Toda la gran industria sale en apoyo de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y del tope a la generación eléctrica con gas, pero reclaman a la ministra que obligue a las eléctricas a subastar energía barata.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por las patronales ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento) y UNESID (siderurgia), ha enviado esta mañana una carta a la ministra para la Transición Ecológica “agradeciendo su esfuerzo y compromiso”, que “ha tenido como resultado el mecanismo exitosamente pactado con la Comisión Europea” para imponer un tope a la generación de electricidad con gas, que confían en que “tenga impacto positivo e inmediato a favor de la competitividad industrial española” y cuyo detalle espera “se conozca en breve”.
“Desde la Alianza por la competitividad de la industria española, queremos trasladarte nuestro sincero agradecimiento por los esfuerzos que estáis realizando ante la gravísima crisis energética que afrontamos, tanto tú de forma personal como el Gobierno en su conjunto”, dice la carta a Ribera.
Como representante de sectores industriales estratégicos, la Alianza explica que “pese a las medidas adoptadas a nivel nacional a favor de la industria en los últimos meses y semanas, la coyuntura que afrontamos por el nivel de costes energéticos es dramática y sin perspectiva de mejora en el corto plazo. Día a día, nuestras industrias intentan competir internacionalmente, debiendo hacerlo en creciente desventaja de costes frente a terceros”.
Por eso, la Alianza considera que “de forma complementaria” a la llamada solución ibérica, “también es urgente celebrar las subastas de tecnologías inframarginales previstas en el Real Decreto-ley 17/2021, como vía para potenciar contratos bilaterales a precios competitivos. Dichas subastas deben estar dirigidas a los consumidores industriales, sean o no consumidores directos, y a sus comercializadoras interpuestas”.
Estas subastas se anunciaron el pasado septiembre, pero no se han puesto en marcha. La semana pasada, la patronal de los mayores consumidores de energía eléctrica de España, AEGE, pidió que se lancen ya. Ahora toda la gran industria se une a esa petición. También celebran que se ponga en marcha la denominada excepción ibérica, que el Gobierno espera aprobar en el Consejo de Ministros, aunque, según la Comisión Europea, España y Portugal todavía no han enviado a Bruselas una propuesta formal.
“Nos encontramos a la expectativa de conocer qué medidas complementarán a las adoptadas hasta ahora y muy especialmente, el detalle del mecanismo exitosamente pactado con la Comisión Europea gracias a tu firme compromiso. Necesitamos que su implementación tenga impacto positivo e inmediato a favor de la competitividad industrial española”, señala la misiva firmada por Carlos Reinoso, secretario de la Alianza por la Competitividad.
Este lobby industrial “representa a los sectores industriales estratégicos para el desarrollo de la economía y el empleo en España, generando el 55% del Producto Industrial Bruto y 4 millones de empleos directos, indirectos e inducidos”.
Conjuntamente, las empresas de la Alianza realizan el 60% de las exportaciones industriales y el 60% de las inversiones en I+D+i, con 60.000 millones de euros invertidos en el último lustro, una cifra de negocios de 370.000 millones de euros anuales, el 65% del total industrial, 75.000 millones de valor añadido. Concentran el 23% de la población asalariada, con el 90% de sus contratos indefinidos. Sus exportaciones alcanzan los 160.000 millones de euros, el 60% del total industrial, y el 50% de sus ventas van al exterior.