El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acumula más peticiones de ayuda de las conocidas hasta ahora. Así lo acaba de revelar el Gobierno, transcurrido el primer año de vida de este instrumento de ayuda para grandes empresas afectadas por la pandemia y consideradas estratégicas.
En una respuesta parlamentaria fechada el 22 de julio, cuando se cumplió un año desde la entrada en vigor del reglamento que regula el funcionamiento del fondo, el Ejecutivo explica que “hasta la fecha, se han recibido 66 solicitudes de apoyo público temporal con cargo al Fondo de Solvencia”.
Esas 66 peticiones están muy por encima del medio centenar que había trascendido hasta ahora y equivalen a una solicitud cada 5,5 días en ese periodo de un año. Hay más de una decena de empresas que han pedido acogerse a este instrumento, sin que su nombre haya salido a la luz hasta ahora.
En su respuesta, el Ejecutivo asegura que “se están cumpliendo los objetivos para los que el Fondo fue creado” y que “se están realizando los mayores esfuerzos para tramitar las solicitudes en el menor tiempo que resulte posible, no existiendo una previsión sobre el número final de operaciones a aprobar o el importe total a ejecutar, pues dependerá del importe de las operaciones finalmente autorizadas”.
El fondo fue creado en julio de 2020 con una dotación inicial de 10.000 millones de euros y el reglamento que regula su funcionamiento entró en vigor el 24 de julio del año pasado. Hasta la fecha, el Gobierno apenas ha aprobado solo seis paquetes de ayudas para otras tantas empresas por un importe total de 1.105 millones, que suponen en torno al 11% de los fondos totales.
Se trata de los rescates a Air Europa (475 millones), Plus Ultra (53 millones), Ávoris (320 millones), Duro Felguera (120 millones), Tubos Reunidos (112 millones) y Rugui Steel (25 millones), la última que se ha concedido hasta ahora.
Contando las ayudas ya desembolsadas o pedidas y estas que, según ha revelado ahora el Gobierno, han sido solicitadas, se habrían cursado ante la ventanilla del fondo peticiones por un importe mínimo de 5.000 millones, la mitad de su dotación total. Se trata de una estimación a la baja, teniendo en cuenta que, con carácter general, el importe mínimo de cada operación es de 25 millones de euros.
Mientras en países como Alemania el Estado ya se prepara para desinvertir en alguna de las empresas rescatadas (Berlín ha activado la venta de un primer paquete en Lufthansa, la mayor aerolínea del país), al fondo español le han llovido críticas por la lentitud en la tramitación de las ayudas, que se ralentizó tras el revuelo por el polémico rescate a la aerolínea Plus Ultra y la apertura de una investigación judicial que llegó a bloquear parte de los fondos comprometidos a esa empresa.
Este lunes, en la reapertura del curso en el Congreso, la diputada del PP Elvira Rodríguez arremetió contra “la incapacidad de la SEPI para repartir la totalidad de las ayudas” y volvió a cargar contra el “despropósito” del rescate concedido a Plus Ultra.
El atasco de peticiones es tal que el Gobierno ha pedido a la UE una prórroga al plazo para pedir ayudas, que en principio finaliza el próximo 31 de diciembre, según avanzó este lunes Expansión, que apunta que la petición a Bruselas no solo afecta al rescate de empresas, sino a todo tipo de ayudas directas, incluidos los 7.000 millones de fondos para pymes y autónomos o las líneas del ICO.
15% de las ayudas
Gestionado por la SEPI, holding adscrito al Ministerio de Hacienda cuya presidencia estuvo vacante hasta el nombramiento de Belén Gualda a finales de marzo, tras la imputación por el caso Aznalcóllar del anterior presidente, Vicente Fernández, el fondo solo concedió en 2020 un 15% de las ayudas que tenía previstas para ese año al formalizar solo una operación, la de Air Europa.
El pasado ejercicio, la previsión era entregar ayudas por un importe de 3.000 millones, un 66% en forma de préstamos participativos y ordinarios y el resto en forma de capital, pero finalmente solo se concedieron 475 millones, como informó elDiario.es el 16 de agosto. Ese día, la SEPI anunció el nombramiento de un nuevo director para la entidad, Julián Mateos.
En el listado de empresas cuyo nombre ha trascendido predominan las del sector turístico, pero también las hay industriales o de medios de comunicación. De las solicitudes que están pendientes, la que más dinero ha solicitado es la siderúrgica Celsa, con 700 millones. También destacan Mediapro (300 millones), la ingeniería Técnicas Reunidas, la última en anunciar que ha pedido fondos, con 290 millones, Abengoa, con 249 millones, o el grupo Villar Mir, con 240 millones.
El fondo tiene por objeto aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial mediante la concesión de préstamos participativos, deuda subordinada, suscripción de acciones u otros instrumentos de capital, a empresas no financieras que atraviesen dificultades de carácter temporal a consecuencia de la crisis sanitaria y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.
La ayuda mínima es de 25 millones por beneficiario, salvo casos excepcionales debidamente justificados. El reembolso de la participación de Estado deberá acompasarse con la recuperación y estabilización de la economía, con un calendario de devolución en función de la situación y perspectivas del mercado de la empresa solicitante.