El Gobierno ya trabaja en un plan de peajes bajo el criterio de “quien contamina paga”

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que su departamento trabaja en un plan para implantar peajes en las autovías del Estado bajo el criterio europeo de “quien contamina paga”.

Así lo ha avanzado durante su comparecencia en una comisión en el Congreso de los Diputados. “Estamos trabajando en una propuesta de tarificación de la red de carreteras de alta capacidad del Estado, basada en el principio de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental”, ha explicado. En su intervención, ha asegurado que el plan será sometido a “un diálogo transparente” con los grupos políticos, agentes sociales y el resto de administraciones competentes.

La ministra ha explicado que España tiene un “importante” déficit de inversiones en mantenimiento de la red de carreteras, al que hay que añadir las autopistas cuya concesión ya ha finalizado. “En total, hemos liberado 1.029 kilómetros de autopistas. Y esto tiene efectos en la conservación”.

España abrió el impopular debate de los peajes en las autovías antes de verano y marcó 2024 como año para implementarlo. Sánchez ha justificado la necesidad de peajes en tanto que la conservación de las carreteras ha supuesto una media de 300 millones de euros al año entre 2012 y 2017. “Lo estamos empezando a corregir”; ha indicado, apuntando que los presupuestos de 2021 destinan 1.240 millones de euros a la conservación.

Decretos para movilizar millones en vivienda

La ministra también ha avanzado que su departamento trabaja en dos decretos para movilizar, en las próximas semanas, hasta 5.520 millones de euros destinados a políticas de vivienda.

Uno de los decretos servirá para regular la rehabilitación y vivienda social y otro para la promoción de la vivienda en alquiler social, todo ello en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

De los 5.520 millones, 2.970 millones estarán dirigidos a la rehabilitación residencial de más de medio millón de viviendas, 1.000 millones a la construcción de 20.000 viviendas de alquiler social, 450 millones a deducciones fiscales (también para rehabilitar viviendas) y 1.100 millones en avales para las comunidades de propietarios.

Respecto a la Ley de Vivienda, aún encallada por diferencias entre los dos socios de Gobierno, la ministra ha dicho que quiere llevarla al Congreso “lo antes posible” y que sus objetivos serán promocionar un parque público de vivienda y prohibir su venta a terceros.