El director de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha abogado hoy por reforzar las actuaciones de la unidad de auditoría informática en las inspecciones por su eficiencia en la obtención de pruebas y por su “muy significativo” efecto para desincentivar el fraude.
Gascón ha clausurado hoy el XXVIII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que ha estado centrado en el reto de la fiscalidad de la economía digital.
Las ponencias han abordado la fiscalidad digital en el ámbito internacional, especialmente el europeo, pese a que la actualidad pasaba por la aprobación hoy en Consejo de Ministros del impuesto a determinados servicios digitales, que no se ha debatido.
Gascón ha dedicado buena parte de su intervención a defender la labor de lucha contra el fraude que desarrolla la Agencia Tributaria, con especial atención a las actuaciones que, con apoyo de las unidades informáticas, permiten conseguir información del contribuyente en las entradas en domicilios o empresas.
Esta información permite conocer “la realidad económica y fiscal” del contribuyente, lo que supone una manera eficiente de obtener pruebas, al tiempo que se reduce la duración de las comprobaciones.
En lo que va de año, las unidades de auditoría informática han permitido liquidar cuotas tributarias por 214 millones de euros a través de más de 3.600 actas de inspección.
Adicionalmente, las entradas domiciliarias producen un “efecto inducido muy significativo” al desincentivar el fraude de otros contribuyentes, por lo que ha abogado por potenciar este tipo de procedimientos aunque ha reconocido que son “duros”.
En ese sentido, también ha destacado el “efecto inducido” del sistema de intercambio de información entre administraciones tributarias, el “common reporting standard” o CRS, que obliga a las instituciones financieras a remitir a las autoridades información sobre personas o entidades titulares de cuentas en sus países, que después éstas comparten.
Desde su anuncio en 2013 hasta 2016, los contribuyentes cuyos datos se han compartido sin que ellos lo supieran han incrementado su base imponible del IRPF en un 25,2 % y el importe a ingresar, en un 14,3 %, mientras que el repunte en los activos financieros declarados del impuesto de patrimonio asciende al 23,2 %.
Gascón ha detallado hoy que desde que el CRS se puso en marcha en septiembre de 2017 la Agencia Tributaria ha recibido 1,6 millones de registros, con datos de cuentas que suman un saldo de 457.000 millones de euros para su control tributario.
Estos datos, que ahora tienen que depurarse para evitar duplicidades, permitirán detectar posibles irregularidades, fundamentalmente contribuyentes españoles que no declaran ingresos que tienen fuera de España, contribuyentes que no se consideran residentes pero que tendrían que reclasificarse y no residentes que puedan incumplir alguna obligación en España.
Las primeras actuaciones inspectoras se realizaron en mayo y desde entonces se han iniciado 102 inspecciones, además de decenas de actuaciones de verificación de datos, visitas presenciales y requerimientos de información.
En cuanto a la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), Gascón ha destacado que el pasado año finalizó 200 actuaciones inspectoras, entre las que se incluyen acuerdos previos de valoración de operaciones vinculadas (APA), procedimientos amistosos en materia de imposición directa y apoyo en procedimientos inspectores.
En 2017, los APA estimados permitieron garantizar bases imponibles por un valor superior a 1.400 millones de euros, mientras que los procedimientos amistosos debatieron bases imponibles por más de 930 millones de euros y las inspecciones finalizadas supusieron ajustes de bases imponibles por más de 2.200 millones.