Enfermar les sale caro a los funcionarios. Desde hoy, si un empleado público se pone enfermo sólo cobrará el 50% de sus retribuciones durante los primeros tres días de baja. Además, desde el cuarto día de baja hasta el vigésimo, la prestación por incapacidad temporal no podrá superar el 75% de la retribución habitual del funcionario.
Este recorte afecta a todo el personal de las administraciones públicas, organismos, entidades dependientes y órganos constitucionales que se encuentren en situación de incapacidad temporal por enfermedad. Es la consecuencia de la aplicación del Real Decreto 20/2012, aprobado en julio pasado y en el que se consuman una batería de recortes, como la reducción de las prestaciones por desempleo para los nuevos perceptores.
“Se trata de una medida injusta y arbitraria, porque parte del prejuicio erróneo de que los empleados públicos tienen mayor absentismo que los trabajadores del sector privado y les penaliza por el hecho de caer enfermos. Además, tendrá un efecto mínimo en las cuentas públicas porque las personas que lo necesiten seguirán yendo al médico y cogiéndose la baja, como no puede ser de otra manera, en un país moderno y desarrollado”, denuncia el sindicato CSI-F.
La retribución no se recortará durante la baja sólo en caso de que la persona sea sometida a una intervención quirúrgica u hospitalización, a tratamiento de radioterapia o quimioterapia, o esté embarazada.
Este recorte se suma a los sufridos por los empleados públicos en los últimos años, como la rebaja salarial del 5% de media aprobada en 2010 o la congelación de salarios en 2012 y 2013.