El Consejo de Hunosa decidió este miércoles iniciar acciones legales contra el Grupo Victorino Alonso por la desaparición de más de 500.000 toneladas de carbón de la hullera pública que se encontraban en sus instalaciones.
Así lo ha asegurado hoy el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Senado.
Nadal ha apuntado que la minera pública inició las mediciones periciales “en cuanto se detectó la posibilidad de que hubiera una reducción importante de la cantidad de carbón” depositada y que el grupo minero Alonso “no siempre ha colaborado”.
Hunosa ya avanzó en febrero que presentaría una querella criminal por apropiación indebida o por estafa contra el Grupo Victorino Alonso por un quebranto que podría situarse en los 46 millones de euros tras la desaparición de 528.000 toneladas de carbón propiedad de la compañía estatal minera.
Con respecto al futuro de la minería del carbón, Nadal ha insistido en que “la voluntad” del Gobierno es “garantizar su supervivencia” más allá de 2018, que es el límite que fija la Unión Europea para la subvención del carbón.
Así, ha recordado que se ha abierto una mesa de diálogo con el objetivo de “mantener vivo” el carbón “dentro del marco que fija” la Unión Europea.
Nadal ha considerado que “repetir el decreto de restricciones (por el que se obliga a las eléctricas a quemar ciertas cantidades de carbón nacional) es imposible” y que es necesario aplicar “algo más cercano al precio del mercado”.
Ha añadido que la negociación será “delicada”, en especial cuando “hay una empresa clave en la parte eléctrica” cuyo “Consejo de Administración está en otro país”, en referencia a Endesa, por lo que “no son las mejores condiciones para negociar”.
Además, ha defendido que “no hay ninguna política” para retirar las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras y que en una situación de restricción presupuestaria como la actual, esta partida se ha visto afectada al igual que las demás.
Por lo que respecta a las ayudas pendientes del pasado año, Nadal ha defendido que “no es decisión del Gobierno si una subvención se puede dar”, sino que esto depende de la legalidad, que en este caso establece que dichas ayudas no se pueden abonar mientras no se salden las deudas con Hacienda y la Seguridad Social.