El Gobierno insiste en que las responsabilidades políticas por el fiasco del Castor están “más que depuradas”
El Gobierno de Mariano Rajoy no altera un ápice su discurso sobre el Castor tras la sentencia del Tribunal Constitucional que en diciembre pasado anuló el mecanismo por el que en 2014 el Ejecutivo articuló la multimillonaria indemnización a ACS por la extinción de la concesión.
Según el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, las responsabilidades políticas por este asunto están ya “más que depuradas”, después de que en 2015 José Luis Rodríguez Zapatero entonara un mea culpa (en unas simples declaraciones) por ser su Gobierno el que promovió el fallido almacén, clausurado tras una sucesión de microseísmos en la costa de Castellón.
En una comparecencia en el Senado para responder a una batería de preguntas por escrito del senador de Compromís Carles Mulet que el Gobierno había dejado sin contestar, el secretario de Estado se ha ahorrado pronósticos sobre la “enorme litigiosidad” que, como dijo en enero el ministro de Energía, Álvaro Nadal, va a propiciar la reciente suspensión de los pagos a la banca de la deuda del almacén que se titulizó entre tres entidades financieras (Santander, Caixabank y Caixa) para cargarla durante 30 años a los consumidores de gas.
Según Navia, la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de suspender esos pagos es una “consecuencia jurídica lógica” de la sentencia del Constitucional. Y ahí se ha quedado su análisis sobre “lo que va a pasar a futuro” con la indemnización del Castor, convertido en un problema de los tres bancos que adelantaron el pago de esa deuda y, de momento, se van a quedar sin cobrarla.
Navia ha negado que el Gobierno utilice un “mantra” para eludir responsabilidades para este asunto y ha dicho alegrarse de que “los responsables de máximo nivel” del anterior Gobierno socialista ya hayan expresado públicamente “que la adjudicación y el proceso de concesión fueron un error”. En su opinión, “lo relevante es que el Gobierno actual tome notas de errores del pasado y evite que se repitan en el futuro”.
También ha insistido Navia en que el Gobierno de Rajoy intentó anular judicialmente la indemnización que recogían los decretos de concesión. A la vista de que fue “imposible” hacerlo, ha defendido la “solución financiera” para endosar por vía urgente a los consumidores los 1.350 millones de euros de deuda de la instalación, que es precisamente el mecanismo que ha anulado el Constitucional: “Si el Gobierno no hubiera pagado esas indemnizaciones en tiempo y forma, probablemente hubiéramos tenido consecuencias financieras muy serias con instituciones tan importantes como el BEI”, el organismo europeo que había financiado el Castor.
El secretario de Estado ha reiterado que el almacén “no va a volver a operar” pero ha evitado poner fecha a su desmantelamiento mientras no se pueda garantizar la seguridad de la población.
