Iberdrola reclama al Gobierno los primeros 417 millones por el canon hidroeléctrico del PP que anuló el Supremo

Iberdrola ha empezado a formalizar las primeras reclamaciones para que el Estado le devuelva las liquidaciones del canon hidroeléctrico que implantó el PP en 2015 y que anuló el Tribunal Supremo el pasado abril.

De momento, el grupo ha reclamado hasta septiembre la devolución de 417 millones de euros por los cuatro primeros ejercicios. Iberdrola ha contabilizado ese importe como “efecto extraordinario positivo de la reversión de tributos en España correspondiente a importes pagados en los ejercicios 2013-2016, tras la sentencia del Tribunal Supremo”.

En la documentación remitida este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para presentar sus resultados hasta septiembre, la eléctrica explica que esa devolución ha tenido un efecto contable positivo de 382 millones en su beneficio neto ajustado y de 92 millones en su resultado financiero neto consolidado, por los intereses de demora acumulados.

Esa devolución ha contribuido a disparar un 70,9% el beneficio bruto operativo (Ebitda) del negocio de Renovables de Iberdrola, que aglutina sus centrales hidroeléctricas.

En los nueve primeros meses de este año, estas plantas han aumentado su producción en España un 30,9%, en vísperas de que el Gobierno aprobase en septiembre el mecanismo para minorar los beneficios extraordinarios que reciben las centrales nucleares e hidroeléctricas por la subida del gas, matizado por el Ejecutivo con un nuevo decreto-ley aprobado el martes y celebrado este miércoles por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Como líder nacional de hidroeléctrica, para la que el Gobierno también ha planteado un recorte por la subida del CO2 que PP, Vox y PNV están intentando torpedear en el Congreso, la multinacional vasca es la empresa más beneficiada por la anulación del canon, muy por delante de Endesa, Acciona y Naturgy. Es también la primera que desvela que ha empezado a reclamar al Estado que se lo devuelva. De momento, por los cuatro primeros ejercicios.

Permiso expreso

El canon por utilización de aguas continentales grava con un 25,5% la facturación por la producción de las centrales con una potencia de al menos 50 MW. Lo puso en marcha el entonces ministro de Industria del PP, José Manuel Soria, para atajar (según se anunció en su momento) el llamado déficit de tarifa, la diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico, aunque este no recibe lo que recauda, que va a parar al Tesoro Público.

Cuando trascendió la sentencia del Supremo, se cifró la devolución en unos 500 millones, pero la cifra final será muy superior. Y es que el Alto Tribunal no anuló el canon como tal, pero sí su carácter retroactivo (los ejercicios 2013 y 2014), y además decretó que las Confederaciones Hidrográficas (encargadas de recaudarlo) no pueden reclamárselo a aquellas concesiones cuyos titulares no dieran su visto bueno expreso porque el Reglamento de Dominio Público Hidráulico señala que una concesión puede modificarse solo “si el peticionario aceptase las condiciones propuestas”, cosa que no ocurrió.

Las eléctricas trataron de tumbar el canon en el Tribunal de Justicia de la UE, que avaló su naturaleza de impuesto medioambiental. Pero el tribunal europeo no entró en si contravenía o no otra normativa española, como finalmente ha reconocido el Supremo. El Alto Tribunal estimó un recurso de Unesa, la patronal rebautizada hace unos años como Aelec, y que desde hace más de 20 años tiene como secretario general al abogado del Estado en excedencia Pascual Sala Atienza, hijo del jurista Pascual Sala Sánchez, ex presidente del Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Se desconoce la cuantía definitiva que, como consecuencia de esa “ocurrencia” del PP, en expresión de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, tendrá que devolver finalmente la Administración a las eléctricas. A finales de agosto, y para justificar su negativa a intervenir el mercado eléctrico (acabó haciéndolo unas semanas después, ante la espiral de subidas del mercado mayorista), la vicepresidenta tercera cifró el importe en “más de 1.400 millones”.

Días después, un documento distribuido por Moncloa elevaba la cuantía a más de 1.500 millones, y posteriormente el departamento de Ribera cifró lo recaudado desde la puesta en marcha del canon en 2014 hasta el cierre de 2020 en más de 1.624 millones, cifra que supera el agujero del famoso almacén de gas Castor, y que no incluye los intereses de demora ni lo cobrado este 2021 de precios récord de la electricidad.

Las devoluciones, explican fuentes del sector, deben reclamarse central por central, por lo que se espera una cascada de reclamaciones en los próximos meses.

Como explicaban en un reciente artículo en El Periódico de la Energía Lourdes Martínez y Laura Pla, del despacho Cuatrecasas, la sentencia del Supremo “abre la puerta a la obtención de la devolución a los concesionarios cuyas concesiones no hayan sido revisadas y adaptadas para prever el canon hidráulico”.

“En el caso del canon de 2015 y 2016, esta posibilidad está abierta solo para aquellos procedimientos de devolución instados antes de prescribir sendos ejercicios. En el caso del canon de 2017 a 2020, podrá instarse un procedimiento de devolución de ingresos indebidos para obtener su reembolso”, añaden.

El Gobierno aireó las verdaderas consecuencias de esta sentencia en plena escalada de tensión con las eléctricas por la subida de la luz y el vaciado de embalses en agosto por parte de empresas como Iberdrola. Esa tensión iría en aumento tras el recorte aprobado en septiembre para intentar contener los precios récord del mercado mayorista.

La decisión de dejar los contratos bilaterales a largo plazo fuera del mecanismo de minoración que puso en marcha el Ejecutivo para intentar garantizar precios “razonables” a la industria ante esta crisis energética ha satisfecho a las eléctricas. En la misma línea que Galán, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, consideraba este miércoles que las medidas aprobadas el martes por el Consejo de Ministros introducen “racionalidad”.