El Gobierno retoma cuatro años después un impuesto a la banca para hacer frente a la inflación

El impuesto a la banca vuelve a estar sobre la mesa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes en la tribuna del Congreso un tributo extraordinario para el sector por los beneficios extra obtenidos por la futura subida de los tipos de interés. El jefe del Ejecutivo retoma así una propuesta que ya defendió hace cuatro años pero que acabó siendo guardada en un cajón. Entonces, se propuso como una alternativa para aumentar los ingresos para las pensiones. Ahora, esta medida, que ya aplican varios países europeos, estará encaminada a mejorar los ingresos para cubrir las ayudas frente a la inflación y moderar las ganancias extraordinarias que pudiera tener el sector en este contexto.

Poco se conoce por ahora de esta medida. Sánchez anunció que gravará los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y en 2023 por parte de los bancos. La expectativa del Gobierno es que se recaude con esta medida unos 1.500 millones de euros al año. Fuentes del Ministerio de Hacienda eluden avanzar detalles sobre la propuesta hasta que termine de concretarse, si bien apuntan que la vía para aprobarlo será mediante una proposición de ley en el Congreso presentada por los grupos parlamentarios que cimientan el Gobierno de coalición. Es la misma manera que ya se avanzó para el impuesto a los beneficios caídos del cielo de las energéticas.

Sánchez igualó con este anuncio los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y petroleras con los de la banca, como los grandes sectores beneficiados por la situación que castiga a otras actividades o a familias. Esta situación provocó un terremoto bursátil inmediato para las entidades financieras, con caídas generalizadas. Aunque el golpe fue finalmente menor, lo cierto es el anuncio de la futura imposición tuvo un coste millonario en las valoraciones de las entidades financieras en el mercado. Las más afectadas fueron CaixaBank, Sabadell y Bankinter. BBVA y Santander absorbieron mejor el golpe, al tener una exposición a España inferior a la de sus competidores nacionales. Este medio contactó con varias de las entidades afectadas, quienes prefirieron no valorar el anuncio hasta que se concrete el nuevo impuesto.

“Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores”, defendió Sánchez en la tribuna para justificar los dos impuestos extraordinarios que avanzó en su discurso. El líder socialista apuntó que “este gobierno no va a tolerar que haya empresas que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza, las dificultades de la mayoría no puede ser beneficio de la minoría”. El presidente del Gobierno defendió que los grandes bancos “ya se han comenzado a beneficiar de la subida de los tipos de interés”. Sánchez argumentó, tras las críticas realizadas por Vox a este nuevo impuesto, que “el Estado realizó un rescate que ha tenido un impacto de 67.000 millones de euros” y preguntó al líder de la formación de extrema derecha “qué problema tienen con que los bancos arrimen el hombro”.

Lo que pretende el Gobierno, a tenor de las palabras de Sánchez, supone acotar el crecimiento de beneficios que se prevé para los bancos en la medida que se incrementan los márgenes por prestar dinero. El sector llevaba más de un lustro con un margen de beneficio estrecho en las actividades vinculadas con la financiación y se prevé que sean los grandes beneficiados con el cambio de la política monetaria del BCE. De hecho, los grandes ejecutivos de estas entidades no han escondido en distintas apariciones públicas que son optimistas con el impacto que esto tendrá sobre sus beneficios, confiando en que la mejora de la rentabilidad compense los problemas que la alta inflación pudiera tener para familias y empresas a la hora de devolver sus créditos.

El punto de partida para los bancos españoles ya es bastante positivo. El pasado año, antes de la subida de tipos, terminó con un récord de beneficio desde la crisis financiera, con más de 20.900 millones sumados por los seis principales bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja y Bankinter). La mejora de la actividad económica, el aumento de la concesión de hipotecas, la ausencia de la temida morosidad o determinados impactos contables extraordinarios impulsaron las ganancias de estas entidades. El primer trimestre del año, descontando un impacto extraordinario de la fusión de Bankia y CaixaBank, el beneficio aumentó un 50%. En apenas unas semanas se conocerán los resultados del primer semestre, en el que ya comenzarán a apreciarse los impactos de la subida de tipos y de precios de los nuevos préstamos. Fuentes financieras señalaban esta semana que se prevé que sean buenos datos para los bancos.

Una docena de países europeos ya aplica impuestos específicos a entidades financieras y países como Hungría o Polonia también han planteado un impuesto extraordinario a los bancos. Pero el Gobierno no ha sido el único en fijarse en esta opción. La inquietud ha llegado incluso al BCE, supervisor financiero y responsable de la política monetaria. Según informó hace unos días el Financial Times, el consejo del organismo está estudiando maneras de limitar los beneficios extra que puedan obtener los bancos con la subida de tipos.

Según esta información, lo que preocupa al organismo regulador es que los bancos puedan aprovechar los créditos baratos que concedió el BCE durante la pandemia. Aquellos préstamos, encaminados a dar financiación a la economía, se dieron a un -1%. En la medida en que el organismo eleve las tasas de depósito a aquellos bancos que dejen en el BCE el dinero que no utilizan, temen que se puedan utilizar aquellos préstamos baratos para dejarlos en el organismo y puedan beneficiarse de la diferencia. Morgan Stanley estimó que los bancos europeos podrían ganar entre 4.000 y 24.000 millones de euros con estas operaciones, en función del nivel y la velocidad de las subidas de tipos.

Rechazo de las patronales bancarias

La AEB, patronal que engloba a Santander, Sabadell, BBVA o Bankinter, considera que el anuncio refleja “la improvisación jurídica” en que opera “un sector tan importante para la economía y la sociedad”, en referencia al sector bancario, y ha indicado que el futuro impuesto “distorsiona el mercado”. Lamenta la patronal que el sector “no ha sido consultado ni informado”, a pesar de “mantener un diálogo permanente con el Gobierno”. “Los accionistas de la banca española han sufrido ya un castigo en Bolsa por este anuncio”, ha añadido.

La CECA, la patronal que engloba a las antiguas cajas de ahorros (CaixaBank y Unicaja, fundamentalmente), ha señalado que “la subida de tipos supone una normalización de la política monetaria, tras una década ultraexpansiva y no podemos anticipar su impacto neto en los balances”. Pese a reconocer la falta de detalles, ha avanzado su rechazo a la medida porque “no contribuye a armonizar los regímenes fiscales dentro de la unión bancaria”.

La propuesta anterior, en 2018, contó igualmente con el rechazo pleno del sector. Las patronales cargaron contra la idea de un impuesto para la banca porque lo consideraron “injusto” ya que, apuntaron, el sector ya había hecho “suficientes esfuerzos”. Aseguraron entonces que gravar a la banca tendría “efectos colaterales perjudiciales”. Aunque en las entidades financieras se apuesta por ahora por guardar silencio a la espera de conocerse los detalles de este nuevo intento de tributación extra por parte del sector, sí ha habido quien ha recuperado los argumentos de entonces contra esta intención. Rafael Domènech, jefe de análisis económico del BBVA, recuperó en Twitter este martes un análisis que hizo el organismo en 2018 contra la intención del Gobierno de implantar un impuesto a la banca.

“Un aumento de los impuestos que pretenda aumentar ex-ante la recaudación un 0,1% del PIB da lugar a una disminución a largo plazo del 0,09% del PIB, a un aumento de 10 puntos básicos de los tipos de interés de los créditos, y a una reducción del volumen de crédito, depósitos y capital bancario”, señaló entonces BBVA Research en el informe recuperado por Domenech. “Estos resultados vuelven a ser de actualidad cuatro años más tarde”, subrayó.

Un debate abierto desde 2008

Gravar más a la banca ha sido un debate abierto en los gobiernos de las grandes economías desde la crisis financiera de 2008. En plena debacle bancaria mundial, organismos como el FMI llegaron a avalar que se impusieran impuestos específicos a las entidades para compensar el coste público que habían tenido que asumir los gobierno. En Europa, hasta una docena de países llegaron a aplicar impuestos específicos al sector que, o bien eran una tasa específica a su actividad, o bien un recargo extra en el impuesto de Sociedades.

España no fue ajena a este debate. Pedro Sánchez, todavía en la oposición, cogió la bandera del impuesto a la banca, en aquel momento para cubrir el gasto de las pensiones. Era una idea que ya había planteado Unidas Podemos en su programa electoral de 2016, aunque en su caso como un método para recuperar las ayudas financieras que el Estado dio al sector tras el colapso de 2008. El PSOE lo defendió incluso habiendo llegado en 2018 a La Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

La medida, sin embargo, acabó en un cajón. Llegó 2019 y, con ello, dos elecciones generales y una frustrada negociación de un Gobierno de coalición. Y, tras ello, 2020 y la mayor pandemia mundial vivida en un siglo. La propuesta no volvió con fuerza al debate hasta este martes, cuando Pedro Sánchez, en torno al ecuador de su discurso en el debate del estado de la nación, soltó el anuncio, igualando al sector bancario con el eléctrico, que hasta ahora era el único señalado con la necesidad de que aportara más a la economía vía impuestos.