“Estamos en un momento muy complicado, porque venimos de un segundo semestre de 2021 donde ya se habían disparado los precios de los fertilizantes, la energía, fitosanitarios, carburantes… Ahora la guerra aumenta más los problemas”. Así resume Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la situación que está viviendo el campo en las últimas semanas.
Una suma de factores similar a la que se vive en la ganadería. “Los costes energéticos, los piensos, los carburantes, o el agua, antes de la guerra, ya habían subido entre un 25% y un 28%”, afirma Jaume Bernis, responsable de ganadería de COAG. “Desde junio o julio, el incremento de los costes es general para todos los que encendemos la luz o arrancamos un motor. Y ahora nos encontramos con una crisis bélica en el país que suministra el 40% del total de cereales que se necesitan en España”, añade el responsable de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.
La guerra en Ucrania, el granero de Europa, ha sido el desencadenante que ha vuelto a hacer sonar las alarmas, pero no solo en el campo. A la preocupación de agricultores y ganaderos se suma la de todos los eslabones de la cadena alimentaria, tanto los fabricantes de alimentación, como los distribuidores y los consumidores, que ya ven que su cesta de la compra es más cara que la de hace un año. Y vuelven a vivirse situaciones que hace unos meses no parecían planteables, como el acopio de botellas de aceite de girasol que ha llevado a los supermercados a limitar las unidades que venden a cada cliente, una práctica cuestionada.
A esa inquietud generalizada se le intenta buscar soluciones, sobre todo, que eviten problemas de suministro en los próximos meses. Y, una de ellas, empieza a calar a lo largo de las últimas jornadas. La premisa de que España y la Unión Europea deben replantearse su modelo de producción de alimentos y afrontar la “soberanía alimentaria”.
Los mensajes llegan desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, esta misma semana, Mauricio García de Quevedo, presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la patronal que agrupa a los fabricantes, aseguró en una entrevista en TVE que “la soberanía alimentaria es un factor fundamental y hay que plantear cuestiones para asegurar que nuestro aprovisionamiento de materias primas en el sector alimentario esté garantizada”.
En un planteamiento similar, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, señaló el martes que tanto España como Francia van a plantear a la Comisión Europea que “haga frente a una situación excepcional con medidas necesariamente excepcionales”. ¿En qué dirección? En la de “mantener y desarrollar nuestra autonomía alimentaria ante este nuevo reto”. Es decir, a mirar al campo con otros ojos y acelerar la producción de cereales, aceites y alimentos en general dentro de territorio comunitario.
Industria y Gobierno abogan por una autonomía y una soberanía alimentarias que, básicamente, reflejan una exigencia de ser autosuficientes y evitar problemas de producción, fabricación y venta de alimentos cuando haya problemas a escala internacional.
Un concepto de 'soberanía alimentaria' que, en realidad, es definido por la FAO, la agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como el “derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de los sistemas productivos, de comercialización y de gestión de los espacios rurales”.
Ahora, el concepto queda redirigido hacia la necesidad de autosuficiencia, pero, al mismo tiempo, sin desligarse del libre mercado.
“Con la guerra, hemos vuelto a ver que las cadenas de suministro están globalizadas”, explica García de Quevedo a elDiario.es. “Hay una serie de ingredientes que vienen de Ucrania, como son el girasol, el trigo y el maíz. Se está tensionando muchísimo el aprovisionamiento de materias primas, para poder continuar produciendo”. “Tenemos que ver qué tipo de cultivos nos hacen falta y, en el medio plazo, asegurar todas las cadenas de productos, todos los suministros”, añade.
Unos suministros y una capacidad de producción y de almacenamiento de cereales donde nadie preveía un conflicto bélico en un país que surte a gran parte de Europa. En España, además, esta situación combina con la sequía y con la realidad de no ser un país capaz de cultivar todo el cereal que consume.
En la última campaña con datos cerrados, la de 2020, España produjo más de 37 millones de toneladas de cereales. De ellos, más de la mitad fueron de dos variedades, maíz (13,7 millones de toneladas) y trigo blando (10,6 millones). Y, en ambos, la mayor parte estaba destinada a la alimentación animal, más de 11 millones en el caso del maíz y casi 6 millones en el caso del trigo.
Mientras, importamos de Ucrania, cada año, 2,7 millones de toneladas de maíz, según datos del Ministerio de Agricultura. Es el 22% de todas las importaciones que realizamos de este cereal, básico para la alimentación humana pero, sobre todo, para la animal. De Ucrania también llegan 500.000 toneladas anuales de aceite de girasol y el 68% de las importaciones de torta de girasol, un subproducto que, de nuevo, se emplea para la alimentación animal.
De momento, casi nadie en el sector quiere hablar de problemas de suministro. Con la actual situación, aseguran, los stocks de cereales no tienen que tener problemas durante varios meses. Aunque algunas voces, como el presidente de COAG en la Región de Murcia, José Miguel Marín, consideran que solo hay reservas para “unos 25 días o un mes”.
Toca buscar alternativas a las materias primas ucranianas. La primera opción, apuntan, que los cereales que se producen dentro de Europa no se envíen fuera. “La Unión Europea tiene que ser lo más autosuficiente posible”, reclama Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. “La Política Agraria Común, la PAC se creó, precisamente, para garantizar el suministro de productos sanos y asequibles en toda Europa”, añade Ramos, también agricultor.
La misma opinión la expone el responsable de la patronal FIAB. “La economía es de libre mercado pero en circunstancias excepcionales hay que poner medidas excepcionales. Sería curioso que no tuviéramos trigo y lo estuviéramos exportando”, argumenta García de Quevedo. “La electricidad y los alimentos deberían ser las dos categorías que tienen que tener soberanía en situaciones conflictivas mundiales, porque son dos elementos básicos de la supervivencia humana”, añade.
Otra opción pasa por buscar nuevos mercados de los que importar porque España, ahora mismo, no puede producir cereales y oleaginosas por sí sola y de un día para otro. “En las granjas, lo normal es que tengamos silos con 10.000 o 15.000 kilos, que pueden durar unos 10 o 15 días, pero las granjas somos el último eslabón y, este año, la cosecha en España no va a ser buena por la sequía”, apunta Jaume Bernis, responsable de ganadería de COAG. “Necesitamos importar de otros países”, apunta el también dueño de una explotación porcina.
Bernis señala cuatro naciones: Brasil, Argentina, Canadá y Estados Unidos. El Ministerio de Agricultura ya ha reconocido que se está negociando con países que hasta ahora no eran una opción. No estaban 'en el mapa' porque, o bien producen cereales modificados genéticamente (transgénicos) o emplean productos fitosanitarios que, en ambos casos, no están aprobados por Bruselas.
Ahora, según las distintas fuentes consultadas, Europa puede acelerar las autorizaciones de este tipo de productos para evitar posibles desabastecimientos y subidas de precios en la alimentación.
La tercera alternativa es ponerse a sembrar y hacerlo lo antes posible. “Estamos a tiempo de sembrar girasol en España, que se puede sembrar en sequía”, explica el responsable de UPA. “Pero, para hacerlo, nos tienen que dar autorización. Podemos plantarlo en marzo, abril o mayo; pero tienen que permitir que los agricultores que tienen permisos solo para otros cereales puedan plantar girasol y no tengan problemas”, reclama.
No solo girasoles. “Si el tiempo lo permite, podemos plantar los cereales que son más escasos. La PAC exige que el 5% de las tierras tienen que estar un año en barbecho; y ahora querían subirlo al 10%. Pues, en esta situación, que no haya barbecho”. concluye Lorenzo Ramós.
El Ministerio de Agricultura ya ha recogido el guante sobre el barbecho y asume que la PAC, en este nuevo escenario, puede contemplar la posibilidad de un aumento de la producción tanto de cereales como de oleaginosas.
No solo en España se vive esta situación y este llamamiento a la siembra, en Irlanda, por ejemplo, crecen las voces que instan a aumentar la producción y mitigar, también la especulación en los mercados.
A mediados de enero, los futuros a un año del trigo en la bolsa de Londres marcaban un precio de 205 libras la tonelada. Esta semana han superado las 292 libras. Hay especulación, también por parte de los intermediarios porque, según indican las distintas fuentes consultadas, dado que los cereales no son perecederos, algunos intermediarios son reticentes a poner sus stocks a la venta. Los están guardando, con la confianza de que los precios suban aún más en las próximas semanas.
Una derivada de la especulación es el miedo en el consumidor y eso ya se ha notado en los supermercados. En los últimos días se ha limitado la venta de botellas de aceite de girasol, para evitar el acaparamiento. “Es el efecto papel higiénico”, ha reconocido el director general de Lidl en España, Claus Grande. “Hay gente que nunca ha consumido aceite de girasol y está comprándolo. No es el momento para comprar aceite de girasol si uno no lo consume”, aseguró en un encuentro con medios recogido por la agencia Europa Press.
“Las circunstancias que estamos viviendo se deben a un comportamiento atípico del consumidor, motivado por noticias que no deberían condicionar la confianza en la cadena agroalimentaria española, que ha demostrado, en las peores circunstancias, estar en condiciones de garantizar el abastecimiento”, señala, Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados (Asedas), en la que están cadenas como Mercadona, Dia, Lidl o Froiz.
“España es uno de los primeros productores de alimentos del mundo y, si hay dificultades con algunos de los que importamos se buscarán otros países y productos sustitutivos”, indica. “La distribución trabaja para que estos problemas se perciban lo menos posible por los consumidores y el impacto en precios también sea el mínimo posible”, añade.
Se busca minimizar el problema que, realmente, en una guerra como la que se está viviendo en Ucrania, debería ponerse en perspectiva. “Estamos pensando en los cereales y en la alimentación de la ganadería cuando hay gente a la que están masacrando”, reflexiona Jaume Bernis. “Lo primero es solidarizarnos con las víctimas de una guerra absurda. Luego, ya hablamos de nuestra situación”.
“Es muy difícil ser optimista. Yo pensaba que la guerra iba a durar unos días, pero no sabemos cuál va a ser el resultado, si va a ir a más. ¿Quién nos iba a decir en enero de 2020 todo lo que iba a venir? Me gustaría ser optimista, que la guerra se acabe y que los daños se puedan reparar lo antes posible, pero es difícil”, resume el secretario general de UPA.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.