El Gobierno de coalición ha retomado este martes la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para reclamar gratis y en menos de 90 días. El Consejo de Ministros ha reanudado el Proyecto de Ley de este organismo “único” para resolver conflictos con la banca, las aseguradoras o las firmas de inversión. El texto ya fue aprobado por el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura, pero decayó por la convocatoria de elecciones generales de julio del año pasado.
“Se trata de un proyecto de especial relevancia para el Ministerio de Economía, por lo que se le ha dado prioridad en estos primeros meses de Gobierno con el fin de que la Autoridad pueda constituirse lo antes posible”, ha destacado Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
El objetivo de la creación de este organismo es que los usuarios financieros puedan “presentar sus reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo que atenderá las reclamaciones de forma ágil, en un plazo máximo de 90 días, y gratuita”, explican fuentes del Ministerio.
“La creación la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero completa el sistema de protección e inclusión de los clientes financieros, tras la adopción de los protocolos de inclusión financiera para mayores y en el ámbito rural y la aprobación de los Códigos de Buenas Prácticas, que ampliaron el marco preventivo de apoyo a las familias”, prosiguen.
De hecho, el proyecto refuerza el papel de estos protocolos, asimilándolos a normas de conducta que serán de obligado cumplimiento una vez suscritos, pudiendo ser objeto de reclamación en caso incumplimiento.
Por otro lado, se busca reforzar la inclusión financiera a través de la atención personalizada, tanto por la Autoridad, como por las entidades financieras, especialmente a personas mayores, con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar reclamaciones.
El texto del Proyecto de Ley incluye el conjunto de entidades que podrán ser objeto de reclamación, incluyéndose las entidades supervisadas, los servicios fintech y de criptoactivos y los servicios de préstamos al consumo. Se recoge, asimismo, el tipo de reclamaciones que podrán presentarse, que podrán tener o no contenido económico, incluyéndose las quejas por el incumplimiento de obligaciones de información o la apertura de cuentas de pago básicas.
Las resoluciones serán de obligado cumplimiento para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros. Asimismo, se refuerza el derecho de acceso a la cuenta de pago básica, dirigida especialmente a colectivos vulnerables, simplificando los procedimientos y documentación requerida. Por último, se facilita el cierre telemático de cuentas bancarias para que su sencillez sea pareja a la de la apertura.
La Autoridad se financiará mediante una tasa que abonarán las entidades financieras y que será variable en función del número de reclamaciones a cada entidad y de las resueltas a favor del cliente.