La actualización de las pensiones de este 2018 no está cerrada, aseguran fuentes del Gobierno. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, anunció que la subida de las pensiones se revisaría según el IPC de diciembre pese a que tradicionalmente la referencia utilizada era noviembre. Granado aseguró que estaban “rezando” para que este dato no superara el 1,6%, lo que dejaría a los pensionistas sin la conocida “paguilla” compensatoria en un año preelectoral. Fuentes de Hacienda descartan la actualización según la inflación de diciembre y aseguran que el Gobierno aún estudia en qué indicador basarse.
En el Ministerio del ramo explican que el Gobierno prevé que el IPC del mes de diciembre puede quedar por debajo del 1,6%, lo que implicaría que los pensionistas no recibirían compensación alguna en enero. Las previsiones del Ejecutivo coinciden con las del centro de estudios de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), que sitúa el IPC de diciembre en el 1,5% y las de la CEOE, en el 1,6% “de mantenerse los precios del petróleo en los niveles actuales”. La patronal calcula por tanto que “el promedio anual será del 1,7%”.
La “paguilla” pretende compensar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas cuando la inflación concluye por encima de lo previsto y, por tanto, por encima de la subida anual aplicada a sus prestaciones. Tradicionalmente se ha abonado utilizando el dato del IPC de noviembre, hasta la reforma de las pensiones del Gobierno del PP, cuando las pensiones pasaron a subir solo un 0,25%. Sin embargo, el secretario de Estado de la Seguridad Social anunció que este año el indicador sería el IPC de diciembre, que se prevé inferior al de noviembre, y subrayó las limitaciones presupuestarias para hacer frente a este pago extra.
“Nosotros este año estamos trabajando con una Ley de Presupuestos que no tenía establecida la paga de desviación de inflación y, lo que es peor, no nos dejaron el dinero para hacer una paga de desviación de inflación”, apuntó Octavio Granado en un acto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Por ello, añadía Granado, “estamos todos rezando por que no haya desviación de la inflación, porque no tenemos ni la norma ni el dinero necesario para aplicarla”.
IPC de noviembre o promedio anual
En el Ministerio de Hacienda, así como en el de Trabajo y Economía, aseguran que la decisión sobre qué indicador marcará la revisión de las pensiones no está tomada.
Según fuentes oficiales, las opciones que baraja el Ejecutivo son dos: la actualización según el IPC de noviembre, que quedó en el 1,7%, o según la media de la inflación de todos los meses del año. La primera seguiría la práctica habitual hasta la reforma de las pensiones de 2013, pero el Gobierno no descarta cambiar de criterio y aplicar la segunda posibilidad, que algunos consideran que es más representativa de la inflación en el conjunto del año.
Desde el Ministerio de Trabajo reconocen que la actualización de las pensiones según el IPC de diciembre sería más favorable para las cuentas de la Seguridad Social, pero subrayan que ocurriría lo contrario con los pensionistas.
Según los cálculos de la Seguridad Social, el aumento del gasto por cada décima de incremento en la revalorización de las pensiones asciende a 128,6 millones de euros en 2018 y, en caso de consolidarse el incremento como ha ocurrido hasta ahora, el coste se queda en las nóminas de los pensionistas en los años sucesivos.