El Gobierno destina 3.800 millones a gasto sanitario y aplaza 14.000 millones en impuestos a pymes y autónomos por el coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se transferirán 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para destinarlo a los recursos que consideren necesarios para la atención sanitaria por la crisis del coronavirus. La salud pública es competencia de las autonomías.

“Es una cantidad que permitirá a las Comunidades reforzar sus servicios sanitarios, que en varias de ellas están sufriendo tensiones a causa del crecimiento de la enfermedad”, ha indicado el presidente del Gobierno durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario en el que se ha aprobado un primer paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia.

El presidente ha afirmado que estas medidas “se verían facilitadas si pudiéramos contar con unos nuevos presupuestos Generales del Estado”, un proyecto que aún no ha sido aprobado por la ausencia de apoyos claros a los mismos.

Los citados 2.800 millones serán un adelanto de los anticipos a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica (lo que el Estado calcula que se va a recaudar en las comunidades), ha explicado Sánchez.

A ellos se añade la movilización de en torno a 1.000 millones de euros del Fondo de Contingencia de los Presupuestos Generales del Estado, que irán destinados a intervenciones sanitarias prioritarias señaladas por el Ministerio de Sanidad.

El plan de medidas excepcionales en el ámbito económico para mitigar el impacto por el COVID-19 incluye medidas que sumadas ascienden a 18.225 millones de euros durante este año, según el cálculo del Gobierno.

“Las medidas expuestas son un primer paquete de otras medidas que se van a poner en marcha. Esta misma tarde tendré una videoconferencia con los agentes sociales para poner en marcha otras medidas”, ha añadido.

Aplazamiento de hasta 30.000 euros

El Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros incluirá el fraccionamiento y aplazamiento, durante seis meses, de las deudas tributarias con la Administración de autónomos y pymes, que “va a permitir inyectar unos 14.000 millones de euros de liquidez en nuestro sistema económico”, según ha anunciado Sánchez.

Desde la entrada en vigor del decreto ley hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, Hacienda permitirá que las empresas y los autónomos puedan aplazar hasta 30.000 euros en el pago de impuestos durante seis meses, con tres meses de carencia.

Estos aplazamientos se concederán por un plazo de seis meses, pero las empresas tendrán la opción de devolver el dinero a los tres y no abonar nada en intereses.

Las pymes y los autónomos podrán solicitar el aplazamiento por conceptos que hasta ahora tenían la consideración de inaplazables. Así, se permitirá aplazar las retenciones del IRPF, cuotas repercutidas de IVA y pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. La Ley General Tributaria no permite postergar el plazo de estos conceptos, algo que el Real Decreto–Ley modifica para dotar de mayor liquidez a pequeñas empresas y autónomos.

La finalidad es paliar los efectos que va a tener la cancelación de pedidos para “muchas empresas, pymes y autónomos viables y solventes que se van a ver desgraciadamente afectados por esta ”emergencia“, ha explicado el presidente del Gobierno.

El objetivo es “proteger el empleo” procurando “que los efectos de esta emergencia sanitaria sean transitorios y no irreversibles”, ha dicho.

Otras medidas laborales que se habían adelantando tendrán que esperar. Estaban previstos bastantes anuncios en esta materia y en protección social de los trabajadores, como la prestación para empleados sin opción de teletrabajo para cuidar a sus hijos, que anunció ayer el ministro José Luis Escrivá para que saliera adelante previsiblemente en este Consejo de Ministros Extraordinarios.

El presidente del Gobierno ha respondido que esta ayuda, así como los cambios en los ERE temporales (ERTE) para favorecer a las empresas y los trabajadores, se aprobarán “en las próximas semanas o próximos días”, informa Laura Olías.

Además, “para proteger a los consumidores” de las subidas de precios en productos “básicos”, el Ministerio de Consumo “instará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ”a investigar estos hechos“.

Durante la comparecencia del presidente del Gobierno, este organismo ha publicado una nota en la que indica que “extrema la vigilancia ante posibles abusos o prácticas que pudieran entorpecer el abastecimiento o producir encarecimiento de los productos necesarios para la protección de la salud ante esta emergencia sanitaria”, “colabora con el Ministerio de Sanidad en diseñar medidas adecuadas” y “mantiene su llamamiento a la población para que colabore en la detección de prácticas anticompetitivas”.

Apoyo al turismo y el transporte

El Gobierno ha aprobado también medidas de apoyo a los sectores del turismo y el transporte, dos de los más afectados por la crisis. Se habilitará una línea de financiación del ICO de 400 millones para las empresas, con el fin de “preservar el empleo en el sector”.

Asimismo, se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social en los contratos fijos discontinuos para que cubran los meses de febrero a junio de 2020. También se flexibilizan las reglas de las franjas aéreas aeroportuarias para que las aerolíneas puedan flexibilidad su actividad. Esta medida requiere la conformidad de las autoridades europeas. Sánchez ha indicado que esta llegará en las próximas horas, informa Analía Plaza.

Por otro lado, Renfe permitirá desde este próximo lunes, 16 de marzo, que los viajeros cambien para otra fecha o anulen sin coste alguno los billetes de tren que tengan adquiridos. La medida está en línea con las recomendaciones que realizan las autorizaciones sanitarias a los ciudadanos de evitar realizar viajes que no sean imprescindibles.

Alimentación de familias vulnerables

Sánchez ha anunciado también que el Consejo de Ministros de este jueves ha aprobado una dotación extraordinaria de 25 millones de euros destinada a “reforzar los servicios sociales” de las comunidades autónomas para “luchar contra la pobreza infantil”, informa Marta Borraz. El objetivo es, entre otras cosas, “flexibilizar la obtención de las becas de comedor” para que aquellas familias que ya las tuvieran concedidas, puedan hacerlas efectivas incluso con los centros educativos cerrados. En la Comunidad de Madrid, Euskadi, La Rioja, Catalunya, Galicia y Murcia ya se ha decretado la suspensión de las clases.

Esto impacta especialmente en familias vulnerables y niños y niñas para las que la comida que hacen en los centros educativos puede llegar a ser la única equilibrada y completa del día. Por eso, el Consejo de Ministros ha aprobado “reforzar la atención” a estos grupos de población para asegurar “el derecho básico a la alimentación” de los menores afectados por el cierre de colegios, ha dicho Pedro Sánchez sin añadir ningún detalle más.