- Los hijos del empresario Ruiz-Mateos se enfrentan a cargos de estafa agravada, falsedad documental e insolvencia punible por una presunta venta fraudulente de unos hoteles
“¿Por quién nos toma? Me está diciendo a la cara que mi padre nos decía que no pagásemos”. Así ha reaccionado ante el fiscal uno de los hijos de José María Ruiz-Mateos durante el juicio que, desde ayer, se celebra en la Audiencia Provincial de Baleares por la compra presuntamente fraudulenta de dos hoteles y en el que ha aseverado tajante que si el fundador de Nueva Rumasa les hubiera dicho que no se abonara lo acordado en esta operación, “habría sido para denunciarle”.
En concreto, los seis descendientes varones del empresario jerezano se sientan en el banquillo a raíz de una presunta estafa de más de siete millones de euros en la adquisición, en 2008, de dos hoteles Beverly en Mallorca y Gran Canaria, para lo cual se hicieron servir de avales inveraces con los que lograron granjearse la confianza de los vendedores. El Ministerio Público reclama para cada uno siete años de cárcel por delitos de estafa agravada, falsedad documental e insolvencia punible.
Pese a las insistentes preguntas del fiscal anticorrupción y las demás acusaciones, Álvaro Ruiz-Mateos, el primero en ser interpelado y quien en la actualidad cumple condena en prisión por fraude fiscal, ha recordado que avalaron la operación a petición de su progenitor por la “confianza ciega” que tenían en él. “Era un compromiso moral”, ha llegado a espetar.
Su interrogatorio ha sido tenso. Durante más de tres horas, ha explicado que su padre, fallecido en septiembre de 2015, fue quien llevó a cabo personalmente todas las negociaciones con los vendedores y que él se limitó a avalar la compra a través de las empresas de las que era administrador “exclusivamente de derecho, nunca de hecho”, Dhul y Clesa.
Al ser preguntado por el fiscal Juan Carrau sobre si el patriarca de los Ruiz-Mateos comentó a los seis hermanos que no se abonaría lo acordado por la adquisición de los establecimientos hoteleros, el acusado de forma contundente a él: “Usted nos pide respeto y yo se lo pido a usted”, lo que provocado la intervención del presidente del tribunal.
El procesado ha asegurado que ninguno de los hermanos tenía participación en Nueva Rumasa. “Sólo había un dueño y era José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada”, ha aseverado, relatando en este contexto cómo su progenitor decidió en su día designar a sus hijos, como herederos que eran, administradores de las numerosas empresas que integran el holding de la abeja.
El encausado se ha defendido además al ser inquirido por el fiscal Juan Carrau sobre por qué firmó la operación sin conocer los pormenores de la misma: “No soy ningún kamikaze. Lo que firmo son operaciones supervisadas por profesionales y amparadas por la legalidad”.
Y es que, tal y como ha explicado, su progenitor llevó a cabo las negociaciones asesorado a nivel financiero por Manuel Sánchez y jurídicamente por el abogado que durante cerca de tres décadas fue el representante legal de la familia, Joaquín Yvancos. Es por este motivo que, ha asegurado, no vio “nada raro ni extraño” en una compraventa cuyo pago fue aplazado en más del 80 %. “Yo no firmo a lo loco”, ha insistido.
El representante del Ministerio Público ha insistido: “¿Por qué no quiso su padre figurar en la compra de las acciones?”, a lo que su hijo le ha respondido: “Habría que preguntárselo a él”.
Álvaro Ruiz-Mateos, quien en numerosas ocasiones ha pedido al fiscal poder explicarse –“es muy importante matizar porque ya es desagradable estar en este procedimiento”-, ha mostrado además su convencimiento de que los vendedores, Inversiones Insulares Radó, sabían que las empresas avalistas eran “muy solventes”. “La operación estaba cristalina”, ha recalcado el procesado.
La declaración a preguntas del fiscal, que se ha prolongado durante cerca de cuatro horas, ha llevado al vástago del empresario jerezano a quejarse de que durante el juicio se esté poniendo a Nueva Rumasa “al nivel de carromato de feria”, cuando se trata, ha subrayado, de un grupo “muy serio que es auditado y que sigue funcionando”.
El heredero se ha definido en varias ocasiones como un empleado del holding en el que no decidía ni se encargaba de las gestiones del mismo. Es más, ha recordado que se ocupaba de las labores comerciales de otras dos empresas del grupo, Trapa y Elgorriaga, en las que cobraba sendos sueldos que ascendían a 2.300 euros al mes. Ese era, ha dicho, su aval personal al frente de la operación de compraventa de los establecimientos hoteleros.
En su comparecencia, el acusado ha considerado “rotundamente falso” que se produjera una comida en la que fuese la mansión de la familia en Somosaguas (Pozuelo de Alarcón) para tratar sobre la adquisición de los inmuebles. “Cuidado con las comidas en Somosaguas”, ha advertido para negar que allí se abordasen estas cuestiones.
Los demás hermanos declararán a lo largo de los próximos días y también deberán responder a las preguntas de las partes en torno a la compra de los hoteles. Tras la sesión de este jueves, el juicio se reanudará mañana a las 9.45 horas.