaba la “vertebración” de la Cornisa Cantábrica y dejó de ser “una promesa de futuro” para ser una realidad de presente.
A Pastor, sin embargo, se le olvidó mencionar la inversión extra que tuvo que realizar su ministerio para poder finalizar el proyecto. La obra salió a concurso por 135 millones de euros en diciembre de 2006, y fue adjudicada tres meses más tarde por 90. El proyecto terminó costando 157 millones de euros: un sobrecoste del 73%.
Hasta la fecha, la diferencia entre el precio que el Gobierno adjudicaba a la constructora para una obra pública y el coste final de ese proyecto era una información que el Ejecutivo ha guardado en estricto secreto. Gracias a una petición de información enviada por eldiario.es, ahora sabemos que el Gobierno de Rajoy pagó 603 millones de euros en sobrecostes de obra pública en los últimos tres años.
En concreto, el Gobierno ha desvelado los sobrecostes autorizados a partir de diciembre de 2014 en los que incurrieron 54 proyectos de obra pública adjudicados por el ministerio de Fomento entre 2007 y 2014. Medio centenar de contratos para construir carreteras, puentes, líneas de AVE o estaciones de tren adjudicados por 2.464 millones que costaron finalmente a las arcas públicas 3.068 millones de euros.
Pese a que desde la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda con Íñigo de la Serna aseguró a eldiario.es que los sobrecostes responden a “modificaciones producidas a partir del 10 de diciembre de 2014”, fuentes del equipo que gestionó la cartera de Fomento bajo la dirección de Ana Pastor apuntaron que algunas modificaciones se hicieron con anterioridad a su llegada al Ministerio por lo que “no fueron autorizadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, en todo caso, fueron pagadas por este Gobierno”.
Las mismas fuentes admitieron que no tenían información suficiente para señalar las obras cuyos sobrecostes se aprobaron con Ana Pastor como ministra y subrayaron que en el aumento de precios “habría que añadir factores externos a su gestión, como la subida del IVA que aprobó el Gobierno”.
Además del desvío del 73% del tramo de la Autovía del Cantábrico entre Solares y La Encina, el listado revela otros proyectos que multiplicaron su coste final después de haber sido adjudicada la obra: la estación provisional de viajeros del AVE en Vigo-Guixar, con un sobreprecio del 71%, el puente de la bahía de Cádiz, que se encareció un 57% su coste final, o el acceso ferroviario del Cercanías de Madrid al aeropuerto de Barajas, que costó a las arcas públicas un 50% más.
Una sentencia judicial obligó al Ejecutivo de Rajoy a revelar estos sobreprecios en las obras adjudicadas por el ministerio de Fomento tras una solicitud de información de eldiario.es a través del Portal de Transparencia. En virtud de esta resolución judicial, Fomento remitió a este medio un listado de modificados, obras complementarias y otros costes adicionales de las obras adjudicadas por el departamento.
La información proporcionada por el ministerio de las Direcciones Generales de Carreteras, Ferrocarriles (extinta) y Arquitectura Vivienda y Suelo, sin embargo, solo se refiere a las modificaciones producidas a partir del 10 de diciembre de 2014, fecha en la que se aprueba la Ley de Transparencia. De esta manera, el Gobierno siguió ocultando los sobreprecios de las obras adjudicadas por los organismos dependientes de Fomento: Aena, ADIF o Renfe, entre otros.
“Estamos analizando en profundidad la herencia que ha dejado el Gobierno del PP”, aseguran fuentes de Fomento a eldiario.es, que afirman que el nuevo Ejecutivo de Sánchez “va a trabajar siempre con la máxima transparencia”.
La mitad de las obras con sobreprecios remitidas por el ministerio se refieren a proyectos en las comunidades de Galicia, Andalucía y Cataluña. De los 54 contratos analizados, en 21 se autorizaron sobrecostes por encima del 20% del precio de adjudicación.
Ofertar a la baja para llevarse el contrato
Hasta 2011, la única manera de llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas desde el centro de la ciudad era coche, metro o autobús. Fue en septiembre de ese año cuando se inauguró la conexión en Cercanías con la Terminal 4 del aeropuerto. El ministro de Fomento, José Blanco, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón apadrinaron ese primer viaje en tren.
Fomento licitó la superestructura, electrificación e instalaciones del acceso ferroviario a Barajas por 52 millones de euros. Una UTE entre Ferrovial y la constructura Azvi se llevaron el contrato por 47 millones, una baja del 10%. El coste final de la obra: 71 millones, un sobreprecio del 50%.
Este sistema se repite en todas los proyectos de obra pública que facturaron sobrecostes en los últimos tres años de Gobierno. La constructora hace una oferta a la baja y, cuando la obra ya está adjudicada, empiezan a añadir modificados y obras complementarias para incrementar el coste final.
En muchos casos, además, el sobrecoste de la obra termina superando el presupuesto fijado por el ministerio para desarrollar el proyecto. Son los casos de las obras del AVE en Galicia, el acceso ferroviario a Barajas en Cercanías, el puente de la bahía de Cádiz o los distintos tramos de la Autovía del Cantábrico.
El caso del puente de Cádiz, denominado Puente de la Constitución de 1812, es uno de los casos más emblemáticos de este modelo. Las obras del coloso salieron a concurso por 299 millones de euros. ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, se llevó el contrato con una oferta a la baja por 273. Según los datos remitidos por Fomento a eldiario.es, el precio final de la obra subió 156 millones: un 57% más.
Este sobrecoste fue el más cuantioso en números absolutos autorizado por el Ministerio de Fomento desde diciembre de 2014.
La batalla de la transparencia
El proceso para revelar esta información arrancó en diciembre de 2016, cuando eldiario.es envió una solicitud de información al Portal de Transparencia en la que pidió el listado de modificados, obras complementarias y otros costes adicionales de los contratos de obra adjudicados por el Grupo Fomento desde 2008 hasta la actualidad.
Tras una primera negativa del Ministerio a revelar esa información, este medio reclamó ante el Consejo de Transparencia, el órgano estatal independiente que se encarga de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia.
El Consejo dio la razón a este medio y resolvió que la propia ley de transparencia obliga a todos los ministerios del Gobierno a hacer pública la información relativa a las modificaciones de los contratos públicos. Así, el Gobierno estaría incumpliendo la normativa que él mismo promovió al no publicar esta información de manera activa.
Siete meses después de recibir la solicitud, el Gobierno llevará la resolución a los tribunales para evitar divulgar los sobreprecios de las adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Fomento, tal y como publicó eldiario.es.
El revés judicial para el Gobierno llegó en febrero de 2018, cuando el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid desestimó el recurso del Gobierno para seguir ocultado los sobrecostes de obra pública. La sentencia, sin embargo, solo obligaba al ministerio a remitir los expedientes posteriores a la aprobación de la Ley de Transparencia, en diciembre de 2014.
En cumplimiento de esa sentencia, Fomento remitió el listado de sobrecostes a eldiario.es. Sin embargo, solo incluyó las obras adjudicadas directamente por el Ministerio de Fomento y dejó fuera los contratos de los organismos dependientes como Aena, Renfe o Adif, que acumulan la mayor parte de la obra pública del Gobierno.