Las grandes constructoras suman más de 320 millones en multas en tres años por amañar concursos públicos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso la pasada semana una sanción histórica a las grandes compañías constructoras de España. Los 203,6 millones de la sanción revelaba las reuniones y acuerdos entre estas empresas para acudir a licitaciones públicas de obra civil. Sin embargo, no es la primera vez que en los tres últimos años Competencia señala a este sector por sus alianzas que alteraban concursos públicos. En total, cuatro expedientes han acabado con multas que superan los 320 millones de euros.

La última de las investigaciones es la de mayor cuantía de la historia del organismo. La lista de las empresas sancionadas incluye a las seis grandes constructoras del país. Dragados, del grupo ACS, recibió la mayor multa, con 57,1 millones de euros, seguida por FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), Acciona (29,4 millones), OHLA (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones). La CNMC explicó que desde 1992 estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos. Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras, según el organismo supervisor.

Competencia considera que este tipo de acuerdos entre las grandes compañías constructoras del país tuvieron efectos “especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas”.

La resolución de este expediente llega menos de un año después de que impusiera a estas mismas empresas más de 36 millones de euros de multa, dentro de una sanción que, incluyendo a otras compañías, superaba los 61 millones. En total fueron doce constructoras sancionadas por formar un cártel para alterar licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre 2014 y 2018.

ACS volvió a ser la que recibió una sanción mayor, con 11,78 millones de euros. FCC fue multada con 8,54 millones, Ferrovial con 5,7 millones, Sacyr con 5,17 millones, OHLA, con 3 millones y Acciona, con 2,4 millones.

Según detalló entonces Competencia, este cártel se desarrollaba a través de reuniones “para tomar café” donde estas compañías establecían los criterios de coordinación de las ofertas a presentar en los concursos del Ministerio para estos servicios. Esta sanción no estuvo firmada por la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, que se inhibió en varias decisiones del organismo por su pasado como abogada de élite para empresas en materia de competencia.

Además de obra civil o las carreteras, varias de estas constructoras también han sido sancionadas por la CNMC por el conocido como 'cártel del AVE'. Competencia consideró que entre las empresas sancionadas, que acumulaban una sanción de 118 millones, se repartieron durante más de una década más de 1.000 millones de euros en licitaciones de Adif, siendo la mayoría (900 millones) relacionadas con el AVE. Este dictamen de la CNMC sancionó a cuatro filiales de ACS, que sumaron una sanción de 51 millones, y multas inferiores a empresas de Sacyr o FCC.

A estos casos en los que han sido sancionadas varias constructoras hay que sumar las multas interpuestas contra ACS. El año pasado, además de la citada en el mantenimiento de carreteras, la compañía que preside Florentino Pérez fue sancionada por la participación de su filial Cobra en un cártel de empresas de seguridad, señalización y comunicaciones de la red ferroviaria española por repartirse de forma fraudulenta hasta 82 licitaciones del Ministerio de Fomento y de Adif entre 2002 y 2017. En total fueron 128 millones en multas, de los que 30 millones correspondieron a ACS y el resto se repartió entre firmas como Siemens o Nokia.

El grupo que preside Florentino Pérez pasa por ser la compañía en España que ha recibido más multas por parte de Competencia. Solo con estos cuatro casos señalados acumula más de 150 millones de euros en sanciones de Competencia en apenas tres años, superando con creces a cualquier otra empresa.

Las constructoras se han revuelto públicamente contra la última sanción de la CNMC. Seopan, la patronal que engloba a estas compañías, emitió un comunicado denunciando “la falta de rigor” de la CNMC, al asegurar que “se basa en meras apreciaciones subjetivas, opiniones o sospechas”. Asegura esta asociación que las prácticas castigadas por Competencia son “lícitas, normal y eficientes”.

El sector público, el principal afectado

En la mayoría de estas sanciones hay un nexo común y es que el perjudicado de estos cárteles suele ser el Estado y las administraciones públicas. Los acuerdos entre estas compañías se han realizado habitualmente como maniobras para repartirse licitaciones millonarias en obras como carreteras o el AVE. Ya el pasado año, antes de las dos últimas grandes sanciones a constructoras en licitaciones públicas, la CNMC señalaba que los cárteles vinculados a concursos por parte de administraciones copan más de la mitad de las sanciones que impone. “Este tipo de acuerdos entre empresas es una de las prácticas que más preocupan a la CNMC”, dijo el organismo entonces.

Este hecho ha llevado a la CNMC a plantear el veto para las grandes constructoras en licitaciones públicas por estas sanciones. La amenaza de la inhabilitación sobrevuela sobre las seis grandes compañías (ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC y OHL. Competencia ha pedido vetar a estas empresas tras varios expedientes sancionadores en el pasado. La posibilidad de vetar a una empresa como contratista por vulnerar las normas de la libre competencia se introdujo en la reforma de la Ley de Contratos públicos de 2017. Hasta ahora, la CNMC ha pedido vetar a más de cien empresas activando ese procedimiento en una decena de expedientes.

La amenaza de inhabilitación para recibir contratos públicos en España ya pende sobre las seis grandes constructoras del país, por ahora sin más consecuencias que las reputacionales. Por poner el caso del 'cártel del AVE', las empresas recurrieron a los tribunales la millonaria sanción y hasta que ésta no sea firme, el Ministerio de Hacienda no se va a posicionar sobre esta inhabilitación. De este modo, las compañías han conseguido esquivar por el momento el veto de la CNMC y han seguido contratando con la administración.

El organismo lanzó en marzo una consulta pública para estudiar un cambio en la normativa que permita que sea la CNMC la que pueda imponer un veto directo a las empresas sancionadas en las licitaciones públicas sin tener que esperar a la decisión del Ministerio de Hacienda. La responsable de Competencia, Cani Fernández, defendió en el Congreso que esta alternativa permitiría “proteger tanto a la administración como al contribuyente”. Además, según apuntó, “sería una amenaza creíble, mucho más que las multas”, especialmente en un contexto de gran contratación pública por los fondos europeos.

Las sanciones que impone la CNMC han sido un ámbito conflictivo durante los últimos años. Algunas de las multas que ha aprobado y sus informes han sido anulados por la Justicia, evitando que Competencia pudiera reclamar esas sanciones. Uno de estos aspectos llevados a los tribunales por los implicados han sido las multas a los directivos de empresas sancionadas por prácticas contra la libre competencia. Desde que se empezaran a aplicar en 2016 estos castigos han afectado a 70 directivos de unas 40 empresas, sumando unos 2,3 millones de euros. Ahora, estos altos cargos de empresas están llevando sus casos a la Audiencia Nacional para evitar que sigan adelante unas sanciones que, de media, rondan los 33.000 euros por implicado. Algunos de ellos han logrado el reconocimiento del tribunal a sus recursos.