El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha dictado el auto por el que se acuerda la disolución de Aeropistas y la autopista a Barajas, filiales de OHL, al no admitirse los dos convenios de acreedores presentados, con lo que se da inicio a la fase de liquidación. Como consecuencia, la Administración tendrá “la obligación legal” de resolver el contrato de concesión y de pagar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), según un comunicado remitido hoy por OHL a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El Gobierno va a recurrir ante la Audiencia Provincial este auto que acuerda la liquidación de la autopista de peaje Eje Aeropuerto, operada por OHL y que da acceso al aeropuerto madrileño de Barajas, han informado hoy a Efe fuentes de Fomento.
El Ministerio de Fomento ya recurrió en mayo pasado ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión judicial de liquidar la AP-36 (Ocaña-La Roda) y resolución judicial está aún pendiente. Tras la decisión conocida hoy, Fomento “presentará otro recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid en los mismos términos que en la AP-36”.
El Ministerio de Fomento trabaja para evitar que las autopistas de peaje vayan a la liquidación y el Estado tenga que pagar la responsabilidad patrimonial asociada a las mismas y que asciende a cerca de 4.000 millones de euros.
Sin embargo, la patronal que agrupa a las grandes constructoras, Seopan, calcula que liquidar todas las autopistas de peaje en quiebra tendría un coste superior a 8.000 millones de euros.
El Gobierno trabaja con concesionarias y bancos en la creación de una sociedad pública para integrar las autopistas de peaje con dificultades económicas.
Para ello, ha planteado a la banca y concesionarias una quita del 50 % a la deuda de estas carreteras, que asciende a 4.600 millones, y la creación de un fondo de titulización que emita bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1 % (podría incrementarse hasta el 4,3 % en función de determinadas variables, entre ellas los tráficos de estas vías).