El Gobierno va a nombrar por el procedimiento de libre designación, esto es, a dedo, a los funcionarios que dirigirán las cuatro divisiones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRSC), un organismo de nueva creación adscrito al Ministerio de Hacienda y encargado de “velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades” en la contratación pública.
En julio, el Consejo de Ministros ya nombró presidenta de la OIRSC, a propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a María José Santiago Fernández, funcionaria del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía desde 1996 y hasta entonces presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta. Según Hacienda, Santiago obtuvo la plaza que convocó el anterior Gobierno en mayo, también por el procedimiento de libre designación. En concreto, presentó su candidatura tres días antes de que venciera el plazo, el pasado 5 de junio, el mismo día en el que se conoció la designación de Montero como ministra de Hacienda.
Ahora, el ministerio va a elegir a los vocales titulares de las cuatro divisiones de la OIRC también por el procedimiento de libre designación, que pese a estar reservado a funcionarios con un perfil determinado, y a diferencia del concurso de méritos, otorga una amplia discrecionalidad a la Administración para nombrar a los elegidos.
En el ministerio defienden que el procedimiento escogido es la “manera más ecuánime” y va “más allá” de lo que establecía la Ley de Contratos. Esta norma recogía que los nombramientos de la presidencia y los vocales de la IRSC correspondían al Consejo de Ministros, previa propuesta del titular del Ministerio de Hacienda.
Igual que Rajoy
A finales de 2017, Ciudadanos ya reclamó al Gobierno de Mariano Rajoy “un procedimiento transparente de selección” de los responsables de la OIRC, “basado en principios de mérito y capacidad” y que “garantice su independencia con respecto al poder político, evitando, en todo momento, cualquier sospecha de complicidad política que arroje sombras sobre la auctoritas de un organismo cuyos primeros pasos marcarán su futuro”.
La solución elegida por el Gobierno del PP fue optar por la libre designación para cubrir la presidencia de la OIRC y elegir a los cuatro vocales del organismo, pero no le dio tiempo a adjudicar ningún puesto. En el caso de los vocales, la convocatoria se publicó en el BOE el 1 de junio, coincidiendo con el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Hacienda decretó la “terminación” de ese procedimiento el 20 de septiembre, tras la reorganización de su estructura, con el argumento de que esta supuso “una profunda modificación de la organización de la Oficina” al reestructurar el reparto de competencias entre sus vocalías.
Los destinatarios de los cuatro puestos que acaban de convocarse deberán ser, como establece la Ley de Contratos, funcionarios de carrera con nivel A1 y al menos, diez años de experiencia profesional en materias relacionadas con la contratación pública. A partir de ahí, y teniendo en cuenta una serie de méritos, el Gobierno podrá elegir libremente a los elegidos. Estos tendrán un nivel 30 (el más alto de la Administración) y un complemento específico de 32.799,69 euros anuales. El plazo para la recepción de candidaturas expira el próximo 23 de octubre.
En el proceso se adjudicarán cuatro puestos para los vocales titulares de otras tantas divisiones. La primera es la de Evaluación de los Contratos de Concesión, que formará parte de la Oficina Nacional de Evaluación integrada en la OIRSC y cuya finalidad será analizar la sostenibilidad financiera de las concesiones de obras y servicios. Entre los méritos que se valorarán estará la experiencia “en materia de evaluación de proyectos desde la perspectiva económico financiera en el ámbito de la contratación pública” y una licenciatura en Económicas, Empresariales y Derecho.
Para el responsable de la División de Regulación y Ordenación de la Contratación, que impulsará la Estrategia Nacional de Contratación que debe presentar la oficina, se valorará la “experiencia en asesoramiento y redacción de informes en expedientes de contratación” y “en actuaciones de análisis, seguimiento y propuestas de mejora de los procesos de contratación pública”.
El tercer puesto a adjudicar es el de vocal responsable de la División de Supervisión de la Contratación y Relaciones Institucionales, que elaborará los informes que se remitirán anualmente a las Cortes y al Tribunal de Cuentas. Se valorará la “experiencia sobre supervisión y control y seguimiento de expedientes de contratación pública”, en la elaboración de informes de control relacionados con los procedimientos de contratación pública y en el análisis de los informes de control realizados por los distintos órganos de control de la contratación pública.
El último puesto a adjudicar será el de vocal titular de la División de Asuntos Generales, responsable de la gestión económica de la oficina. Se valorará, entre otros aspectos, la experiencia en la elaboración de informes jurídicos y en la tramitación electrónica de procedimientos de contratación pública.
La oficina está adscrita al Ministerio de Hacienda “a efectos puramente organizativos y presupuestarios”, pero tiene “plena independencia orgánica y funcional” en el cumplimiento de sus fines, según la norma que preveía su creación (la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público). Entre otras funciones está “coordinar la supervisión en materia de contratación de los poderes adjudicadores del conjunto del sector público” y “velar por la correcta aplicación de la legislación de la contratación pública a los efectos de detectar incumplimientos específicos o problemas sistémicos”.
La OIRSC también deberá “velar por el estricto cumplimiento de la legislación de contratos del sector público y, de modo especial, por el respeto a los principios de publicidad y concurrencia y de las prerrogativas de la Administración en la contratación”, y “verificar que se apliquen con la máxima amplitud las obligaciones y buenas prácticas de transparencia, en particular las relativas a los conflictos de interés, y detectar las irregularidades que se produzcan en materia de contratación”.
En caso de que tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito o infracción a nivel estatal, autonómico o local, “dará traslado inmediato, en función de su naturaleza, a la fiscalía u órganos judiciales competentes, o a las entidades u órganos administrativos competentes, incluidos el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”.