El conflicto laboral en la Inspección del Trabajo se agudiza. Tras una primera jornada de huelga en diciembre, convocada por gran parte de la representación de trabajadores en el organismo público, este enero la llamada a secundar los paros queda respaldada por todos los sindicatos de inspectores, con la adhesión también de UGT, CSIF y UPIT. La nueva convocatoria de huelga está fijada para el 25 de enero y está motivada por el incumplimiento del Gobierno de un acuerdo con los sindicatos de mejoras laborales alcanzado en julio de 2021.
La movilización suma finalmente a todas las organizaciones sindicales –salvo una de subinspectores– tras superarse los plazos que había pedido el Ministerio de Trabajo para sacar el acuerdo adelante, sin ningún cambio. “Se han cumplido todos los plazos requeridos por los ministerios implicados en el refuerzo de esta institución, pero desgraciadamente, esta generosidad y holgura en el tiempo concedido solo ha servido para acentuar los problemas existentes y hacer más compleja la solución necesaria”, denuncian los convocantes de la huelga en un comunicado.
El departamento que dirige Yolanda Díaz alcanzó un pacto con varias mejoras laborales en verano de 2021, pero este no se ha llevado a la práctica por el rechazo del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que lidera María Jesús Montero, explican los sindicatos. En Trabajo han reconocido “diferencias en el seno del Gobierno”, en palabras de la propia Díaz.
Entre las mejoras pactadas destacan la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo, con medidas como el refuerzo de personal, pero también otras reclamaciones muy esperadas, como adecuar categorías profesionales y retribuciones, así como reforzar el apoyo administrativo y tecnológico de las oficinas de la Inspección, explican a este medio desde los sindicatos.
Más carga de trabajo sin medios
Aunque las organizaciones de inspectores condenan sobre todo la oposición de Hacienda, también se levantan contra el Ministerio de Trabajo por no hacer valer su palabra ni el pacto suscrito con los trabajadores del organismo que vigila el cumplimiento de la legalidad laboral y que están viendo aumentar sus cargas de trabajo y sus competencias.
“Se anuncian y comprometen nuevas medidas y actuaciones que ineludiblemente conllevan mayor presión sobre la debilitada estructura de este organismo, aumentando las cargas de trabajo y la complejidad y dificultad de la tarea”, denuncian los sindicatos.
“El hartazgo de la plantilla es patente. Este doble rasero entre lo que se dice y lo que se hace por parte del Gobierno, nos lleva directamente al desastre”, continúan los inspectores, que reclaman más medios personales, pero también materiales.
En el Ejecutivo se destaca que se está aumentan la plantilla y los recursos económicos de la Inspección, con la aprobación de “600 actuantes y un incremento también muy importante del personal administrativo”, respondían en el Ministerio de Trabajo con la primera convocatoria de huelga. Los sindicatos advierten de que las cifras aún son insuficientes ante las carencias de personal acumulado desde hace años y recuerdan que todas estas personas no están ya en sus puestos, debido a la demora en la convocatoria de las plazas de empleo público.
Además, critican que “agotado el año 2022, se ha desperdiciado más del 20% del presupuesto recogido el pasado año para la Inspección de Trabajo que ha quedado sin ejecutar, obteniendo el organismo la peor ratio de su historia”.
“El próximo 25 de enero, con la convocatoria de huelga, damos un nuevo paso en la defensa del organismo. No será el único, pero ya adelantamos que daremos cuantos sean necesarios hasta conseguir revertir la situación” que sufre la Inspección, sostienen los convocantes del paro.