Los folletos de todas las marcas de Dia —Maxi Dia, Dia Market y La Plaza de Dia— incluyen esta semana varias súper ofertas. Entre ellas está el kilo de pollo entero, con una de las rebajas más grandes de todo el catálogo: un 32% menos de precio, lo que supone bajar de 2,48 euros el kilo hasta 1,69 euros. Los pequeños ganaderos han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran una clara venta por debajo de los costes de producción.
“Nos preocupa que haya un efecto llamada y la competencia diga: pues nosotros también”, señala Román Santalla, secretario de ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. “Si España se ve inmersa en una caída de precios, los consumidores salen beneficiados, pero los perjudicados somos los granjeros. Los productores no pueden pagar estas ofertas temerarias”.
Según los datos del Ministerio de Agricultura, el kilo de pollo en España está estas semanas a alrededor de 1,50 euros, algo por debajo que en años anteriores. Estos datos corresponden al pollo vivo —sin procesar, transportar ni envasar— así que son más bajos que los que finalmente paga el supermercado. “Y 2,48 euros el kilo sigue siendo barato”, continúa Santalla. “Me atrevería a decir que de los más baratos de Europa. En España, esa competencia en distribución por minimizar el precio al consumidor termina asfixiándonos a los productores”.
Los ganaderos han elevado su queja a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), un órgano dependiente del Ministerio de Agricultura que tiene por objeto la mejora de la cadena agroalimentaria. Allí han puesto una denuncia por “venta a pérdidas”, una práctica en la que los supermercados venden productos por menos de lo que a ellos les cuesta con el fin de atraer clientes. Sin embargo, un cambio de normativa reciente hace que no las tengan todas consigo: la venta a pérdidas ya no está prohibida como tal, sino que tiene que ajustarse a ciertos supuestos y considerarse venta “desleal”.
El cambio
Hasta hace apenas dos años, la venta a pérdidas sí estaba prohibida en España por la Ley del Comercio Minorista. La norma consideraba que existía cuando el precio de un producto fuera “inferior al de adquisición según factura”. Cuando había denuncia, los inspectores de la AICA pedían facturas para ver por cuánto lo había comprado el supermercado. Si era inferior al precio al que lo vendía, trasladaban el expediente a la autoridad competente (la Comunidad Autónoma) para que procediera a la sanción.
Pero en noviembre de 2017 una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo cambió todo. El mayorista Europamur recurrió la sanción que le habían impuesto las autoridades murcianas por vender sus productos a pérdidas a supermercados y tiendas de barrio. Europamur ganó y el TJUE declaró la normativa española contraria al derecho comunitario.
Durante un año, España estuvo en un limbo legal. Un real decreto de diciembre de 2018 solventó la situación “reintroduciendo” la venta a pérdidas y ajustándola a la norma europea. Eso significó establecer cuatro supuestos de venta “desleal”, de forma que ahora, para considerar una venta a pérdidas sancionable, esta debe cumplir alguno de ellos: que el establecimiento induzca a error al consumidor, que desacredite la imagen del producto, que pretenda eliminar a un competidor del mercado o que dé información falsa.
“Antes, si vendías por debajo de coste se entendía que ibas en contra de la buena fe, al atraer al consumidor en contra de otros competidores. Ahora hay un primer principio en el que se elimina la venta a pérdidas a no ser que sea desleal. Pero eso hay que acreditarlo”, indican fuentes jurídicas. “Antes simplemente se acreditaba con facturas. Ahora ya no se entiende así, sino con los supuestos”. El ministro de agricultura, Luis Planas, declaró que con la nueva regulación habría “mayor seguridad jurídica”.
Las asociaciones de productores saltaron entonces al considerar que quedaban desamparadas, que ahora sería más complicado demostrar una venta a pérdidas. Por eso piden que se vuelva a prohibir, que la prohibición entre dentro de la Ley de Cadena Alimentaria y que la competencia para perseguirla sea estatal y recaiga en la propia AICA, no en las comunidades autónomas.
“Hay que establecer una excepción a la ley de competencia y de comercio minorista en relación con los productos alimentarios dado el carácter estratégico del sector primario”, sostienen desde UPA. “Y la competencia debe ser estatal, porque las ofertas y abusos son nacionales. Ya hemos visto que dejarlo en manos de las comunidades no funciona”
La del pollo de Dia, la situación más “abusiva” en mucho tiempo
En este sentido, el del pollo es un sector tranquilo. La AICA, que se creó con la Ley de cadena alimentaria, ha recibido un total 268 denuncias en estos años, 52 de ellas por venta a pérdidas. El organismo, que ha proporcionado los datos a eldiario.es, desglosa por sectores el total de denuncias recibidas. Solo 10 de las 268 eran al sector cárnico. De todas las sanciones impuestas —que también proceden de inspecciones de oficio, no solo de denuncias— únicamente una fue a parar a este sector.
“Estábamos en un momento de sosiego”, señala el secretario de ganadería de UPA. “Hace años hubo ofertas muy fuertes. Pero desde la Ley de Cadena Alimentaria [de 2013] se protege al sector en general. Los alimentos básicos siempre están en la picota: el sector lácteo y el aceite de oliva han estado en situaciones delicadas y también hemos presentado denuncias. Pero tan fuerte y abusiva como esta del pollo no hemos visto ninguna”. Dia no ha respondido a una solicitud de información de este diario.
Pese a la relativa calma, no es la primera vez que los ganaderos denuncian que los precios del pollo estén por los suelos, y en parte fían su suerte al impacto mediático que consigan. En 2014, la UPA regaló 3.000 kilos de pollo en la céntrica plaza madrileña de Callao para protestar y explicar a los consumidores que no debían “comprar carne a ese precio, porque a la larga supondría la desaparición de la ganadería avícola española”.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados, porque si la oferta dura uno o dos días vale, pero si se mantiene una semana todo se viene abajo. Muchas veces lo hemos arreglado con una denuncia, porque es tan abusivo bajar así el precio de un bien de primera necesidad que tiene impacto mediático. Alguien tiene que palmar mucho dinero con esa bajada”, concluye Santalla. “Y nuestra obligación es evitar que suceda: por eso de vez en cuando tenemos que dar tirones de orejas a la distribución”.