El Tribunal de Cuentas se acaba de mudar de forma temporal a un edificio en el número 100 de la calle José Ortega y Gasset (Madrid), en pleno barrio de Salamanca, perteneciente a la inmobiliaria Colonial, participada por el grupo de empresas del exministro Juan Miguel Villar. La nueva sede, por la que el organismo que fiscaliza al sector público y los partidos políticos va a pagar 150.000 euros al mes durante dos años, se ha seleccionado a dedo: sin concurso público.
Así lo confirman fuentes del Ministerio de Hacienda, del que depende la Dirección General de Patrimonio, encargada de gestionar la búsqueda de la nueva sede y propietaria del edificio que el Tribunal de Cuentas ocupaba en la calle Fuencarral (Madrid), que ha sido desalojado para una profunda remodelación tras detectarse serias anomalías en la instalación eléctrica.
Tanto en Hacienda como en el propio Tribunal de Cuentas reconocen que, en circunstancias normales, la adjudicación del contrato debería haberse hecho por concurso público, pero que en este caso no se hizo así por razones de “urgencia”.
Esa urgencia está derivada del citado problema eléctrico que, tal y como reconocen en el Tribunal de Cuentas, era conocido en el seno del organismo desde la etapa del anterior secretario general, José Antonio Pajares Giménez, que cesó en el cargo en agosto de 2012. Sin embargo, en abril del año pasado se detectó que la instalación “estaba peor de lo que en principio parecía”, según fuentes del Tribunal. Patrimonio “no tenía ningún inmueble de su propiedad” disponible en ese momento y se optó por el edificio de Colonial, que iba a desalojar el Ayuntamiento de Madrid, con una sustancial rebaja en el alquiler.
La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece en su artículo 124 que el arrendamiento de inmuebles debe realizarse “mediante concurso público” o a través de “licitación restringida” salvo que, “de forma justificada y por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la contratación debida a acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien, se considere necesario o conveniente concertarlos de modo directo”.
Es lo que ha sucedido en este caso. Tras “sondear” el mercado, Patrimonio decidió arrendar el edificio de Colonial, que estuvo ocupado por el Ayuntamiento de Madrid entre 2003 y 2015. El Consistorio madrileño pagó más de 3 millones de euros por unas obras de acondicionamiento antes de ocuparlo y abonó 11,4 millones de euros entre 2004 y 2008, año en el que renovó el contrato por un precio anual superior, de casi 3,5 millones. Ahora, el Tribunal paga una cifra sensiblemente más baja, de 1,8 millones. La mudanza es temporal: en principio, para dos años.
“Reducir el gasto”
Las adjudicaciones sin concurso no suelen ser bien vistas por el Tribunal de Cuentas en sus informes de fiscalización de los procedimientos de contratación de los organismos públicos. Y la práctica de externalizar el uso de inmuebles va en contra de las propias directrices del Ministerio de Hacienda.
En mayo de 2012, el departamento de Cristóbal Montoro aprobó un “Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario del Estado 2012-2020” cuya segunda línea prioritaria de acción era la de “Reducir el gasto en arrendamientos”, con el objetivo de “reducir en dos años el 20% de los costes y optimizar la ocupación del espacio”, según Hacienda. El plan también contemplaba un Programa para la “Puesta en Valor de los Activos inmobiliarios del Estado” que pasaba por vender inmuebles para incrementar los ingresos públicos.
El traslado ha soliviantado a la plantilla del Tribunal de Cuentas, que considera que “no se ajusta al principio de racionalidad del gasto público, ni a los de economía, eficacia y eficiencia”. “Habrá que trabajar hacinados en pasillos en un edificio de propiedad privada de 7.600 metros cuadrados, con una capacidad muy inferior a la actual (en torno al 50%)”, han señalado la junta de personal y el comité de empresa, que quieren que las nuevas oficinas, mientras se reforma su histórica sede, se “trasladen a un edificio de titularidad pública”.
El mayor accionista de Colonial (14,567%) es Inmobiliaria Espacio, 100% propiedad del Grupo Villar Mir, el conglomerado empresarial que dirige Juan Miguel Villar Mir, que se incorporó al accionariado de la inmobiliaria catalana en 2014 y que últimamente ha visto a sus negocios y a su entorno familiar más cercano relacionados con distintos casos de corrupción, casi siempre en la órbita del PP.
El año pasado, el Grupo Villar Mir tuvo que vender el 10% de Colonial como consecuencia de la ampliación de capital de 1.000 millones de euros que OHL culminó a finales de octubre pasado, que obligó a Villar Mir a vender activos para destinar más de 400 millones a esa ampliación y mantener así la mayoría del capital de la constructora. Uno de los dos consejeros delegados de Grupo Villar Mir es Javier López Madrid, yerno del exministro, que el pasado viernes negó ante el juez Eloy Velasco haber realizado pagos ilegales al PP de Madrid. López Madrid está imputado en el marco del caso Púnica.
El octogenario empresario (84 años), que el pasado jueves se unió al coro de voces que piden un Gobierno tripartito entre PSOE, PP y Ciudadanos (“Es de sentido común” y “lo importante es que no esté Podemos”, dijo), ha anunciado que quiere comprar más títulos de Colonial, una de las principales inmobiliarias españolas, aunque “sin prisa”. El objetivo del empresario, que el jueves cedía primera vez a su hijo Juan Miguel Villar Mir de Fuentes el testigo en la presentación de los resultados anuales de OHL, es quedarse cerca del 30% de Colonial, el umbral que le obligaría a lanzar una oferta pública de adquisición (opa) por el 100% de la compañía.