El Ministerio de Hacienda ha fijado este martes el techo de gasto no financiero del próximo año en 198.221 millones de euros, lo que supone el dato más elevado de la historia. El incremento anunciado tras el Consejo de Ministros, del 1,1%, mantiene por tercer ejercicio consecutivo la política expansiva del Gobierno. Pese al avance, la ministra María Jesús Montero mantiene que se sigue con la política de “responsabilidad fiscal” y mantiene sus proyecciones de déficit.
El Gobierno ha enfatizado su objetivo de tener un déficit del 5% para este año y del 3,9% para el próximo año. Se trata del mismo listón que marcó en la senda de estabilidad que se transmitió en primavera a Bruselas. Si bien, se ha producido un cambio entre administraciones. El Ejecutivo reduce el objetivo de déficit para el próximo año del Gobierno central al 3,2%, frente al 3,4% que se había fijado previamente. Esas dos décimas de diferencia recaerán sobre las cuentas de las Comunidades Autónomas, que verán relajado su objetivo de déficit. Por su parte, los Ayuntamientos tendrán un objetivo de superávit del 0,1%, frente al 0,2% que había previamente.
La aprobación del techo de gasto es uno de los primeros pasos para la formalización de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, tras haber solicitado ya hace unas semanas a los distintos ministerios sus prioridades presupuestarias para el siguiente año. Para las cuentas de 2022, actualmente vigentes, el Gobierno trazó un límite de gasto no financiero de algo más de 196.000 millones de euros, calcando prácticamente la previsión que se había aplicado para el año 2021, pese a contar con 25.600 millones de los fondos europeos para este curso. El techo de gasto de este ejercicio suponía hasta la fecha el mayor aprobado para las cuentas públicas, afectado todavía por algunas medidas por la crisis sanitaria, pero antes del impacto que está suponiendo la elevada inflación y la crisis energética.
El techo de gasto fijado por el Ministerio de Hacienda incluye el impacto de los fondos europeos y cuantifica en algo más de 25.000 millones lo destinado al Plan de Recuperación financiado por Bruselas. Si él, Montero ha apuntado que el techo de gasto “nacional” es de 173.175 millones de euros, lo que supone un avance del 1,9%.
La ministra ha defendido que con la aprobación de este techo de gasto, el Gobierno “pone en marcha una maquinaria que permitirá aprobar unas cuentas públicas fundamentales”. Ahora, el Ejecutivo de coalición tendrá que acordar el contenido de los futuros presupuestos y, tras ello, presentarlos en el Congreso para su debate parlamentario. De salir adelante, serán previsiblemente las últimas cuentas públicas, ya que en 2023 están previstas las elecciones generales. “Si algo se ha demostrado es que este gobierno viene practicando una responsabilidad presupuestaria que permiten proteger a la mayoría social de este país”, ha defendido Montero durante la rueda de prensa.
Montero abre ahora también un periodo con el resto de administraciones para trazar los objetivos de ingresos con los que pueden contar para la elaboración de sus propios presupuestos. “Mañana y el jueves tendremos ocasión de trasladar toda la información a las Comunidades de las entregas a cuenta y los recursos”, ha señalado. “Esa cifra se incrementará significativamente”, ha enfatizado.
La ministra ha señalado que la elaboración del techo de gasto para el próximo año se ha realizado teniendo en cuenta la previsión de la entrada en vigor de los dos nuevos impuestos anunciados por el Ejecutivo: a las eléctricas y a la banca. Ambos aspiran a lograr 3.500 millones de euros para el próximo curso por los beneficios extraordinarios, aunque el Gobierno sigue sin avanzar cómo se realizará. Se espera que PSOE y Unidas Podemos registren la medida en el Congreso esta semana, para su tramitación parlamentaria. Montero ha descartado, eso sí, que la prohibición de trasladar el coste a los ciudadanos vaya a derivar en responsabilidades penales, como había solicitado Podemos.