“Una semana más” de negociación. El Gobierno ha decidido posponer la reforma legal contra el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas, que se preveía para el próximo martes 29 de junio, para “intentar alcanzar un acuerdo” al respecto con Comunidades Autónomas y sindicatos, explican fuentes de Función Pública. En principio, la aprobación del real decreto ley se demora para la semana del 5 de julio. El Ejecutivo se comprometió con Bruselas a aprobar esta legislación en el segundo trimestre del año, pero desde el Ministerio que dirige Miquel Iceta aseguran que “no hay problema” en posponer la medida una semana.
El atraso se produce después de que este jueves el Gobierno no haya logrado el aval de las Comunidades Autónomas a su última propuesta de reforma. Esta mañana se ha celebrado la Conferencia sectorial de Administración Pública, donde el ministro Miquel Iceta ha presentado a los gobiernos regionales sus medidas para frenar el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas en el presente y el futuro. En la actualidad, el sector público tiene una tasa de empleo temporal superior a la del sector privado, alrededor del 30%. La recomendación europea señala que no sobrepase el 8%.
El reto es mayúsculo, tras años de descontrol en la temporalidad de muchas Administraciones, que ha dejado bolsas de trabajadores temporales que en ocasiones llevan mucho tiempo (incluso más de una década) en sus puestos. Las medidas del Gobierno de coalición caminan en dos direcciones: por un lado, una reforma legal que impida en el futuro volver a caer en una temporalidad excesiva e injustificada y, por otro, un proceso de estabilización de las plazas hoy ocupadas por temporales pero que el Ejecutivo considera en realidad estructurales. El Gobierno las cifra en unas 300.000.
La temporalidad abusiva ha dejado muchos afectados por el camino. Hay colectivos de interinos que llevan muchos años en sus puestos que reclaman al Gobierno “la fijeza”, ocupar definitivamente la plaza sin pasar por una nueva oposición o concurso. La medida ha encontrado el respaldo de algunas sentencias, pero no de la mayoría de tribunales. Y, lo más importante, es rechazada por el Supremo, que crea jurisprudencia en España y considera que la fijeza de este personal no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad que exige la Constitución para acceder al empleo público. Pero entre los afectados de este abuso también se encuentran muchas personas que quieren acceder al empleo público y que han visto durante años cómo no salían las plazas a oposición o concurso público, incumpliendo los plazos marcados por la ley sin ninguna consecuencia.
Otro reto señala directamente a la propia legislación. La justicia europea resolvía justo este mes de nuevo que, en la actualidad, España carece de medidas de prevención y de sanción para los abusos en la temporalidad en el sector público, algo que exige la normativa comunitaria. Así que no hay solo que reducir la temporalidad abusiva existente, sino legislar para que haya consecuencias y prevención frente a este fraude laboral.
Desde Función Pública explican a elDiario.es que el Ministerio envió “ayer” a las Comunidades la propuesta de reforma del Ministerio, pero que esta se lleva abordando con los gobiernos regionales en diferentes reuniones de tipo “técnico”. Este jueves, el debate llegaba al máximo nivel, entre el ministro y los consejeros de las Comunidades Autónomas, en una reunión que ha terminado con el emplazamiento a otro encuentro la semana que viene. “Nos han pedido tiempo para enviarnos aportaciones”, afirman en Función Pública.
Próxima reunión el 1 de julio
Así, el Ministerio ha comunicado que el ministro Iceta “ha convocado una nueva reunión de la Conferencia Sectorial el 1 de julio, para dar tiempo suficiente a los representantes autonómicos y locales de analizar la propuesta trasladada”.
Las Comunidades Autónomas y la CCAA y FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) “podrán presentar sus aportaciones hasta el martes 29 de junio”, precisan desde el Ministerio, “con el objeto de alcanzar el acuerdo de todas las administraciones públicas en un asunto tan importante como reducir la alta tasa de temporalidad”. La excesiva temporalidad “afecta principalmente a las administraciones territoriales”, recuerdan en Función Pública, ya que son las Comunidades y algunos Ayuntamientos los que presentan en general peores índices de contratación temporal.
Se pospone la reunión con sindicatos
El Ministerio abordó su propuesta de reforma el lunes con los sindicatos más representativos de los empleados públicos, en un encuentro que tampoco acabó con acuerdo. El último planteamiento del Gobierno incluye novedades como una indemnización de 33 días por año trabajado para los interinos que permanezcan en sus puestos más tiempo del máximo establecido. Eso sí, solo para los futuros nombramientos.
Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han valorado los avances en la negociación y la inclusión de algunas de sus reclamaciones, pero aún consideran “insuficiente” la propuesta del Gobierno, sobre todo en CCOO y CSIF. Las partes se emplazaron a seguir negociando y había una reunión prevista este jueves por la tarde, a las 17 horas, pero finalmente se ha aplazado.
La idea es que el Ministerio vuelva a sentarse con los sindicatos después de la reunión con las Comunidades Autónomas, explican en Función Pública. La intención es llegar a un acuerdo con las primeras y poder clausurarlo del todo con los representantes de los trabajadores, si hay entendimiento entre las partes.