Hacienda echará a grandes empresas de su foro de “buenas prácticas” tributarias en caso de fraude “flagrante”

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha abierto la puerta por primera vez a expulsar del foro de diálogo con grandes empresas que puso en marcha hace casi quince años a aquellas compañías que cometan infracciones muy graves de la Ley Tributaria.

Fuentes del organismo indican que la eventual expulsión, que tendrá una vigencia de al menos dos años, se analizará “caso a caso” y podrá llevarse a cabo por asuntos que estén judicializados y sobre los que no haya todavía sentencia firme. En palabras de uno de los principales responsables de la agencia, “tiene que ser algo flagrante” y esperan no tener que llegar a esa situación.

Este foro de “buenas prácticas tributarias” se puso en marcha en 2010 y las empresas pueden adherirse voluntariamente. Es un marco de colaboración entre las grandes compañías y Hacienda basado en “la transparencia y confianza mutua”, tal y como explica el organismo en su web. Busca limar asperezas en la interpretación de cuestiones de índole fiscal, prevenir el fraude y reducir la litigiosidad. Está inspirado en la llamada relación cooperativa y en las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

El código recomienda a las empresas, con carácter “no exhaustivo”, aplicar “políticas fiscales responsables, e incluye entre las ”buenas prácticas“ evitar el uso de estructuras de carácter opaco con finalidades tributarias; también señala que la AEAT y las empresas firmantes ”colaborarán en la detección y búsqueda de soluciones respecto a aquellas prácticas fiscales fraudulentas que puedan desarrollarse en los mercados en los cuales están presentes para erradicar las ya existentes y prevenir su extensión“.

Hasta ahora no se había planteado la posibilidad de expulsar a alguno de los miembros de este foro. La propuesta ha surgido tras varias reuniones mantenidas por un grupo de trabajo específico para analizar el funcionamiento del modelo. Para ello se ha tenido en cuenta la información recogida en encuestas para los funcionarios de la Agencia y entre los representantes de las grandes empresas.

En ese grupo de trabajo reúne a representantes de Acerinox, Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Inditex, Repsol, Siemens y Telefónica y, por parte de la Administración al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT, el área de Aduanas e Impuestos Especiales, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y el Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales.

La posibilidad de expulsar a las empresas de este código se expuso en el Foro de Grandes Empresas del pasado 3 de julio. A la reunión asistieron los principales responsables de la AEAT y representantes del área Fiscal de esas compañías y de otras como ACS, Banco Sabadell, La Caixa, Cepsa (ahora Moeve), El Corte Inglés, Endesa o Mercadona, entre otras. Según el acta de la reunión que acaba de publicar la AEAT, el secretario técnico del Foro, Ignacio Fraseiro, director de Planificación y Relaciones Institucionales del organismo, planteó “la necesidad de establecer algún mecanismo para aquellos incumplimientos graves de los principios que inspiran el Código de Buenas Prácticas Tributarias”. 

“Se acordó tanto por la Administración como por las Grandes Empresas, que se eliminará a dicha empresa del listado de la sede electrónica donde aparecen relacionadas las empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas Tributarias. En dicho caso, la Administración dejaría de tener ningún tipo de compromiso con ella y la exclusión de ese listado supondría la salida inmediata del Foro de Grandes Empresas”.

A partir de ahora, cuando la AEAT detecte una “inobservancia grave” de esos principios por parte de una empresa, el Delegado Central de Grandes Contribuyentes o el Delegado Especial elevará el asunto a la Directora General de la Agencia Tributaria para proceder a informar al máximo órgano de gestión de la compañía afectada. Esta tendrá 15 días para alegar, “pudiendo presentar el compromiso del Consejo de Administración de no reincidir en los casos que han dado lugar a la referida comunicación”. 

“En el caso de acordarse la exclusión, esta tendrá una vigencia mínima de 2 años, pudiendo la entidad volver a solicitar su inclusión en la lista si cambian las circunstancias que motivaron la exclusión y no incurre en otros incumplimientos que pudieran motivar la misma”, dice el acta.

En la reunión, los representantes del área Fiscal de Santander y de FCC preguntaron si está definido qué debe entenderse por “inobservancia grave” del código. La Directora General de la Agencia, Soledad Fernández Doctor, expuso que en los próximos meses van a “ir viendo las situaciones y definiendo qué se entiende por incumplimiento grave”. 

Ignacio Fraseiro explicó que “se atendería a cada caso, siendo una cosa muy excepcional”, y que “un incumplimiento grave tiene que ser algo flagrante”. El director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT, Manuel Trillo, expuso que se trata de conductas “que no espera que se den en empresas que forman parte de un grupo de trabajo sobre relación cooperativa”.

El directivo de la agencia quiso diferenciar “este procedimiento de exclusión, que espera que no sea necesario tramitar”, de “el mundo jurídico regulado en los artículos 191 y siguientes de la Ley 58/2003 General Tributaria”, que recogen las infracciones de la normativa fiscal (leves, graves o muy graves). Trillo señaló que “si se intentase definir lo que es un incumplimiento grave conforme a las normas jurídicas, cualquier incumplimiento sería grave 10 o 12 años después de haberse producido, porque sería necesario esperar a la firmeza”. 

206 adhesiones, 111 empresas

Al Código de Buenas Prácticas Tributarias hay adheridas en la actualidad 206 empresas, frente a las 157 de enero de 2021, las 137 de abril de 2018 o las 120 de principios de 2017.

No obstante, la cifra real de compañías que lo han suscrito es inferior a esas 206, de 111 (a principios de 2021 no llegaba a un centenar), porque muchas de las que aparecen en el listado de la AEAT pertenecen al mismo grupo empresarial. Destaca especialmente El Corte Inglés, que figura con 29 sociedades adheridas (varias de ellas liquidadas hace años), junto a otras como la suiza Six, dueña de Bolsas y Mercados Españoles (con 22 sociedades) o la francesa Engie (nueve).

Entre las firmantes están varias multinacionales extranjeras y la mayoría de las compañías del Ibex 35, lo que supone un importante avance con respecto a 2017, cuando cerca de un tercio de las integrantes de este índice bursátil, el más importante de España, no se habían sumado. A la primera hornada de firmantes del código de 2010 (entre las primeras estuvo Ferrovial, que ya antes de su mudanza a Países Bajos no asistía a las reuniones periódicas del foro) se fueron sumando en los años siguientes otras como Red Eléctrica (en 2015), la extinta Bankia (2016) y otras como Sabadell, Enagás, Aena, Cellnex o, más recientemente, Meliá.

Una de las más rezagadas del Ibex en incorporarse fue Indra, que tiene como accionista mayoritario al Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda. La tecnológica, relacionada en el pasado con varios casos de corrupción, y que en 2019 se declaró culpable de un caso de delito fiscal, prometió en 2017 que se iba a adherir a este código. Finalmente no lo hizo hasta seis años después, en 2023. 

Actualmente todavía hay cinco compañías del Ibex que no se han sumado: el fabricante de piscinas Fluidra, la mayor socimi (inmobiliaria cotizada) de España, Merlin Properties (cuyo primer ejecutivo, Ismael Clemente, llegó a estar imputado por blanqueo de capitales hace años), la firma de moda Puig, la farmacéutica Rovi y Solaria.

La adhesión al código es voluntaria, pero la Administración le da una notable importancia. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) insta desde 2015 a las empresas cotizadas a detallar si se han adherido a él en sus informes anuales de gobierno corporativo.

El código compromete a sus firmantes a ser más transparentes a la hora de informar sobre sus prácticas tributarias. En su relación con ellos, la Administración aumenta la seguridad jurídica en la interpretación de las normas tributarias, mientras las empresas deben cumplir un conjunto de recomendaciones para evitar la utilización de estructuras fiduciarias opacas, intensificar la colaboración en la detección de prácticas fraudulentas y mejorar la información sobre las políticas fiscales aplicadas.

En el marco de esta “relación cooperativa” con la Administración, el código prevé que las empresas publiquen anualmente informes de transparencia fiscal informando de sus políticas en esta materia, los beneficios que les aporta cada país o su presencia en paraísos fiscales. En el último ejercicio analizado por la AEAT (2022), y con datos a 31 de enero de 2024, habían presentado esos informes de transparencia 35 grupos empresariales, que no suponen ni un tercio de los adheridos a él.

Entre las compañías adheridas en la actualidad al código, además de grandes corporaciones, hay también empresas públicas como el Canal de Isabel II o Mercasa, y alguna pyme como Optio Research. Esta última, creada en 2019, está especializada en creación de agrupaciones de interés económico (AIE), una figura sobre la que la AEAT ha expresado recientemente en este mismo foro su “preocupación” por el uso “abusivo” para obtener ventajas fiscales, con “rentabilidades del 60 y 70% de la inversión, sin una asunción de riesgos excesiva” y sin que los investigadores se beneficien de los incentivos fiscales a la I+D+i que supuestamente conlleva.