Las víctimas del amianto no dan crédito a lo que están viviendo en los últimos años. Les costó más de una década de lucha junto a los sindicatos que se aprobara un fondo público con compensaciones para los afectados por este material tóxico y cancerígeno, al estilo de los existentes en Francia o Bélgica. Lo lograron en 2022, con una ley que obtuvo unanimidad parlamentaria. Pero de ese “subidón” han pasado a una profunda “decepción” y al “cabreo generalizado” con el Gobierno, que casi dos años después no ha aprobado el reglamento que regule y ponga en marcha el fondo. “Es alucinante, no tiene nombre”, dice Jon García, portavoz de federación estatal de víctimas.
Los afectados y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) lanzaron un nuevo comunicado de denuncia la semana pasada, cuando el Congreso de los Diputados volvió a exigir al Gobierno y, en concreto, a la ministra Elma Saiz, que la Seguridad Social apruebe ya el reglamento. Este es la clave para definir el funcionamiento del fondo, las cuantías de las indemnizaciones, quién tiene derecho a ellas y cómo solicitarlas.
Tras varios plazos incumplidos, ahora el Ministerio ni siquiera ofrece una fecha ni un horizonte claro para tener lista la medida y que las víctimas puedan empezar a pedir las compensaciones. “Hay que tener en cuenta estamos ante una regulación nueva, una regulación que ninguna otra administración pública ha llevado a cabo por distintos motivos”, responden a elDiario.es desde la Seguridad Social, como apuntó la ministra Saiz a una pregunta del PNV en el Senado a principios de septiembre.
En todo caso, la ministra señaló a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado como un “hito” para “la adecuada dotación presupuestaria para hacer frente a las indemnizaciones”. De momento, hay una partida presupuestada de 25 millones de euros para estas compensaciones, pactadas con EH Bildu desde los cuentas de 2022. “25 millones es una cifra menor, pero por algo hay que empezar”, afirma Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral de UGT.
Víctimas y sindicatos recuerdan que la ley que aprobó el fondo dio un margen de tres meses para aprobar el reglamento, un plazo que acordó el propio Gobierno en la tramitación parlamentaria. Este concluía en enero de 2023. Es decir, hace 20 meses. Casi dos años.
“Nos dicen que las leyes están para cumplirse, pero el Gobierno no lo hace. Todo el mundo se lleva las manos a la cabeza”, lamenta Jon García, que trabajó en CAF en Euskadi y está en el listado de trabajadores afectados por la exposición al amianto. Entre sus compañeros hay ya cinco fallecidos.
Superado el plazo legal, el entonces ministro José Luis Escrivá llegó a situar junio de 2023 como la fecha para su aprobación, pero tampoco ocurrió. Cuando la Seguridad Social compartió con los sindicatos y las víctimas sus planes ese mismo verano, el borrador no gustó a las organizaciones, que consideraron “inaceptables” las cuantías de las compensaciones. Por ello, presentaron varias alegaciones en julio de 2023 “y hasta hoy”, lamenta Jon García: “No sabemos nada más, ni nos respondieron”.
A preguntas sobre las causas de este gran retraso, fuentes del Ministerio de la Seguridad Social no detallan los motivos, pero indican que “se está trabajando para tener un reglamento ágil, estable y eficaz para los afectados”.
Aunque en este plazo hubo elecciones y una nueva formación de gobierno, las víctimas y los sindicatos mayoritarios consideran “injustificable” la tardanza. “No se explica, se mire por donde se mire”, considera Óscar Bayona, de Salud Laboral de CCOO. “No hay motivos para un retraso tan enorme”, coincide Ana García de la Torre (UGT).
Ambos sindicatos exigen a la Seguridad Social que presente el reglamento “cuanto antes” y que atienda sus peticiones. En especial, el aumento de las cuantías y la exención del pago de IRPF, como ocurre con otras indemnizaciones reconocidas por el Estado, como las de terrorismo o VIH.
“La gente está desesperada, después del subidón de octubre de 2022, nos hemos encontrado una travesía en el desierto”, condena el portavoz de Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica). Hay muchos trabajadores afectados y sus familias que no tienen empresas a las que reclamar daños, porque no existen o se declararon insolventes. Para ellas, el fondo público es la única vía de “justicia” y cierta reparación.
Es el caso de Mª Carmen Mendizábal, cuyo marido falleció hace tres años por un mesotelioma a causa del amianto al que estaba expuesto en el trabajo. La empresa que lo empleó ya no existe. “Llevamos tres años de lucha, pero no vemos salida al asunto”, afirma la viuda, que tiene una hija de 27 años.
La Seguridad Social preveía el año pasado 89 personas fallecidas desde la entrada en vigor de la ley susceptibles de recibir una compensación, que sumarían un total de 5,41 millones de euros, más unos 17,55 millones de euros anuales en indemnizaciones para los nuevos diagnósticos (unos 500 al año).
La ministra Elma Saiz ha reiterado que, una vez aprobada la ley, el derecho a las indemnizaciones está reconocido, aunque aún no lo puedan ejercer. “La publicación del reglamento no retrasa el derecho que la ley otorga”, reiteran en el Ministerio de la Seguridad Social. El mensaje “sentó bastante mal” entre las víctimas, reconoce Óscar Bayona (CCOO), que recuerda que llevan dos años esperando la regulación del fondo y no saben cuándo podrán solicitar las compensaciones ni cuánto más tardará la Seguridad Social en estimar o no sus casos.
Mª Carmen Mendizábal es pesimista. “Personalmente, no tengo ninguna esperanza de que se solucione rápido, todo es un paripé, pasan de nosotros olímpicamente. Nos sentimos abandonados”, lamenta la viuda.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.