Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ya ha firmado la orden de no disponibilidad del presupuesto de Catalunya. El cierre de cuentas de la Generalitat lleva mandatado desde el sábado, pero formalmente debería haber sido Oriol Junqueras o el propio Carles Puigdemont los que firmaran el acuerdo de que no podían disponer del presupuesto que no se hubiera desembolsado hasta la fecha. Al no haberlo hecho, ha sido el propio ministro el que ha rubricado que ya no hay posibilidad de gasto en la Autonomía que escape al control del Gobierno Central.
Sin una aplicación práctica el texto sería papel mojado, así que Hacienda acompaña la orden de cierre de una batería de documentos para explicar a bancos y empresas, cómo deben actuar a partir de ahora para cumplir con los servicios contratados con la Generalitat. A los bancos les remitió anoche un listado que adelantó –El País– con todas las empresas públicas catalanas a las que debe tener bajo la lupa y exigir una autorización de la Intervención General de que la operación es legal.
Entre las entidades vigiladas (link al listado completo) están las universidades públicas, (la Autónoma, la Politécnica y la Pompeu Fabra y las provinciales), el Hospital Clínic, la Agencia Tributaria Catalana, museos y múltiples fundaciones o instituciones de investigación científica.
Los bancos deberán asumir que las operaciones financieras que hagan las empresas de este listado deben estar acompañadas de una declaración responsable o de una autorización de pago de la intervención general. Si los pagos son de servicios esenciales (sanidad, educación, servicios sociales) no se necesitará una fiscalización previa, ya que Hacienda hará el desembolso directamente.
Este es el punto que puede originar un atasco de la operativa. Para que Hacienda pague tiene que saber a quién pagar, y este listado de compromisos financieros debe remitirlo la Generalitat. De hecho, este listado se debería haber enviado ya ayer junto con la orden de no disponibilidad presupuestaria. Hacienda advierte de que sin el listado no puede pagar, por lo que puede haber retraso con las nóminas y con la atención puntual de otros servicios.
El organismo encargado de estas gestiones, la Conselleria de Economía, se encuentra en estado de shock tras la detención de varios de sus altos cargos esta misma mañana. La cadena de mando se ha interrumpido y tramitar esta operativa tendrá su complejidad. Desde Hacienda creen que se puede hacer “de forma casi automática” pero reconocen que todo esto se está solucionando según va surgiendo. No hay precedente de una situación como esta.
Además de las operaciones con bancos, los proveedores también deberán acompañar de declaraciones responsables sus actividades, en las que garantizan que no tienen como fin poner en marcha el referéndum.
Con este despliegue, Hacienda ha tejido una red que trata de impedir que la Generalitat realice ningún pago que no pase por su control. Ni una compra por parte del Clínic podría ser camuflada para servir a la Generalitat.
No están claras las consecuencias de que bancos o proveedores no atiendan estas órdenes. Los departamentos jurídicos de los bancos aún están estudiando su aplicación, con especial incidencia para BBVA y La Caixa por ser las entidades que llevan la Tesorería de la Generalitat.