El Gobierno de Pedro Sánchez cumple con la primera de sus promesas de revertir los efectos “más dañiños” de la política laboral del mandato de Mariano Rajoy. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 incluye la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años, que el Ejecutivo del PP restringió de varias formas, entre ellas limitando su acceso hasta los 55 años. La medida afectará a unos “114.000 parados”, según los cálculos del Gobierno, si las cuentas de los socialistas salen adelante.
El subsidio para parados mayores de los 52 años fue una de las víctimas de las políticas de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy durante la crisis. En un decreto de julio de 2012 (posterior a la reforma laboral de ese año), el Ejecutivo modificó esta ayuda elevando la edad de acceso a los 55 años y –en esta y otra reforma de 2013– cambió varios aspectos que endurecieron sus condiciones.
El subsidio está dirigido a los desempleados de avanzada edad que, con o sin cargas familiares, hayan agotado otra prestación por desempleo, cotizado al menos seis años a lo largo de su vida y cumplan con los requisitos para acceder a una pensión contributiva, salvo la edad.
Según los últimos datos de paro registrado de diciembre, 3,2 millones personas se encontraban en desempleo. De ellas, 1,6 millones tenían más de 45 años, el grupo de edad en el que menos se recorta el número de parados respecto al año anterior.
Entre los recortes aprobados por el PP, además de elevar la edad de acceso, se obligaba a sus beneficiarios a jubilarse en la primera oportunidad que tuvieran (no a la edad ordinaria como estaba antes), se reducía la cotización de la Seguridad Social para la jubilación de estos trabajadores y se disminuía su cuantía cuando el último empleo hubiera sido a tiempo parcial.
Además, los ingresos que se tenían en cuenta para acceder al subsidio antes de las reformas de Rajoy eran los personales, pero tras un decreto de 2013 se pasó a considerar los familiares. Esta situación provocó que muchas personas que antes podían optar a la ayuda por su situación personal de desempleo quedaran fuera si en su hogar había trabajadores que cumplían con el mínimo de renta. Este requisito fue tumbado por el Tribunal Constitucional este julio.
Promesa que llega con retraso
La recuperación de este subsidio es una de las principales exigencias de los sindicatos mayoritarios dentro su paquete de elementos más perjudiciales de la política laboral del Gobierno de Rajoy, aunque no se aprobara expresamente en la reforma de febrero de 2012. Además, UGT y CCOO reclaman al Ejecutivo socialista que apruebe ya la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empleo, la recuperación de la ultraactividad de los convenios (su prórroga indefinida cuando no se ha acordado uno nuevo) y la garantía de las condiciones laborales de los trabajadores de empresas subcontratadas.
UGT destacaba en un reciente comunicado la necesidad de aprobar ya esta ayuda “ya que afecta a uno de los grupos sociales más golpeados por la crisis, con mayor riesgo de hundimiento de sus condiciones de vida”, por sus dificultades de reincoporarse al mercado laboral dada su elevada edad. Según un estudio del sindicato, el 70% de los parados que llevan más de cuatro años buscando empleo son mayores de 50 años.
En el mismo sentido se ha pronunciado Comisiones Obreras, que recuerda que esta ayuda es “prácticamente la única prestación social con la que cuentan los trabajadores y trabajadoras que pierden su empleo en la última etapa de su vida laboral”.
El Gobierno de Sánchez tumba en sus Presupuestos las restricciones al subsidio que impuso el PP, aunque lo hace más tarde de lo prometido. El Ministerio de Trabajo anunció que se recuperaría en septiembre, una fecha que se sobrepasó sin que los desempleados de avanzada edad vieran cumplirse la promesa. Finalmente, el Ejecutivo ha incluido la medida dentro de los gastos previstos para sus cuentas para 2019, que aún no han logrado los apoyos necesarios para salir adelante.
Debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez los sindicatos han exigido al Ejecutivo que apruebe varias medidas “urgentes”, entre las que se encuentra este subsidio, por decreto. Así lo defendía esta semana el secretario general del UGT, Pepe Álvarez, a propósito de las modificaciones de elementos clave de la reforma laboral. “Creo sinceramente que la vía es esta, porque la vía de reforma legislativa se duerme en la mesa del Congreso de los Diputados”, apuntó.
Aumento del 4% en el gasto por desempleo
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que los Presupuestos recogen un aumento del gasto en materia de desempleo “por primera vez en cinco años” pese a que la previsión del Gobierno es que el número de parados se reduzca en unas 800.000 personas a lo largo de 2019. La tasa de desempleo media estimada por el Ejecutivo para 2019 es del 14%, lo que supone un aumento de dos décimas respecto a la prevista hasta el momento.
Montero ha detallado que el incremento del gasto previsto es de un 4% y lo ha justificado “íntegramente por la ampliación de partidas sociales para los desempleados”, como la recuperación del subsidio para mayores de 52 años.
El Ministerio de Trabajo dirigido por Magdalena Valerio tiene pendiente para los próximos meses la creación de un nuevo modelo de protección por desempleo asistencial que sustituya al actual, que considera “complejo, disperso e ineficaz”.
En el 'macrodecreto' con medidas laborales y de pensiones de final de año el Gobierno prorrogó la vigencia del Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED), que caducaba este enero, pero se trata de una medida temporal hasta que logre un consenso con los agentes sociales y el resto de Comunidades Autónomas sobre estas ayudas para desempleados que no tienen acceso a la prestación contributiva. El Ejecutivo se ha comprometido a presentar una propuesta “en los primeros cuatro meses de 2019”,