Invertir en deuda pública del Estado español no será, a partir de ahora, la apuesta segura (aunque no siempre muy rentable) a la que solían recurrir muchos ahorradores españoles temerosos del riesgo de los mercados. Desde 2013, quienes compren títulos de deuda española deberán asumir un posible riesgo de que al final de su inversión no cobren todos los intereses prometidos o incluso pierdan parte del dinero invertido, algo impensable hasta ahora.
Hoy el Tesoro español emite, por primera vez, un bono de referencia a dos años y ,también por primera vez, en la letra pequeña de las condiciones de emisión se incluye la denominada Cláusula de Acción Colectiva (CAC). Se trata de una disposición por la que el Estado se reserva la potestad de cambiar las condiciones de ese título de deuda siempre que cuente con el apoyo de la mayoría de los titulares del mismo y sin la necesidad, como existía hasta ahora, de requerir el consenso de todos los propietarios de la deuda para hacer cualquier modificación.
En la práctica esto significa que el Estado y los principales propietarios de la deuda pública española (la gran banca nacional) podrán acordar no pagar los intereses prometidos en la emisión e incluso dejar de devolver el dinero invertido sin contar con la aprobación del resto de propietarios de la deuda y que, a pesar de no estar de acuerdo, deberán asumir la decisión. Es decir, las pérdidas. “Lo que estamos haciendo es actuar como los emisores de deuda especulativa. Siempre hay una posibilidad de que la empresa quiebre y no pague lo prometido. Ahora es el Estado español el que introduce ese riesgo”, advierte Javier Flores, director del servicio de Estudios de Asinver.
Salvando las distancias, esto podría llevar a situaciones similares a las que ahora muchos ahorradores están sufriendo con las participaciones preferentes adquiridas en los tiempos de vacas gordas. En aquellos momentos, nadie pensaba que entidades tan potentes como Caja Madrid podrían llegar a la situación de quiebra en la que se encuentran actualmente y que, en consecuencia, iba a dejar de pagar los intereses prometidos por esos títulos e incluso a no devolver la totalidad de las cantidades invertidas.
Esta situación podría implicar la pérdida de atractivo de los inversores por la deuda española, aunque el Secretario del Tesoro español, Iñigo Fernández de Mesa, quitó importancia a esta posibilidad durante la presentación de la estrategia de emisiones de Estado el pasado martes. “Los mercados no se van a sorprender porque es una medida que ya han tomado otros Tesoros y otras entidades”, aseguró.
Tal vez no se sorprendan, pero lo que parece fuera de toda duda es que, como es habitual en sus estrategias de inversión, los grandes jugadores del mercado exigirán más rentabilidad si van a asumir más riesgo. Es decir, la inclusión de esta cláusula puede suponer un incremento del riesgo que deberá sumarse al ya conocido de la prima de riesgo española, y por tanto implicará que España pague más por su deuda. Algo que, en principio, tampoco preocupa mucho a las autoridades, ya que como se encargó de recordar Fernández de Mesa el pasado martes: “El Tesoro consiguió en 2012 rebajar el coste medio de la deuda hasta el 3,91%, frente al 4, 07% que había pagado en el año anterior”.
La introducción de esta medida no es casual. En la mente de las autoridades financieras y monetarias europeas está grabado el calvario por el que ha tenido que pasar el Gobierno griego negociando con todos los propietarios de su deuda pública las condiciones en las que podía reestructurarla para poder respirar financieramente de la agonía en la que la ha sumido su rescate. Muchos fondos especulativos ('hedge funds') y pequeños tenedores de deuda se negaron hasta el último momento a asumir 'voluntariamente' esas pérdidas. El BCE no quiere que eso vuelva a pasar. “La estrategia del Tesoro española está coordinada desde el pasado verano con las exigencias del BCE y esta medida responde a la necesidad de tener diseñada una salida de emergencia en el caso de que se dé el peor de los escenarios económicos posibles”, explica Flores.
Para rebajar la posible tensión que podría implicar la inclusión de esta cláusula, la primera vez que se va a utilizar es hoy, en la emisión del primer bono de referencia a dos años que emite el Tesoro Español. Los bonos a dos años se han convertido en los preferidos de los inversores internacionales desde el pasado verano, ya que cuando el presidente del BCE, Mario Draghi, anunció que esta entidad haría todo lo posible por salvar el euro y no tendría ningún reparo en adquirir títulos de los países con problemas, se refería a los títulos a dos años. Así que, pese a la cláusula introducida hoy, el bono emitido tiene el respaldo del BCE, lo que genera mucha confianza en los inversores internacionales.
Como es habitual, la jugada para los pequeños ahorradores no es tán fácil ni tan segura a la hora de planificar la inversión. Desde ahora, los que acudan a comprar deuda pública deben asumir la incertidumbre de que su dinero podría estar en peligro, pero en ningún caso se conocen los riesgos y los supuestos en los que esa posible quita podría llevarse a cabo. La indefensión es total.
No obstante, en 2013 se introduce una novedad que en principio les podría favorecer, y es que entra en funcionamiento el mercado secundario de deuda pública para minoristas. Es decir, que en caso de que a un pequeño ahorrador no le interese seguir teniendo los bonos u obligaciones del Estado adquiridos podrá intentar revenderlos en una plataforma denominada SEND, que funciona de forma similar a la Bolsa y donde todos los días podrá encontrar publicado un listado de los precios a los que cotiza la deuda del Estado. Otra cosa muy distinta es que, en caso de problemas, esos precios sean atractivos. Por poner un ejemplo, esta opción también existe ahora para las participaciones preferentes, pero no hay nadie dispuesto a comprar ese caramelo envenenado.