Industria cambiará los parámetros que rigen ahora el conocido como bono social, una tarifa reducida en el recibo de la luz de la que supuestamente se benefician tres millones de consumidores. Hasta ahora, los supuestos para los que un hogar se podía acoger a esta tarifa no contemplaban la petición de ingresos mínimos, una exigencia que se pondrá en marcha, previsiblemente, el próximo año. Fuentes de Industria aseguran que con esta medida el bono social realmente el sentido de proteger a los “consumidores más vulnerables” pero también reconocen las múltiples dificultades con las que se topan al modificar esta bonificación.
Hasta ahora, los cuatro supuestos para acceder al bono social se limitaba a tener una potencia contratada inferior a 3 KW; ser pensionista con una prestación mínima; ser familia numerosa o los hogares en las que todos sus miembros están en paro. El Ejecutivo quiere añadir ahora un nivel mínimo de ingresos para poder pedir este tipo de tarifa que puede suponer hasta un 20% de descuento en la factura normal, según la OCU.
Desde Industria insisten en que será el trámite parlamentario el que irá fijando el nuevo criterio de ingresos, pero la propuesta del Gobierno está próxima a exigir alrededor de 28.000 euros para una familia de cuatro personas. Como en otro tipo de asistencia social, el parámetro será el Salario Mínimo Interprofesional, y según supera la renta familiar y sus miembros (tomando este salario base de referencia), podrán acogerse o no al bono social.
Fuentes del Gobierno conocedoras de la materia reconocen también que la posibilidad de que sea la empresa comercializadora la que pida al consumidor que demuestre su nivel de ingresos es espinosa legamente. Entregar algo tan delicado como la declaración de la renta a un intermediario del sector privado puede toparse con muchas trabas a nivel legal, sobre todo con Protección de Datos. En el trámite parlamentario se tendrá que definir, por lo tanto, qué documento se pide exactamente para acreditar estos ingresos mínimos y quién lo puede pedir.
Tampoco sabe el Ejecutivo qué ahorro le supondrá esta nueva medida, aunque el coste actual para el sistema de mantener este bono social son 200 millones de euros. Para más complicación, las eléctricas se han negado a pagar ellas solas el coste de esta medida, y el Supremo les ha dado recientemente la razón. Sin embargo, según Industria, la nueva ley está diseñada de tal forma que las empresas tendrán que soportar el coste de esta bonificación. En definitiva, Industria está decidida a endurecer las condiciones y ligarlas a la renta pero no sabe por ahora cómo hacerlo.
Por lo pronto, el 13 de julio entrará en vigor la prórroga al actual bono social, hasta que la propuesta de reforma de la Ley del sector eléctrico modifique las condiciones.
Habrá otros cambios en la factura de la luz, como la “penalización” (sic) a las viviendas vacías o segundas residencias. Este castigo es indirecto y vendrá de la mano del cambio en el peso de uno de los componentes de la factura. Así, ahora mismo el peso de los costes fijos es inferior al de los variables, esto es, el consumo. En la factura actual la parte fija supone alrededor de un 30% y el consumo un 70%.
Industria va a reformular la proporción de estos peajes para que se igualen al 50%-50%. Con este cambio, las casas que no consumen apenas energía (bien porque están vacías, bien porque son de veraneo), verán como el mínimo fijo que pagan en su factura aumenta.
La factura además, simplificará su presentación asemejándose a la de los móviles o la telefónia. El Ejecutivo ha diseñado un sistema por colores que, en teoría, ayudará al usuario a entender mejor lo que está pagando.