El Gobierno vuelve a retrasar la Comisión sobre la reforma fiscal por “los vetos cruzados” de sus socios

La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados en la que se tiene que debatir “el paquete fiscal” previo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 no se celebrará esta semana. Tras posponerse el lunes, este jueves se ha vuelto a retrasar al próximo lunes 18 de noviembre. El Gobierno busca ganar tiempo para seguir negociando sobre los cambios en los impuestos ante los “vetos cruzados” entre los socios de la investidura.

La clave del choque está en que el PSOE está atrapado entre sus acuerdos con PNV y Junts y las exigencias de sus socios de izquierda. El principal punto de conflicto es el impuesto especial a las empresas energéticas que caduca a final de año y que el Ministerio de Hacienda había pactado tumbar con las fuerzas nacionalistas y conservadoras. Pero es precisamente ese gravamen el que quieren mantener a toda costa Sumar y sobre todo ERC, EH Bildu y Podemos.

Ante este bloqueo, el Partido Popular (PP) se ha ofrecido a apoyar este jueves en la Comisión de Hacienda el Proyecto de Ley que transpone a la legislación española un nuevo impuesto mínimo del 15% para empresas multinacionales, si no se añaden nuevos tributos como los que han estado negociando el PSOE y sus socios. Estos nuevos impuestos se pretenden incluir como enmiendas a ese Proyecto de Ley que tendrá que ser aprobado en un Pleno del Congreso.

La principal amenaza de “los vetos cruzados” entre los socios del Gobierno va más allá de “la reforma o paquete fiscal”. Si no sale adelante, están en riesgo los Presupuestos del próximo año y también los próximos desembolsos de los fondos del Plan de Recuperación, ya que el compromiso con la Comisión Europea es seguir abordando cambios en los impuestos que mejoren la eficacia y la equidad de nuestro sistema fiscal.

Los pactos iniciales del PSOE con PNV y Junts provocaron una decepción en Sumar, que este mismo lunes consiguió arranca otro acuerdo a los socialistas que contempla convertir el gravamen temporal a la banca en un impuesto permanente, un nuevo tributo al lujo y subir dos puntos el IRPF a las rentas del capital de más de 300.000 euros, entre otras medidas. 

Sin embargo, estos acuerdos han levantado ampollas a derechas —incluidos algunos sectores empresariales—, y a izquierdas. Y, al menos de momento, no han hecho posible una mayoría suficiente de apoyos en el Congreso.

Las diferencias entre los dos bloques son antagónicas. PNV y Junts están totalmente alineados con los intereses de Repsol y del resto del sector energético. Una posición que está en contra del compromiso del acuerdo de formación de Gobierno entre PSOE y Sumar de convertir en un impuesto permanente el gravamente temporal que el anterior Ejecutivo diseñó en 2022 por las ganancias extraordinarias derivadas de la crisis de inflación.

Este mismo compromiso PSOE-Sumar existe sobre el impuesto a la banca. Este sí tiene el apoyo de PNV y Junts, aunque existen diferencias en el diseño. Otra medida sobre las que existe consenso, según han señalado fuentes conocedoras de las negociaciones a elDiario.es, es el “aumento de dos puntos la tributación en el IRPF de las rentas de capital por encima de los 300.000 euros”.

Mientras, la propuesta de la eliminación del “régimen fiscal especial de las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliarios), que solo tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades”, acabó con las amenazas de Merlin y Colonial de marcharse de España si se sale adelante esta propuesta. Repsol y Cepsa ya jugaron la carta de las amenazas hace algunas semanas.

El Gobierno intenta la cuadratura del círculo con sus socios

Durante toda la jornada, las conversaciones cruzadas se han sucedido en los pasillos del Congreso entre los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno. Ya hace días que en el ministerio de Hacienda apreciaban como un horizonte difícilmente alcanzable poner de acuerdo a grupos conservadores como el PNV y Junts con otros progresistas como Esquerra y Bildu en una materia tan sensible como la fiscal. Pero ante la hipótesis de que el PP se arrogase un papel protagonista en el apoyo parcial a la reforma, el Ejecutivo ha decidido apurar una vez más los plazos.

“Si se desconvoca la Comisión es porque apreciamos que hay agua en la piscina, porque vemos opciones”, señalan fuentes del Gobierno que no esconden sus recelos por apoyarse en los de Feijóo en un momento como este y en un asunto de tanta carga ideológico como la política impositiva. “Si sacamos esto con el PP se complica la situación con nuestros socios, la negocición tiene que ser por la izquierda”, añaden esas fuentes.

A media mañana, y en mitad del lío entre el Gobierno y sus socios, el PP avisó de que estaba dispuesto a prestar sus votos para sacar adelante la transposición europea siempre y cuando eso no implicase una subida generalizada de impuestos. “El PP está en contra de cualquier subida impositiva, y solo apoyará las que vengan impuestas por el marco comunitario, como es el caso de la transposición de la directiva sobre el mínimo complementario de sociedades pactado en Bruselas”, señalaron fuentes de la dirección de Génova.

Al final, la decisión de Hacienda fue la de volver a dar tiempo a la negociación con los socios del Ejecutivo. La Comisión, suspendida por segunda vez esta semana, está previsto que se reanude el próximo lunes por la tarde.