Un informe financiado por varias empresas como Iberdrola y Gas Natural, las dos mayores eléctricas españolas (la segunda empresa del sector, Endesa, es una filial de la italiana Enel), sostiene que el problema de la pobreza energética afectaba en 2013 a alrededor del 9% de los hogares españoles, un porcentaje muy inferior al de otros estudios previos.
El informe presentado este jueves por el 'think tank' Economics for Energy pretende “aportar claridad y rigor al debate” sobre esta problemática y aporta una metodología diferente a la del otro trabajo que hasta ahora había analizado la pobreza energética, un fenómeno poco estudiado en España.
La única referencia hasta ahora en esta materia era un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), cuya última edición, publicada el año pasado, estimaba, con datos de 2012, que un 17% de los hogares, unos 7 millones de personas, estaban en esa situación. Si ACA tomaba como referencia los hogares que destinan más del 10% de sus ingresos anuales al pago de la factura energética (luz, gas y combustibles), este nuevo estudio desecha esa metodología, basada en las utilizadas tradicionalmente en Reino Unido, y que ha sido la base sobre la que Podemos ha elaborado el “plan de rescate energético” que incluyó en su programa para las elecciones autonómicas.
Economics for Energy calcula que con esa regla del 10% de la renta, un 18,24% de los hogares españoles estarían en pobreza energética en 2013. Pero cree que este baremo recoge muchos “falsos positivos” y “más que reflejar pobreza refleja exceso de gasto energético”, porque tiene en cuenta hogares con un elevado gasto en energía sin filtrar por su renta.
En su lugar, se decanta por un indicador, MIS (Minimum Income Standard), que relaciona el nivel de renta del hogar, una vez realizados sus pagos necesarios básicos (energía y vivienda), con el nivel de renta medio necesario para poder participar en la sociedad. Con este cálculo, Economics for Energy llega al citado 9%, la mitad del resultado obtenido con el indicador preferido por ACA.
Fundado en 2010 y con un presupuesto anual de algo más de 100.000 euros, Economics for Energy tiene diez socios: Iberdrola, Gas Natural, Acciona (también con fuertes intereses en el sector eléctrico, ya que es el segundo operador eólico en España, tras Iberdrola), la multinacional siderúrgica Alcoa (uno de los mayores consumidores de electricidad de España), las universidades de Vigo y Comillas, Santander, la Fundación Areces (vinculada a El Corte Inglés), Inditex y Funcas.
Pedro Linares, corresponsable del estudio y codirector del 'think tank', es consciente de que el informe puede utilizarse para refrendar las opiniones que ha lanzado la patronal eléctrica, Unesa, para intentar minimizar el problema de la pobreza energética. En octubre pasado, su presidente, Eduardo Montes, portavoz de las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Gas Natural, E.ON y EdP), afirmó que “de todas las pobrezas, la pobreza energética probablemente no sea la más acuciante”.
Opiniones en contra
Sin embargo, Linares recuerda que en el patronato del organismo que dirige “no sólo hay compañías del sector, sino también grandes consumidores de energía, que a veces están en contra de las tesis las eléctricas”. Los informes de la entidad los aprueba su junta directiva, “sin que sus opiniones reflejen necesariamente la visión de los socios”, que muchas veces “están en contra” de las tesis de Economics for Energy. “Cada cual que piense lo que quiera”, zanja.
El porcentaje de pobres energéticos, según la metodología elegida por el 'think tank', se habría casi triplicado desde 2007, el año previo a la crisis, cuando estaba en sólo el 3,6% de los hogares. Ese 9%, según Economics for Energy, equivale a 1,8 millones de hogares, unos 6,2 millones de personas. Las regiones con mayor pobreza energética, basándose en el MIS, serían Melilla (23,4%), Ceuta (16,58%), Canarias (15,09%) Andalucía (15,05%) y Murcia (14,59%).
En su informe, Economics for Energy recuerda que España está entre los países de la UE que carecen de una definición oficial de la pobreza energética y de la figura del consumidor vulnerable, un aspecto cuya resolución “resulta esencial para poder abordar el problema”. Para los autores del estudio, que subrayan que “hay hogares por encima de la línea de pobreza a los que el gasto energético puede empujar de vuelta a ella”, “cualquier medida destinada a reducir la pobreza energética tendrá que tener en cuenta el aspecto de la renta y no solo la configuración del hogar”.
Cambiar el bono social
El estudio pide “una reflexión” sobre las medidas existentes en España para paliar la pobreza energética. La única a nivel estatal es el bono social de la luz, vigente desde 2009 y que actualmente ofrece descuentos del 25% sobre la tarifa doméstica a colectivos muy concretos: hogares con menos de 3 kilovatios de potencia contratada en su vivienda habitual, beneficiarios de las pensiones mínimas, familias numerosas y hogares con todos sus miembros en paro.
Esto supone, en opinión de los autores, “una aproximación incompleta”. En primer lugar, por su limitación al consumo de energía eléctrica, que supone sólo una parte (61% del total, según el INE) del gasto energético de los hogares, y por tanto de la pobreza energética. Además, los sectores de población a los que actualmente protege el bono social “no son necesariamente los consumidores vulnerables”. Así, de los casi 2,5 millones de hogares que estaban acogidos a esta figura en noviembre de 2014, más del 78% tenían menos de 3 kW contratada, lo que “no es necesariamente el mejor indicador de una situación de pobreza energética” [puede tratarse de personas que viven solas, por ejemplo].
Así, en lugar de un descuento al precio como el del bono social, que puede incentivar “artificialmente” el consumo, los autores consideran “mucho más eficiente” una ayuda directa (“transferencia a tanto alzado”) independiente del consumo, ligado exclusivamente al gasto energético (no a otros fines), “por ejemplo en forma de un bono redimible únicamente en suministradores energéticos” y que comprenda los gastos en todos los combustibles, no sólo luz. Estas ayudas, dicen, deberían ser financiadas por el presupuesto público y no por los consumidores, que actualmente son los que pagan el bono social.
Para garantizar el suministro aun en caso de impago, el informe propone “reducir” el mismo hasta un nivel “considerado esencial, pero sin cortarlo totalmente”, apoyándose en los contadores inteligentes que actualmente están desplegando las eléctricas. Y con cargo no a las empresas, sino al presupuesto público.
El informe recuerda que, según la oficina estadística comunitaria, Eurostat, el precio de la factura eléctrica de un hogar medio en España se ha incrementado un 76% entre 2007 y 2014 y el del gas natural, un 35%. Y subraya que los hogares de bajos ingresos, con menores a su cargo, en situación de alquiler y con situación inestable son claramente los que presentan mayor vulnerabilidad. Son estos “los hogares que se debieran beneficiar de un bono social que facilitara su acceso a un suministro energético básico”.